Según informó el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) una multinacional proveedora de sistemas de voto electrónico ha reclamado a Venezuela por un fraude cometido en el año 2017, por lo cual exigen unos 1.500 millones de dólares y la expropiación de activos.
La compañía Smartmatic, quienes se encargaron de prestar la tecnología para las elecciones del 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente, acusaron que las autoridades venezolanos han controlado las votaciones.
Tal como reseñó El Nacional, un directivo de Smartmatic dijo en agosto de 2017 que el reporte oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de 8,1 millones de votantes, sobre 19,4 millones convocados, se «manipuló», provocando una variación que podría superar el millón de votos.
«La multinacional británica SGO Corporation Limited, de la que forma parte Smartmatic, presentó una demanda de arbitraje de inversiones contra Venezuela (…) en relación a un fraude electoral», dijo.
