Cecodap presentó este martes el segundo informe Somos Noticia Capítulo Vulneraciones a los Derechos de los Niños, en el que la ONG destacó la falta de presupuestos, políticas públicas y acciones del Sistema de Protección para prevenir la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y con ello la renuencia de las familias a denunciar tales violaciones.
Carlos Trapani, director de Cecodap; y Ángela Villafranca, abogada del Servicio de Atención Jurídica (SAJ) de Cecodap, hicieron un repaso por el informe basado en el acompañamiento jurídico a 673 beneficiarios, a través de 811 consultas realizadas entre abril de 2021 hasta marzo de 2022.
“Entre los principales hallazgos notamos un aumento en las solicitudes hechas por los padres de los niños, niñas y adolescentes afectados por algún tipo de situación que vulnere su derecho”, enfatizó Trapani.
Incredulidad hacia las instituciones
Sin embargo, aunque hubo mayor receptividad de las denuncias por parte de funcionarios del Sistema de Protección, se mantuvo la falta de mecanismos efectivos de monitoreo y seguimiento de los casos. Ello impide la prevención de violencia hacia la niñez y la adolescencia.
“Si bien hemos visto una mejoría en la recepción de las denuncias, tanto en el Ministerio Público como en los consejos de Protección; es motivo de preocupación que la intervención del Estado en aquellos casos de violación a los derechos de los niños se fundamente solo en el acceso y recepción de la denuncia. Tenemos que prevenir las situaciones de violencia; no limitarnos a atenderlas una vez que ocurran. Más captación de casos no indica restitución efectiva de los derechos vulnerados y la protección de los niños”, agregó.
Por otra parte, el director de Cecodap destacó que 52,94% de los solicitantes de orientación no denunciaron al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 46,87% al Ministerio Público y 9.09% a otros organismos del Estado.
“Pareciera que existe una desesperanza en la restitución de los derechos y una incredulidad en las respuestas institucionales ofrecidas por el Estado, así como miedo a las represalias”, señaló.
Entre las causas, la ONG identificó que las causas de esa incredulidad hacia la respuesta institucional se da por la “desinformación, complejidad de los procedimientos, trato inadecuado de los funcionarios públicos, difícil acceso físico a oficinas públicas y limitaciones en capacidad de movilización de las víctimas”.
“Pareciera que el miedo y las repercusiones, sumado a la poca confianza en las instituciones públicas, cohíben a las personas a tomar las riendas y denunciar”, coincidió Villafranca.
Niñez desprotegida
Según presentaron en el informe, el SAJ documentó en las 811 consultas que:
- 32,44% de las solicitudes estaban relacionadas al derecho a la integridad.
- 28,72% sobre el derecho a una familia. Esto está relacionado a instituciones y convivencia familiar.
- 13,29% sobre el derecho a la educación vinculados a discriminación, calidad y prosecución escolar.
- 6,28% de las orientaciones eran sobre violencia basada en género. Destaca que en estos casos es la madre la principal víctima de violencia física y psicológica.
- 5,31% eran sobre el derecho al libre tránsito y migración.
- 4,25% estuvo relacionado al derecho a la identidad, con énfasis a los obstáculos para tramitar las partidas de nacimiento y cédulas de identidad.
- 2,65% de las solicitudes tomadas fueron sobre el derecho a un nivel de vida adecuado, relacionado a casos de negligencia por parte de las madres, padre o familiares cuidadores, así como a la manutención de los niños y en contextos de pobreza.
- 2,12% de las solicitudes tuvieron que ver con el derecho a la salud.
“En cuanto a los casos de integridad personal, el equipo del SAJ detalló que 24,59% de los casos están relacionados a abuso sexual, seguidos de maltrato (22,90%), violencia física (18,03%), acoso escolar (13,11%) y castigo físico (11,47%). De los datos analizados el 8,19% corresponde a situaciones de riesgo generadas por el propio adolescente (adicciones, conducta impropia y fugarse de la casa). Además, en comparación al año pasado se recibieron 27,08% más solicitudes con relación al periodo anterior”, enfatizó Trapani.
Villafranca también explicó que se evidencia que la violación a la integridad personal constituye la vulneración más frecuente para los niños, niñas y adolescentes. En cuanto al derecho a la educación, Villafranca refirió que evidencian situaciones en donde los adolescentes son privados de su derecho a la educación debido a que sus padres no cubren todas sus matrículas escolares.
“Se recibieron 25 solicitudes, al caracterizar los hechos que generan la amenaza o vulneración encontramos: 12 solicitudes por casos de discriminación por falta de pagos en las instituciones privadas, a los alumnos les restringieron el acceso a sus notas, a la presentación de exámenes y en algunos casos no se les permitían acuerdos de pago con los representantes”, sostuvo. (Con información de Comunicaciones Cecodap)
Lea más detalles en Correo del Caroní
