Trabajo especial de: runrun.es
El año cerró con 166 homicidios, y 77 muertes fueron causadas por funcionarios de seguridad del Estado, lo que representa 46,3 %.
La violencia homicida en 2021 dejó más de 70 huérfanos, de los cuales 32 menores perdieron a sus padres a manos de la fuerza pública y las FAES figuran como principal victimario.
La cacería policial de Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, continuó en 2021. Cinco hombres, presentados por las autoridades como presuntos miembros de su banda, murieron a manos de la fuerza pública en Lara.
Monitor de Víctimas contabilizó 166 homicidios en Lara durante 2021. De los cuales 153 eran hombres, equivalente a 92,16 %; 12 eran mujeres; 7,22 %; y 1 era mujer trans.
Tres de las víctimas eran funcionarios policiales, uno era militar, y 159 eran civiles. En otros tres casos, no se obtuvo información.
En 2021, el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, que se prolongó hasta octubre, no contuvo la violencia en la entidad. Los meses en los que se registraron más muertes violentas fueron enero y agosto, con 23 y 22 víctimas, respectivamente.
Esta tendencia se mantuvo igual a años anteriores. En 2020, agosto también cerró con el mayor número de muertes violentas del año: 38. Agosto se caracteriza por ser un mes con mayor movilización de personas y el incremento de la circulación de dinero en la calle, debido a las vacaciones escolares y los pagos de bonos a los trabajadores.
71 menores de edad quedaron huérfanos debido a la violencia homicida en Lara, según datos recabados por Monitor de Víctimas Lara. Hubo casi un niño huérfano por cada víctima de homicidios.
De esta cifra, 32 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus padres a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Son los huérfanos de la violencia policial.
Detrás de la letalidad policial, hay una victimización extendida que recae sobre los niños, explica el sociólogo Carlos Meléndez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) capítulo Lara.
“En las familias ocurren diferentes fenómenos: las mujeres viudas terminan siendo jefas de hogar y muchos de los niños quedan fuera del sistema educativo. Pero más allá de las secuelas socioeconómicas, están las secuelas psicológicas. Muchos de estos niños vieron cómo mataron a sus papás y tienen una confusión entre la ficción y la realidad. Hay niños que viven con deseo de venganza prolongado hacía la policía y son víctimas de otras formas de violencia, por parte del Estado, al no garantizar protección y justicia. La exclusión no solamente parte del Estado, a veces ocurre en el seno de la comunidad, por el estigma de que a su papá lo mataron”, alertó el experto.
Por otra parte, Meléndez explicó que los huérfanos de las víctimas de los cuerpos de seguridad corren el riesgo de ser captados por bandas delictivas o grupos armados. “Esta situación podría tener origen en el propio Estado que no protege ni garantiza la reparación. La violencia sufrida y extendida genera secuelas físicas y psicológicas que prolongan el riesgo de la violencia y de ser captados por el crimen organizado. Se debe hacer un llamado para evitar que la violencia siga teniendo mayor intensidad y que a largo plazo se tengan hijos del odio que pueden llegar, incluso, a ser canales de más violencia en el futuro”, subrayó el coordinador regional del OVV.
La ejecución extrajudicial y resistencia a la autoridad son los móviles que dejaron más huérfanos en Lara durante 2021, con un total de 32; por otra parte, se registró un huérfano por presunta resistencia a la autoridad, seguido de muertes cuyo motivo está por determinar, con 14 casos.
Ocho niños quedaron huérfanos cuando sus padres fueron asesinados en medio de un robo, siete perdieron a sus padres en riñas, mientras que tres niños quedaron huérfanos de madre. En estos últimos crímenes, sus papás son señalados como los autores de los femicidios.
Otra consecuencia de la violencia homicida en Lara es la pérdida del sustento. Por lo menos, 141 personas dependían económicamente de las víctimas, de acuerdo con los testimonios recabados para este informe.
