Las quejas de los productores nacionales en torno a la política de importación impulsada por Nicolás Maduro fueron escuchadas finalmente. Dos decretos publicados por el oficialismo podrían marcar un cambio de rumbo en beneficio de la producción nacional.
Desde julio de 2018, el régimen ha llevado adelante una política de exoneración de aranceles a bienes importados. En un principio, se aplaudió este mecanismo como una estrategia para remediar los graves problemas de desabastecimiento que padecía Venezuela entre 2015 y 2017.
La escasez de productos se superó, pero la política de importación dejó nuevas cicatrices en la economía venezolana al perjudicar a la industria y, por lo tanto, a la producción nacional.
A partir de 2019, Maduro decidió eliminar la exoneración para una gran cantidad de materias primas que utilizaba la industria nacional, mientras que mantuvo las facilidades para importar productos terminados que no pagarían aranceles, ni Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otros compromisos tributarios.
Desde entonces, los productores nacionales han resaltado su rechazo por esta política. La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) ha mantenido una crítica constante a esta medida, denunciando que genera una «competencia desleal» frente a la producción nacional.
El fenómeno de la «competencia desleal» se produce porque la industria nacional debe importar materia prima sin exoneraciones y luego, cada proceso de la cadena productiva debe someterse a impuestos de todo tipo. Como consecuencia, el precio final se dispara a raíz de los tributos que debe pagar, mientras que el artículo importado prácticamente no se encarece.
Para el consumidor, no existe dilema alguno. La respuesta lógica es comprar el producto importado, que garantiza calidad y además es más económico. Así opina el abogado tributario Diego Barboza Siri, quien recalca todos los compromisos tributarios a los que se somete el producto nacional.
«El consumidor obviamente va a ir por un producto de buena calidad y más barato importado, pero no porque sea competitivo, sino porque no paga tributos. En Venezuela pagas Impuesto Sobre la Renta (ISLR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos municipales, de ciencia y tecnología, deportes, entre otros. La mercancía que traes de otro país apenas paga ISLR. No existe competencia», razonó.
Sin embargo, en un panorama más amplio, esta elección puede ser perjudicial para la economía. Esto se debe a que la producción nacional necesita que los bienes producidos sean comprados. De esta manera, recaudan el dinero suficiente para mantener o incluso ampliar sus operaciones. Si el consumo es bajo, la producción se mantiene baja, pues no tiene sentido producir un exceso que no se venderá.
Hasta marzo de 2022 el régimen mantuvo sus exoneraciones a 4.485 códigos arancelarios, pertenecientes a diferentes bienes terminados de consumo. En otras palabras, 4.485 productos que compiten deslealmente contra los nacionales.
La situación cambió con la publicación de los decretos Nº 4.683 y 4.684, publicados en Gaceta Oficial durante la primera semana de mayo. El primer documento hace referencia a una ampliación de la exoneración arancelaria, mientras que el segundo determina una serie de modificaciones al arancel de aduanas.
¿Qué plantean los nuevos decretos?
El decreto Nº 4.683 no es más que una prórroga de los decretos previos que normaban la exoneración de aranceles a bienes de importación. La gran diferencia es que esta vez se redujo de 4.485 códigos arancelarios a 3.223. Es decir, se eliminó la exoneración para 1.262 bienes, que ahora deberán pagar sus aranceles correspondientes.
Entre los códigos arancelarios incluidos hay algunas diferencias. Los primeros 2.119 bienes no pagarán ni impuesto de importación ni IVA. En la lista figuran rubros alimenticios, instrumentos de medición, material eléctrico, herramientas, entre otros.
Luego, el decreto incluye otros 721 códigos arancelarios a los cuales no se les impondrá impuesto de importación, IVA ni tasa arancelaria. Destacan especialmente productos farmacéuticos y más instrumentos de medición y precisión.
Finalmente, se añaden otros 383 códigos a los cuales no aplicarán impuesto de importación ni IVA, siempre y cuando se presenten certificados que demuestren que las industrias nacionales no los producen o lo hacen sin satisfacer la demanda nacional. En esta lista se encuentran únicamente medicamentos.
Entretanto, el decreto Nº 4.684 reforma el decreto Nº 2.647 referente al arancel de aduana. Modifica artículos como el 8, 10 y 11, por lo que se cambia la manera de calcular este tributo e incluso otorga la posibilidad de exonerar ciertas cuotas si las autoridades tributarias lo consideran pertinente.
Estas modificaciones afectan directamente a 1.949 códigos arancelarios, que ahora tendrán una estructura distinta y, por lo tanto, pagarán sumas diferentes o se someterán a condiciones especiales.
El primer paquete de 1.650 códigos abarca a aquellas mercancías consideradas en el decreto de arancel de aduana como:
- Bienes de Capital (BK): bienes duraderos que se utilizan para la producción de otros bienes y servicios. Están dedicados al uso industrial.
- Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT): aquellas tecnologías pertenecientes a los sectores de la informática y de las telecomunicaciones, utilizados para mejorar la infraestructura digital del país.
