Un acuerdo que rechaza de manera categórica las políticas penitenciarias y deplorables condiciones humanas que ocasionan alarmantes problemas de desnutrición, hacinamiento, retardo procesal y muertes de la población privada de libertad en Venezuela, suscitadas por el régimen, aprobó la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN), en la sesión de este martes.
En el acuerdo, piden hacer un llamado ante la comunidad internacional para la aplicación de un mecanismo que permita tomar acciones políticas concretas contra los perpetradores de violaciones de derechos humanos en Venezuela y el mundo.
Contenido del Acuerdo:
El Proyecto de Acuerdo condena una vez más el fracaso de la Revolución Judicial que estuvo a cargo del ciudadano Diosdado Cabello y del sistema penitenciario en manos del régimen de Nicolás Maduro.
Reconocen la labor del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien expuso la coyuntura penitenciaria en una audiencia del 183 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 18 de marzo de 2022.
Cabe recordar, que en esa sesión se acordó trabajo conjunto para elevar más casos de las graves violaciones a los derechos fundamentales de la población carcelaria ante la Corte Penal Internacional, tomando en consideración también la decisión del fiscal Karim Khan de instalar una oficina en la ciudad de Caracas.
Piden hacer un llamado ante la comunidad internacional para la aplicación de un mecanismo que permita tomar acciones políticas concretas contra los perpetradores de violaciones de derechos humanos en Venezuela y el mundo.
Hacinamiento en cárceles supera el 158%
El diputado Williams Dávila consideró que la realidad de las cárceles venezolanas «es caótica e inhumana». Como consecuencia, denunció que el régimen de Nicolás de Maduro, viola el artículo 272 de la Constitución, ya que los hechos de desnutrición, hacinamiento y retardo judicial, «pone en evidencia su política de aniquilamiento paulatino de los privados de libertad».
Precisó que en Venezuela existen 52 cárceles que están socavadas de hacinamiento, corrupción, destrucción, enfermedades y violación de derechos humanos.
Afirmó que la infraestructura carcelaria no es suficiente para una población carcelaria de 32 mil privados de libertad siendo que su capacidad de 20 mil presos, esto indica que el hacinamiento supera un 158%.
En cuanto a la ingesta de alimentos de los privados de libertad, precisó que: 12.7 % come tres veces al día; 40.1% una vez al día; 38% dos veces al día y el 9.2% nunca recibe comida en el día.
Dávila señaló que desde el año 2017 hasta enero 2022, la desnutrición, el paludismo y la tuberculosis son las principales causas de muerte en las cárceles, donde han fallecido 1.730 presos, entre ellos 960 provenientes de los centros penitenciarios, de los cuales 412 fallecidos fueron por desnutrición.
Denunció que «las mujeres presas están en un estado de indefensión, las autoridades que la cuidan muchas veces las violan, no reciben atención médica y se les viola el derecho humano de la menstruación«.
En su intervención, reiteró que en los calabozos policiales de Venezuela se viola de manera sistemática la permanencia preventiva de los detenidos que debe ser de un máximo de 72 horas. «Esas detenciones preventivas se convierten en detenciones definitivas«, afirmó.
«El Ministerio [del Poder Popular] para el Servicio Penitenciario, perdió el control de todas estas cárceles, debido a que existen dos sistemas de convivencia tutelada entre pranes y el Estado», fustigó el diputado Dávila.
Recordó que la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN, se reunió con las ONGs.: Ventana a la Libertad y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) donde se habló sobre toda la problemática de la infraestructura carcelaria.
Sin justicia expedita
Mientras que el diputado Gilber Caro, reiteró que el régimen de Nicolás Maduro sigue violando los derechos a los privados de libertad, negándoles la alimentación, salud, cultura, deporte y al debido proceso. «Los privados de libertad no reciben la adecuada alimentación y por ende, muchos de ellos, están muriendo por desnutrición, paludismo y tuberculosis«, denunció.
Precisó que más del 70% de los presos no reciben la «justicia rápida y expedita para la víctima y victimario».
«Escuelas del crimen«
En el sesión vía telemática, la diputada Deyalitza Aray, presidente de la Comisión Permanente de Familia, afirmó que las cárceles venezolanos son «escuelas del crimen» donde se ejecutan acciones criminales que controla los llamados «pranes». Manifestó que el régimen viola los estándares internacionales en materia de hacinamiento, presupuesto, alimentación y reinserción social.
«No hay política alimentaria para los presos. Se desconoce el presupuesto manejado por las personas que usurpan las funciones en el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y tampoco hay inversión para las infraestructuras de las cárceles», aseguró.