Edwin Alexander Pérez Parra, el portero de fútbol y ayudante de albañilería de 24 años de edad asesinado por las FAES, el 8 de julio, le había compartido a su familia su deseo de emigrar para ayudarlos. “Quería irse a trabajar para poder mantener a su hijo de dos años, a su sobrinito y a sus papás. Él era el sostén de la familia”, recordaron a Monitor de Víctimas una tía y una prima del joven.
El Estado es el principal victimario
La fuerza pública volvió a cobrar más víctimas que el hampa en 2021. Ejecución extrajudicial y resistencia a la autoridad son los móviles de 77 de las 166 muertes registradas por Monitor de Víctimas en la región larense. Igualmente, se perpetraron 19 asesinatos en riñas o peleas, 17 en robos, 15 en ajustes de cuenta o venganzas, 6 en casos de violencia de género; 4 en situaciones de abuso o maltrato infantil.
Además, hubo 2 funcionarios muertos en servicio, 2 personas asesinadas en medio de la línea de fuego, y otras 2 personas asesinadas en enfrentamientos entre bandas. En 21 casos, no se pudo determinar el móvil de las muertes.
Lara se ha caracterizado por ser una de las entidades con una alta incidencia de víctimas mortales en operativos o incursiones de los cuerpos de seguridad. Esto coincide con la creación y llegada de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) a la región. El grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) figura como el organismo más letal.
La mayoría de sus víctimas eran hombres con antecedentes penales, excarcelados a través del Plan Cayapa o la Revolución Judicial, residenciados en barriadas. También mataron a jóvenes de sectores populares, que no habían estado en prisión.
En algunos casos, simularon detenciones, sacaron a las víctimas de sus viviendas sin orden judicial y los ejecutaron, según los datos recabados por Monitor de Víctimas y los testimonios de familiares y vecinos.
En 2021, las FAES continuaron con su patrón de presuntas ejecuciones reportadas en las minutas como enfrentamientos o muertes por resistencia a la autoridad.
Un detalle importante es que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue el segundo cuerpo policial con más homicidios.
El año cerró con 77 presuntas ejecuciones extrajudiciales o muertes por resistencia a la autoridad, de las cuales 39 fueron perpetradas por las FAES, 20 por el CICPC, 14 por la PNB, 2 por la Policía de Lara, 1 por la Dirección de Investigación y Estrategia Preventiva (DIEP) de la policía regional y 1 por la Guardia Nacional (GNB).
Luis Antonio Reyes, de 34 años de edad, es una de las víctimas de las FAES. Según una minuta, el joven murió en un presunto enfrentamiento en el barrio La Peña de Barquisimeto, un sector que no frecuentaba, a mediados de abril. Pero dos familiares descartaron esa versión.
“Él estaba al frente de su casa hablando por teléfono cuando llegaron dos vehículos sin placa, lo nombraron, él volteó y se lo llevaron detenido. Lo buscamos en tres comandos (de la Policía Nacional Bolivariana) y no estaba. Lo encontramos en la morgue un día después”, dijeron. Reyes tenía antecedentes por ocultamiento de armas, en 2005; comercio de estupefacientes, en 2012 y resistencia a la autoridad, en 2019.
En 2020, el joven se mudó fuera de Barquisimeto porque había recibido amenazas de muerte de parte de funcionarios de la PNB, sostuvieron sus allegados. A comienzos de 2021 regresó a su casa y cuatro meses después fue asesinado.
Los muertos de «Santanita»
La persecución de Josué Ángel Santana Peña, apodado “Santanita”, quien figura como uno de los delincuentes más buscados del estado Lara, cobró la vida de más de 30 hombres en 2020 y continuó en 2021. Su grupo criminal se dedica al secuestro y la extorsión, está implicado en varios homicidios y opera en Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua.
Según fuentes policiales, Santana Peña es aliado de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla de la megabanda El Tren de Aragua y pran de la cárcel de Tocorón.
Tan solo en enero de 2021, los cuerpos de seguridad reportaron el asesinato de cinco presuntos miembros de la banda de “Santanita”, tras un operativo en respuesta al asesinato de dos funcionarios de la PNB en El Potrero, una comunidad rural en el norte de Barquisimeto.
