La Ley de Cooperación Internacional, que pretende aplicar la espuria Asamblea Nacional de 2020, busca execrar a las ONG y el trabajo que realizan para minimizar el impacto de la crisis que viven los venezolanos, alertó este martes el Equipo Nacional de Movimientos Sociales de Voluntad Popular.
«Esta ley eliminaría todo el trabajo de las organizaciones que luchan por mejorar la situación de los ciudadanos. Además, acabaría con las negociaciones que existen en las diferentes instancias de cooperación internacional. La ley va directamente contra todas las libertades de asociación y organización social en Venezuela, desde las ONG hasta el trabajo que hacen los grupos religiosos, sindicales, entre otros», afirmó Fernando Aranguren, miembro de Movimientos Sociales de VP.
Sostuvo que se debe ejercer presión para evitar la imposición de esa ley porque, además de eliminar las posibilidades de acción de la sociedad civil, pretende controlar todos los fondos que vienen internacionalmente.
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Aranguren invitó a la ciudadanía a plantear una discusión pública sobre los elementos que pueden impedir la labor de las organizaciones no alineadas con el régimen. «Son las únicas que, unidas a la cooperación internacional, están supliendo la falta de políticas sociales en diferentes espacios como la ayuda humanitaria, la salud, la prevención a los embarazos adolescentes y la violencia de mujeres, niñas, niños y adolescentes».
Explicó que la propuesta de ley comenzó a evolucionar en 2009 “con una mirada fija para desmontar a las ONG y los movimientos sociales no alineados con la hegemonía de la dictadura creando el paquete de leyes llamado poder popular”.
Aranguren hizo referencia a los artículos 3, 25, 26 de la fraudulenta ley y enfatizó que las intenciones de la dictadura son controlar a la sociedad civil.
