Nelson Fréitez, Integrante de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, expresó este jueves 19 de mayo su solidaridad al coordinador legal de Provea, Marino Alvarado y al padre Alfredo Infante, coordinador de DD.HH. del Centro Gumilla.
«Venezuela es una de los países donde se ejecutan a más personas en operativos policiales y siempre bajo el argumento de supuestos enfrentamientos y eso lo destacó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y la Misión de Verificación de la ONU», declaró Fréitez a Elimpulso.com
«Provea y Centro Gumilla basados en informes elaborados por un proyecto llamado Lupa por la Vida, han ido documentando estas ejecuciones por parte de fuerzas policiales y destacaron en su informe de 2021 que la Policía Nacional Bolivariana bajo responsabilidad del comandante de esa Policía en Carabobo, en este caso del Gobernador del estado, fue el cuerpo policial que cometió más ejecuciones en el país», añadió.
A juicio del integrante de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, «ha reaccionado de la peor manera, en vez de decir yo me someto o abro una investigación de estos hechos que señalan estas organizaciones respetables de larga experiencia».
En este sentido, Fréitez añade que Lacava «debería haber abierto una investigación», pero en cambio «demanda a quienes están solicitando la investigación».
«Los defensores de derechos humanos tienen derecho a defender derechos, están organizados para hacerlo y en Venezuela hay libertad para la promoción y defensa de derechos humanos», sentenció.
Por último, el también coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA, concluyó:
«Expresó mi solidaridad con el padre Alfredo Infante y Marino Alvarado, quienes solo han acompañado a los familiares y a las victimas en la exigencia de justicia».
Es importante recordar que el Centro Gumilla y Provea respondieron este jueves 19 de mayo a la acusación del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, quien interpuso una demanda por «difamación» luego que se publicara un informe sobre las graves violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos judiciales, en dónde ese estado encabeza la lista.
El padre Alfredo Infante, encargado de ofrecer las declaraciones, recordó que el programa Lupa Por La Vida es una alianza entre el Centro Gumilla y Provea, afirmando que esta tiene misión «monitorear las presuntas ejecuciones extrajudiciales a lo largo y ancho de nuestro país».
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