Según el Cicpc, por lo menos cuatro hombres que portaban indumentaria de las FAES y armas largas, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, mataron al supervisor jefe Jorge Luis Sánchez Rivero, de 49 años de edad, y al oficial jefe Luis Alberto Linárez Arape, de 27 años, cuando se encontraban de servicio, el 19 de enero. A las víctimas les robaron sus armas de reglamento.
El doble homicidio desencadenó un despliegue de la PNB en el norte de Barquisimeto y se extendió hasta Yaracuy. Buscaban a José Luis González, alias “Chelín”, un lugarteniente de la banda de Santana Peña señalado como el presunto autor del hecho.
En menos de 24 horas, tres divisiones de la PNB notificaron la muerte de cinco presuntos integrantes del grupo criminal. Las víctimas fueron identificadas como José Luis Jiménez García, alias “el Indio”; Carlos Alberto Medina, alias “el Palmarón”; Enderson Alirio Jiménez Cañizales, alias “el Ender”; Geober Naicel Salcedo, alias “el Zurdo” y Jesús María Vivas, alias “el Chichi”.
Familiares de tres de las víctimas negaron su vinculación con el asesinato de los policías y descartaron que se hayan enfrentado a los cuerpos de seguridad, como se reseñó en las minutas de esos procedimientos. Los allegados de Jiménez y Salcedo contaron que los sacaron de sus viviendas para un supuesto interrogatorio policial y, al día siguiente, encontraron sus cadáveres en la morgue. Ninguno de ellos residía en los sectores donde supuestamente ocurrieron los enfrentamientos.
Los papás de Edwin Alexander Pérez Parra, víctima de ejecución extrajudicial, indicaron que su casa fue desvalijada por las FAES después de que mataron a su hijo de dos disparos. “Nos robaron todo, hasta las gallinas, todas las comidas. Nos dejaron sin nada”.
Familiares de tres de las víctimas negaron su vinculación con el asesinato de los policías y descartaron que se hayan enfrentado a los cuerpos de seguridad… Los allegados de Jiménez y Salcedo contaron que los sacaron de sus viviendas para un supuesto interrogatorio policial y, al día siguiente, encontraron sus cadáveres en la morgue.
Detrás de la letalidad policial, hay una victimización extendida que recae sobre los niños, explica el sociólogo Carlos Meléndez del OVV.
Fiscalía no investiga las presuntas ejecuciones
Pese a la alta incidencia de presuntas ejecuciones extrajudiciales en la región, no hay registro del número de investigaciones relacionadas con estas muertes. Una fuente del Ministerio Público (MP) que reservó su identidad declaró a Monitor de Víctimas que en Lara no están autorizados para divulgar cifras o dar información sobre estos casos que parecen estar marcados por la impunidad.
Así lo aseguraron familiares de algunas víctimas, quienes han consignado pruebas de las violaciones de derechos humanos cometidas por parte de funcionarios del Estado.
En julio y octubre de 2021, familiares de dos jóvenes asesinados por funcionarios de seguridad interpusieron denuncias en la Fiscalía Superior del estado Lara, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta alguna, según los testimonios recabados por Monitor de Víctimas.
Edwin Alexander Pérez Parra, de 24 años de edad, fue asesinado el 8 de julio de 2021 por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en el patio de su casa, ubicada en el barrio La Coqueta de El Tocuyo, estado Lara. Pérez era futbolista y trabajaba con su papá como ayudante de albañilería.
Cerca de 40 funcionarios entraron a la vivienda de Pérez sin presentar orden judicial, relataron sus padres, Edgar Pérez y Luzmila Parra, entrevistados por Monitor de Víctimas el 13 de julio. Ambos acudieron al Ministerio Público para solicitar una investigación por su muerte.
Pérez estaba al cuidado de su hijo de 2 años de edad cuando los funcionarios tumbaron la puerta de su vivienda. A las 4:00 de la mañana, desalojaron a todos los habitantes con excepción del joven. Dos horas más tarde, sacaron su cadáver en una patrulla, detalló la mamá de la víctima.
