Este régimen se afinca en una publicidad mentirosa, engañosa y confusionista, como se demuestra cada día, expresa una declaración de la organización Democracia y Libertad al referirse a la campaña que se ha desplegado en el curso de los últimos días en torno a la suspensión de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos.
Señala que la administración de Joe Biden no ha decidido eliminar las sanciones, sino tomar decisiones a empresas estadounidenses que están esperando del régimen pagos desde hace años y no se han cumplido por las graves consecuencias de la crisis que tiene el país.
Pero, más allá de ese aspecto, al régimen le esperan otras sanciones por crímenes de lesa humanidad, que de acuerdo con organismos internacionales, entre los cuales está la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, superan las 6 mil víctimas.
Entre los casos más resonantes están la masacre del 15 de enero de 2018 cuando cuatro organismos represivos, en una operación de más de mil hombres, utilizó las armas más mortíferas para acabar con la vida de Oscar Pérez y otras siete personas, que ya se habían entregado.
El 8 de octubre de 2018 ocurrió la muerte del concejal Fernando Alban, cuyo cuerpo, según sus familiares, fue lanzado desde el décimo piso del Sebin.
El 29 de junio de 2019 murió el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, a consecuencia de las torturas a las cuales fue sometido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Es por ello que los familiares de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad esperan que la Corte Penal Internacional lleve a cabo sus investigaciones, para que esos graves delitos no queden impunes, expresa la declaración suscrita por el profesor Pedro Pablo Alcántara, coordinador nacional de Democracia y Libertad.
