FundaRedes en su último informe «Guerrilla y bandas delictivas imponen una violencia desbordada en la frontera venezolana«, asegura que los hechos violentos perpetrados por las agrupaciones terroristas y delincuenciales vienen dados por el control de las rutas del narcotráfico, el contrabando de combustibles y minerales entre otras actividades ilícitas.
Según la investigación, la pugna por el control del oro y sus rutas de comercialización en el Arco Minero del Orinoco; el control de territorios estratégicos para las rutas del narcotráfico y la desbordada proliferación de bandas criminales en Zulia que extienden su acción entre Táchira y el sur del Lago de Maracaibo, constituyen los tres vértices principales de conflicto a lo largo de la frontera venezolana.
“En la zona que abarca el Arco Minero del Orinoco, los estados Bolívar y Amazonas son los que concentran mayor actividad asociada a grupos armados irregulares bajo las figuras de “sindicatos”, bandas y las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC”.
En la entidad apureña – señala el estudio- los grupos guerrilleros que operaban en la clandestinidad han mostrado abiertamente su poderío ante el país y el mundo, causando una ola de asesinatos y desapariciones que llegó incluso al Arauca colombiano donde las autoridades contabilizaron al menos 100 muertos, en su mayoría civiles, producto de enfrentamientos armados por el control del territorio entre el ELN y las disidencias de las FARC.
Para el investigador de los procesos fronterizos y experto en temas de seguridad, Miguel Ángel Morffe, – citado por FundaRedes- el repunte de la violencia en los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia se generó tras el cierre de los puentes internacionales en los años 2014 y 2015.
“Hecho que convirtió a las trochas en alternativas de tránsito cotidiano tanto para personas como para mercancías, lo que puso al alcance de los grupos irregulares, ya presentes en estos territorios, nuevos insumos para el negocio de la criminalidad”, afirmó.
El control de las trochas, independientemente del volumen y el tipo de mercancías lícitas o ilícitas que por ellas se moviliza, – aseveró Morffe- se ha convertido en el negocio más lucrativo que existe actualmente en la frontera.
“No existe en el corto plazo una estrategia que permita frenar la pugna por el control de las trochas”, dijo.
Asimismo el investigador calculó que en estos pasos se maneja un promedio de 100 millones de pesos al día (más de 25.000 dólares), lo que constituye una importante base de financiamiento para los grupos armados irregulares que, con su sola presencia, aseguran flujo de capital para la adquisición de armas, pertrechos y la logística para el mantenimiento de sus estructuras delictivas.
“La apertura de fronteras al comercio formal no le conviene a los grupos armados, y ya sabemos la presencia que tienen éstos dentro de la estructura política”, destacó Miguel Ángel Morffe.
Esta misma situación – reseña el estudio- ha sido denunciada de manera reiterada en relación con el Arco Minero del Orinoco, donde los acuerdos entre el estamento político y efectivos militares con bandas, guerrillas y sindicatos han dado al negocio de la extracción de oro un nuevo nivel de operatividad y rentabilidad.
En esta zona la pugna es tanto por el control de las minas como de las rutas de comercialización, “hay estructuras delictivas especializadas en custodia y transporte, así como en suministro de mano de obra barata y también en servicios sexuales, todas permanentes generadores de violaciones a los derechos fundamentales del ser humano”.
En este sentido, FundaRedes ha acudido formalmente ante los organismos jurisdiccionales, al menos en seis oportunidades en lo que va del año 2022, para solicitar que sean investigadas situaciones relacionadas con la conflictividad en los pasos de frontera y la vulneración de los derechos humanos que esto conlleva.
Cabe destacar que la insistencia en las denuncias y en visibilizar de manera constante las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la frontera venezolana ha forzado respuestas parciales por parte del Estado; sin embargo, los afectados señalan parcialidades para favorecer a uno de las partes.