“Estábamos durmiendo después de bajarle la fiebre a mi nieto. Edwin le estuvo poniendo pañitos de agua tibia hasta la madrugada. Después de acostarnos, sentimos que le daban golpes duros a la puerta, nos asomamos y eran muchos hombres vestidos de negro con uniformes de las FAES. Mi hijo tenía a su bebé en los brazos, lo puso en el piso y me dijo: ‘Llévatelo’, y a él lo apartaron”, sostuvo la mamá de la víctima, y denunció que la sacaron de su casa, descalza y a la fuerza, junto con su esposo, su nuera y sus dos nietos.
Los papás de Edwin indicaron que su casa fue desvalijada por las FAES después de que mataron a su hijo de dos disparos. “Nos robaron todo, hasta las gallinas, toda la comida. Nos dejaron sin nada”, subrayaron.
El papá del joven se quedó sin sus herramientas de construcción, a su mamá le quitaron el tensiómetro y sus medicinas para la hipertensión y uno de los hermanos de la víctima perdió 85 dólares que tenía ahorrados para comprar más herramientas, comentaron sus allegados. “No me importa lo que me hayan robado, sino la vida de mi hijo. Hice lo posible porque no me lo mataran, pero lo hicieron”, sostuvo la mamá del futbolista.
La familia de Edwin perdió a otro de sus miembros en menos de un año a manos de las FAES. El 13 de agosto de 2020, Carlos Suárez, primo de Edwin, fue asesinado en un procedimiento del grupo élite de la PNB.
Siete meses después del asesinato de Edwin, no se ha realizado averiguación alguna, declaró a Monitor de Víctimas el abogado Guillermo Palacios, diputado a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, que documentó este caso, como parte de una investigación parlamentaria sobre las ejecuciones extrajudiciales registradas en el municipio Morán desde el año 2019.
Otra forma de ejecución
Sin respuestas del MP también se encuentra la familia de David José Mosquera Pérez. Un hombre de 34 años de edad y padre de cuatro niños, asesinado el 27 de octubre de 2021 por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB. David vendía chivos en las carnicerías de Aregue, un pueblo situado en las afueras de Carora.
Adreannys Lameda, esposa de David, detalló a Monitor de Víctimas que a él se lo llevaron de su casa sin presentar una orden judicial. Testigos afirmaron que lo sacaron vivo, sin franela y descalzo. “Él no quería abrirles la puerta (de la casa), pero ellos le dijeron que si no la abría, matarían al hijo. Lo apartaron de nuestro hijo de tres añitos y lo mataron. El niño se quedó solo, llorando, pegando gritos”, lamentó.
David fue sacado de su residencia hasta la carretera del pueblo. Conductores aseguraron que vieron caminar a David por la vía mientras era escoltado por un carro rojo y otro blanco. La minuta indica que el hombre estaba en la carretera con otros sujetos para interceptar unos vehículos y hubo un tiroteo con los militares. A Mosquera le dieron un disparo en el pecho y no hay información sobre otros heridos o detenidos en el procedimiento. La familia de David niega que él se haya enfrentado a los funcionarios o que portara una escopeta, como lo señala la versión oficial.
“Yo no estaba en la casa en el momento que se lo llevaron, pero al llegar, los vecinos me dijeron: ‘Corre, que a David se lo llevaron y lo metieron en la maleta de un carro’. Yo inmediatamente pedí una cola y llegué a un sitio donde estaba cerrado el paso por el Conas. Ahí estaban los dos carros que me habían descrito. Yo pedía razón de mi esposo y los funcionarios respondían que no sabían de qué hablaba, que ahí lo que había era un accidente de tránsito. Yo sabía que tenían a mi esposo, les preguntaba dónde estaban los derechos humanos, la orden de arresto o de allanamiento”, agregó Lameda.
