Al menos 7.000 venezolanos cruzaron la peligrosa selva del Darién entre enero y abril de este año, informó Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch. La cifra supone un aumento de 6.985 personas si se compara con los datos obtenidos el año pasado para el mismo periodo, cuando solo se documentaron 15.
En el control de las autoridades panameñas se precisa que en enero ingresaron 4.204 ciudadanos venezolanos. En febrero lo hicieron 4.094, en marzo 3.735, en abril 6.148 y en lo que va de mayo 2.312. “Muchos nos dijeron que, como México y países de Centroamérica ahora les exigen visa, no encuentran otra opción para buscar refugio en Estados Unidos”, señaló Pappier.
El experto viajó a la selva con un equipo de investigadores de Human Rights Watch. Visitaron las localidades de Necoclí, en Colombia, y Metetí, Canaán Membrillo y San José de David, en Panamá. Entrevistaron a decenas de migrantes y autoridades, documentaron graves abusos y constataron que la protección y el acceso a la justicia son muy escasos.
Pappier indicó que, en general, el año pasado más de 130.000 migrantes, incluyendo 29.000 niños, cruzaron el Darién. Y que las autoridades de Panamá estiman que este año la cifra será aún mayor. “Todos los meses de este año la cifra de migrantes ha sido mayor que el mismo mes del año pasado”, agregó.
Explicó que hasta el año pasado los migrantes llegaban a la comunidad de Bajo Chiquito, a través de Capurganá y Acandí. Ahora llegan a Canaán. Ese cambio ocurrió después de que, al parecer, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia asesinaron al líder Fredy Pestana Herrera, quien había promovido la ruta por Acandí.
300 dólares por viajar en lancha
Para llegar a Canaán, expone Pappier, muchos migrantes pagan una lancha, que cuesta hasta 300 dólares por pasajero, desde Capurganá (Colombia) hasta Carreto (Panamá). El investigador dijo que el camino por esta vía es más corto y seguro, pero quienes no tienen dinero deben caminar desde Capurganá y son más vulnerables a sufrir abusos.
“Decenas de migrantes que vienen caminando desde Capurganá nos relataron que son asaltados por grupos criminales. Muchas mujeres sufren violencia sexual, incluyendo tocamientos y violaciones. Médicos Sin Fronteras ha atendido a 89 víctimas de violencia sexual solo este año”, expuso.
Dijo que la mayoría de los asaltos armados y abusos sexuales parecen ocurrir en una zona costera conocida como Armila y después de cruzar una loma, que los migrantes identifican como la “loma de la muerte”.
“Luego de caminar entre 2 y 10 días, los migrantes llegan, normalmente aterrados y hambrientos, a un rancho indígena conocido como El Abuelo. De ahí deben tomar una lancha de 3 horas a Canaán Membrillo, donde las autoridades fronterizas y de migración les toman sus datos”, añadió.
Canaán Membrillo es una comunidad indígena de apenas 300 personas, indicó Pappier. A pesar de que cuenta con un puesto de salud, no hay médicos ni insumos de salud para atender a la comunidad o los migrantes.
Recientemente, el Ministerio Público ubicó a un fiscal en esa localidad para recibir denuncias de los migrantes sobre crímenes sufridos en el recorrido. Sin embargo, el experto de HRW afirma que hay obstáculos claros para denunciar muchos delitos y que casi ninguna investigación ha tenido avances serios.
Pappier dijo que luego de pasar la noche en Canaán, los migrantes deben pagar 25 dólares para viajar en piragua hasta Puerto Limón, donde un camión del gobierno de Panamá los lleva hasta el puesto migratorio de San Vicente.
“No pueden salir de San Vicente. No hemos podido identificar el sustento legal de tal prohibición”, agrega el investigador.
En San Vicente, manifestó Pappier, la atención a los migrantes también es muy limitada. Aseguró que el equipo no vio médicos del estado ni fiscales y que la Defensoría del Pueblo, las agencias humanitarias como la Unicef, Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja cumplen una función crucial, pero no se dan abasto para la cantidad de gente que llega.
El investigador de Human Rights Watch señaló que el gobierno panameño está iniciando un plan para refaccionar el centro de San Vicente. Expresó que es muy importante que este plan incorpore insumos de las agencias de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales para garantizar una atención digna para los migrantes.
La travesía para los ciudadanos continúa. Desde San Vicente, deben tomar un autobús, que cuesta 40 dólares, hasta la estación migratoria Planes de Gualaca en Chiriquí, en la frontera con Costa Rica. En este lugar, la atención también es precaria, afirma.
“No vimos ni fiscales, ni médicos, ni funcionarios de agencias de refugio o de protección de menores”, indicó.
Pappier dijo que a los migrantes y solicitantes de asilo les queda todavía mucho viaje por delante para llegar a Estados Unidos. Pero a ese nivel, muchos ya han sufrido abusos aberrantes y han recibido poca protección y acceso a la justicia.
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