Una reciente investigación publicada por Transparencia Venezuela reveló que en el país existen al menos nueve estados en los que las plantas de tratamiento de aguas residuales están paralizadas o tienen fallas en su funcionamiento, lo que representa un serio riesgo ambiental que pudiese explotar en cualquier momento y del cual pocos se preocupan.
A tres años de la creación del Ministerio de Atención de las Agua, en Venezuela crecen las denuncias de contaminación de lagos, ríos y playas por causa de aguas servidas. Las aguas residuales también conocidas como aguas servidas, son aquellas que el ser humano ha usado y afectado, principalmente para fines domésticos e industriales; y que deben ser depuradas antes de ser descargadas en la naturaleza o idealmente, reutilizadas.
La falta de tratamiento adecuado de las aguas residuales en el país despierta alarmas en especialistas, activistas ambientales y políticos opositores a la gestión de Nicolás Maduro, quienes coinciden en que la contaminación por aguas servidas puede afectar a mediano y largo plazo, la salud de comunidades aledañas, así como la de los ecosistemas marinos de Venezuela.
Va más allá de una preocupación local: el Objetivo de Desarrollo Sostenible seis de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, exhorta a los Estados a reducir, a la mitad, su porcentaje de aguas residuales sin tratar. Es decir, disminuir los vertidos de agua usada y contaminada en el medio ambiente.
La organización no gubernamental Vitalis destacó el tema en 2017 como uno de los grandes problemas ambientales de Venezuela. La ONG indicó que, en ese entonces, el país dejaba más del 75% de las aguas sin tratar.
“Este es un tema muy importante y debe ser atendido con la prioridad necesaria. Tan vital es garantizar el acceso al agua potable, como tratar las aguas luego de su uso. Lamentablemente, ni uno ni el otro se está garantizando en Venezuela, y los objetivos de desarrollo sustentable vinculados con el agua están lejos de cumplirse”, tal como lo aseguró el presidente de Vitalis, Diego Díaz Martín.
A pesar de que en el 2018 Nicolás Maduro creó el primer ministerio en la historia del país dedicado exclusivamente a la gestión de las aguas, el Estado no ha publicado datos sobre depuración de aguas servidas en territorio venezolano.
La cifra reciente sobre el tratamiento de las aguas está registrada por la Cámara Venezolano de la Construcción, en su Plan Nacional de Infraestructura 2021-2033, el cual indica que solo el 28% de las aguas residuales, urbanas e industriales, son depuradas en el país.
“Muy poca en términos porcentuales”, “en general, la mayor parte de los efluentes no tratados contaminan las costas del Litoral, dada la cercanía de los grandes centros poblados al mar, o debido a que son vertidos directamente en ríos que desembocan en el mismo”, de acuerdo a lo que señala este informe con datos obtenidos en el 2018 por el Grupo Orinoco, organización no gubernamental especializada en temas de desarrollo sustentable.
Transparencia Venezuela consultó el tema con especialistas, que explican que, en general, la infraestructura de las plantas construidas en el país para tratar las aguas quedó en el olvido; sin inversión, sin mantenimiento y a merced de la delincuencia y la opacidad.
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