Mientras ella pedía información sobre su esposo en la carretera tomada por el Conas, el papá de Mosquera fue hasta una sede del organismo en Carora para conocer el paradero de su hijo. El señor estuvo en el comando hasta las 8:20 de la noche, media hora después, el cuerpo de su hijo fue ingresado a la morgue del hospital Pastor Oropeza de Carora y luego trasladado a Barquisimeto.
Según una minuta de la GNB, David estaba solicitado por el delito de homicidio en el Tribunal Duodécimo de Control de Carora. “Una entrada (policial) no justifica una muerte. ¿Por qué le disparan alegando que él estaba solicitado? Él salió limpio en la revisión”, dijo la viuda.
Han transcurrido siete meses del asesinato y su familia todavía espera que el Ministerio Público abra una investigación.
En todo el año solo dos funcionarios de seguridad fueron procesados judicialmente por una presunta ejecución extrajudicial. Dos efectivos de la Policía de Lara (Polilara) fueron detenidos por, presuntamente, estar involucrados en la muerte de Yuleiber Antony Sequera de 28 años, un desertor del Conas asesinado el 27 de mayo de un disparo en el abdomen.
Los oficiales detuvieron a Yuleiber y lo llevaron hasta la comisaría de Andrés Eloy Blanco, ubicada en la localidad de Sanare. De acuerdo con la versión policial, el hombre forcejeó con los policías, desenfundó un arma de su entrepierna y les disparó, pero en ese momento también uno de los uniformados disparó contra él. Sin embargo, familiares desmintieron esta versión y descartaron que el hombre portara un arma. Relataron que él salió esa tarde y cuatro policías lo abordaron y se lo llevaron hasta la estación.
Personas de piel morena y jóvenes son las principales víctimas
El equipo de Monitor de Víctimas Lara constató que la mayoría de víctimas de muertes violentas en 2021 eran morenas, jóvenes y no completaron sus estudios de bachillerato.
De las 166 víctimas, 95 eran morenas o mulatas, 36 de tez blanca y 2 negras. Monitor de Víctimas no tuvo información del color de piel de 33 víctimas.
Sobre las edades de las víctimas, este proyecto constató que 12 tenían entre 0 y 17 años; 56 víctimas, entre 18 y 26 años; 48 víctimas, entre 28 y 37 años; 23 personas asesinadas tenían entre 38 y 47 años de edad y 22 eran mayores de 48 años. No se pudo corroborar la edad de 6 víctimas.
Con respecto al grado de instrucción de las víctimas, los investigadores de Lara determinaron que 42 personas asesinadas estudiaron hasta primaria, 24 tenían estudios de educación media, 6 cursaron estudios universitarios y otras 6 personas no cursaron ningún estudio. No se obtuvo información sobre el grado de instrucción de 88 víctimas.
Las armas de fuego fueron las más usadas
106 personas fueron asesinadas con armas de fuego, en 12 casos utilizaron armas largas. De igual forma, se corroboró que 26 personas fueron muertas con armas blancas y 7 con objetos contundentes.
En 2021, la violencia homicida ocurrió en los 9 municipios de Lara. Iribarren, la capital, concentra el mayor número de habitantes de todo el estado, sigue como el municipio más violento.
En Iribarren, se cometieron 103 de los 166 asesinatos registrados en todo el estado. El municipio concentra 61% de los casos. Palavecino, el municipio más próximo a la capital larense, le sigue con 17 muertes violentas.
51 % de los asesinatos perpetrados en Lara se concentraron en 5 parroquias, de las cuales 4 se encuentran en Iribarren: en Ana Soto, anteriormente llamada Juan de Villegas, fueron asesinadas 40 personas. Esta cifra equivale a 26 % de los casos. Esta parroquia, situada en el oeste de Barquisimeto, es la más extensa y poblada de la región.
En Tamaca, parroquia ubicada en la zona norte de la ciudad, hubo 18 asesinatos; mientras que en Catedral, en pleno centro de Barquisimeto, se reportaron 10 muertes violentas. La parroquia Unión, que está en el noroeste, cerró con 9 asesinatos.