Las siguientes 221 mercancías afectadas por estos cambios se someten a una nueva estructura arancelaria, ya que variará el Arancel Externo Común, una alícuota que aplica para productos provenientes de un espacio económico determinado, como el Mercado Común del Sur (Mercosur).
69 productos tendrán un AEC de tan solo 2% (la reducción mínima posible), cuatro códigos se someterán a un 4% y otros 151 mantendrán una alícuota de 24%. Los rubros que forman parte de estas modificaciones son de alimentos (63), calzado (14) y confecciones (137).
Otros 21 códigos también sufren una modificación, ya que se les aplicará el Régimen Legal 20, por lo que deberán cumplir con lo estipulado por la Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenin), y el Régimen Legal 6, referente al Permiso Sanitario del Ministerio con competencia en materia de Agricultura y Tierras para algunas preparaciones de carnes.
Luego se menciona una variación legislativa para 60 códigos del sector automotor, pero no se estipula una modificación de alícuotas, sino tan solo el traslado de normas del decreto de exoneración a la nueva reforma del arancel de aduana.
Por otra parte, se modifican los requisitos para la importación de vehículos por parte del Estado. Ahora se registrará el vehículo ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) a nombre del órgano de la administración pública que utilizará el bien.
Finalmente, otros 57 códigos arancelarios son susceptibles al Régimen de Contingente Arancelario, que será controlado por el Estado de manera «rigurosa». A través de este mecanismo, las autoridades tendrán la potestad de modificar tasas para estas mercancías que son consideradas estratégicas para la producción y el abastecimiento nacional.
De esta manera, el Estado pretende «corregir distorsiones de precios en el mercado y garantizar el abastecimiento de productos sensibles», según explica el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
Impacto en el mercado
Para el sector privado y especialmente los industriales, este cambio apunta en la dirección correcta, pero sigue siendo muy sutil. Insisten en que resta mucho camino por recorrer y en que cada vez que se retiran algunas barreras, a la vez que se imponen otras.
La ausencia de crédito bancario a raíz de la imposición de un encaje legal del 73% dictaminada por el Banco Central de Venezuela, la aplicación de tarifas más elevadas para los trámites del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y el nuevo impuesto al dólar (IGTF) son elementos que perjudican a la empresa privada.
Para el sector privado y especialmente los industriales, este cambio apunta en la dirección correcta, pero sigue siendo muy sutil. Insisten en que resta mucho camino por recorrer y en que cada vez que se retiran algunas barreras, a la vez que se imponen otras.
La ausencia de crédito bancario a raíz de la imposición de un encaje legal del 73% dictaminada por el Banco Central de Venezuela, la aplicación de tarifas más elevadas para los trámites del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y el nuevo impuesto al dólar (IGTF) son elementos que perjudican a la empresa privada.
Advirtió, además, que la modificación del arancel de aduana ahora le da potestad a las autoridades para establecer exoneraciones en ciertos códigos arancelarios, lo que se traduce en una preocupación para el sector.
La justificación del régimen para adoptar esta medida es que, si la producción de un producto es baja, debe importarse para abastecer al país. Para los industriales, la respuesta debería ser más bien evaluar por qué bajó y buscar mecanismos para corregir el problema.
«Algunos sectores temen porque algunos códigos pueden ser exonerados si el régimen lo decide. Si hubiera una insuficiencia de producción de cualquier producto que nosotros hacemos, la medida correcta es ver qué causó esta insuficiencia. No debería utilizarse para incentivar la importación de un producto, sino eliminar aranceles e IVA a la materia prima, para que la industria produzca», sostuvo.
Política de importación bodegonera
El experto tributario Barboza Siri considera que el régimen de Maduro intenta dar un empuje a la producción nacional con estas medidas, ya que no posee divisas suficientes para mantener una política importadora como la de antaño, pues incluso en la etapa de altos precios petroleros, los entes gubernamentales preferían otorgar divisas preferenciales para importar antes que impulsar la producción nacional.
«Ahora, el oficialismo que no tiene divisas suficientes para seguir trayendo productos terminados importados, se da cuenta de que tiene que recurrir a la industria nacional. Es una situación coyuntural más que ideológica», opinó.
No obstante, considera que el país seguirá abasteciéndose de productos importados en el corto y mediano plazo, pues la «política de bodegones» parece haber llegado para quedarse, con importaciones «puerta a puerta», una modalidad pensada para los envíos de productos de consumo personal y no para la importación comercial, por lo que evaden controles e impuestos
«De aquí a un buen tiempo, no vamos a dejar de ver productos importados. Lo que veo más peligroso es la política de bodegones, con la importación de mercancía sin pagar tributos, sin cumplir con el régimen legal, por vías no previstas para el comercio», acotó.
Las esperanzas de Barboza Siri están puestas en que la producción nacional acabe con la exoneración a la larga, ya que considera que estas medidas están condenadas a desaparecer conforme exista una producción local suficiente.
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