Rechazo total tiene la Ley de Cooperación Internacional, que ha aprobado la Asamblea Nacional oficialista, porque la misma tiene objetivos destinados a restringir, y hasta hacer desaparecer, a las organizaciones no gubernamentales.
Al momento, 450 de estas organizaciones que funcionan en Venezuela han suscrito un pronunciamiento que se dará a conocer en las próximas horas, en el cual analizan detalladamente las consecuencias que contiene el texto elaborado por el régimen.
El sociólogo y profesor universitario Nelson Fréitez, docente de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y dirigente de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, al declarar al respecto, dijo a Elimpulso.com, que el motivo por el cual se ha hecho esa ley es porque el Estado quiere que los fondos de las ONGs sean controlados por el régimen y distribuirlos a su forma de actuar.
El mencionado instrumento legislativo tiene inconsistencias, objetivos distorsionados con el papel que cumplen las ONGs, e intenciones muy concretas, pero que afectarán a quienes hoy atienden esas organizaciones.
Éstas han venido trabajando para enfrentar la crisis humanitaria, ocasionada por el régimen, el cual quiere aprovecharse de los fondos que reciben muchas organizaciones que atienden a las personas necesitadas.
Pero, también afectará a las organizaciones que defienden los Derechos Humanos, precisamente porque el régimen los ha violado continuamente y como consecuencia de sus actuaciones es objeto de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional, que tiene recaudados los informes elaborados con base a las denuncias de familiares de las víctimas.
Trata el régimen de hacer lo mismo que se ha hecho en Nicaragua, donde también se ha aplicado una ley para perseguir y condenar a quienes defienden los Derechos Humanos, así como tratar de desaparecer a las organizaciones que incansablemente están denunciando crímenes contra la población.
Esta ley hecha de acuerdo a la forma de actuar el régimen está siendo rechazada totalmente por las ONGs, que están denunciando ante el mundo el proyecto que se tiene contra quienes trabajan por que se cumplan los derechos que tienen los seres humanos, tal como lo ha establecido la propia ONU.