En Palavecino, entre tanto, José Gregorio Bastidas fue la parroquia más violenta: 9 personas fueron asesinadas en esta jurisdicción.
12 mujeres y 1 niño asesinados en un año
En 2021, 12 mujeres fueron asesinadas en el estado Lara. Cuatro casos fueron femicidios. Lissette Carolina Pérez Guédez, de 34 años de edad y madre de tres niños, fue una de las víctimas. Fue asesinada, el 20 de diciembre, por su expareja Omar Alejandro Guédez Ángulo, en El Tocuyo, municipio Morán. Hasta la fecha, el presunto responsable continúa prófugo.
Lissette mantuvo una relación con Omar por más de 10 años y se separó de él después de años de violencia psicológica e infidelidades, explicaron sus familiares a Monitor de Víctimas. La pareja tenía dos niños. Tras la ruptura, Lissette emigró a Colombia para escapar de los maltratos de Omar. Para entonces, él se negaba a abandonar la pieza que habían construido en un terreno de la familia de la joven.
Omar llamaba de forma constante a Lissette para decirle que había abandonado a sus dos hijos y le reprochaba el hecho de que estuviera fuera del país. Esta situación fue negada por los familiares de la víctima, quienes aseguraron que los niños estaban a cargo de los abuelos. “Pero esa era la forma en que Chiche la manipulaba. Él la insultaba y la acusaba de tener un hombre en Colombia”, detallaron.
En diciembre, Lissette volvió a Venezuela para celebrar la Navidad con sus niños y con el anhelo de volver a Colombia con ellos, para ofrecerles un futuro mejor. Tres días antes de Nochebuena, Omar la apuñaló.
Según testimonios de conocidos de Omar Guédez, apodado “Chiche», él había pasado el día tomando bebidas alcohólicas con su familia, en la casa de sus padres. Las mismas fuentes afirmaron que su hermano Miguel fue visto temprano en la casa donde fue asesinada Lissette en horas de la noche, y al rato llegó “Chiche” en su motocicleta, la misma en la que huyó después de la medianoche.
Un infanticidio y un adolescente asesinado
La violencia en la entidad también cobró la vida de 12 niños, niñas y adolescentes, en 2021. Entre las víctimas, está una bebé de 1 año, asesinada por su padrastro; y un estudiante de 13 años, asesinado cuando iba camino a jugar en una cancha próxima a su casa.
Henry López, de 35 años, fue detenido por la Policía de Lara a mediados de mayo después de ser acusado de matar a su hijastra, Esther Marivic, en el caserío Los Puentes, en Villanueva, municipio Morán. El director de ese organismo de seguridad, general Luis Peña, informó que el imputado simuló que la niña había sufrido una caída y se la entregó inconsciente a su mamá para que la llevara a un ambulatorio. Esther Carucí, madre de la víctima, también fue aprehendida por el infanticidio.
Según la valoración forense, la bebé presentó signos de maltrato. Esther, de 22 años, mencionó a las autoridades que tanto ella como su hija eran golpeadas por su pareja. Esther tenía tres meses viviendo con Henry y días antes del asesinato se había comunicado con un familiar, que residía lejos del caserío, para alojarse en su casa por temor a que su novio se tornara más agresivo.
Richard Jesús Pineda Camejo, de 13 años, fue asesinado, en abril de 2021, presuntamente, por dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, en el sector Barrio Lindo.
El estudiante desapareció el sábado 17 de abril, después de irse con dos amigos a una cancha que frecuentaba cerca de la casa donde residía con su abuela. Salió a las 7:00 de la noche y no regresó a cenar. Su abuela activó una búsqueda por la comunidad, dos horas después.
“Mi hermana y su esposo salieron a buscarlo a las 9:00 de la noche, porque ya era tarde y nadie sabía del paradero. Lo encontraron muerto (estrangulado) en un cerro que está a unos 400 metros de la casa. No sabemos qué pasó ni cómo”, relató una tía de la víctima.
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