«Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles».
«El mandato establecido en el artículo 26 de la Constitución es hoy letra muerta y los venezolanos se encuentran desprotegidos no solo ante la acción de la delincuencia sino del propio Estado, pues las instituciones encargadas de investigar y juzgar cualquier delito no son capaces de realizar dicha labor».
Así lo denunció «Acceso a la Justicia» en su informe «La administración de justicia penal en Venezuela», el cual se expone con toda crudeza el calamitoso estado en el que están las policías, el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, debido a factores como la corrupción y la falta de recursos económicos.
Para la elaboración de esta investigación se analizaron las reformas que ha sufrido el marco jurídico venezolano en las últimas dos décadas, su impacto en la labor de los organismos antes mencionados y se consultaron informes de organizaciones nacionales e internacionales sobre la materia.
En el texto se afirma que: «En el período chavista se empezó a instrumentalizar el derecho y la justicia desde el poder para obtener fines políticos; paulatinamente, el Ejecutivo nacional se apoderó de todas las instituciones, las partidizó y, al mismo tiempo, destruyó la economía y la libertad de empresa con expropiaciones, nacionalizaciones, inseguridad jurídica, controles de precios y de ganancias«.
Esta estrategia les permitió a los gobiernos de Hugo Chávez, primero; y de Nicolás Maduro, después, imponer sus planes políticos y económicos y, además, silenciar a quienes se oponían a ellos, en especial a los que hicieron uso de sus derechos constitucionales a la protesta, a la participación en los asuntos públicos y a la libertad de expresión.
«El sistema de justicia penal existe, pero no para prevenir y castigar la comisión de delitos, sino para reprimir a opositores, críticos o quienes sean percibidos como tales», se denuncia en el reporte.
En el informe se explica que la cooptación del Poder Judicial comenzó nada más entrar en vigor la carta magna de 1999, al no cumplirse cabalmente el procedimiento para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo cual produjo un efecto en cascada hacia el resto del sistema de administración de justicia.
Al respecto, el reporte denuncia lo siguiente: «El TSJ nunca ha sido nombrado como establece la Constitución, lo que ha dado lugar a un órgano totalmente dependiente del poder político. Esto ha sido grave, porque ha generado una ausencia de control judicial de los actos del poder, lo que con el tiempo ha llevado a la desaparición del Estado de derecho en Venezuela. Así, al ser los magistrados cada vez menos juristas y más bien operadores del régimen político que gobierna desde 1999, se han ido transformado en legalizadores de sus actuaciones».
Asimismo, se recuerda que el TSJ no solo es el más alto tribunal de la República, sino que además ejerce funciones de dirección, administración y gobierno del Poder Judicial, por lo cual tiene «la potestad de nombrar y juramentar a los jueces» y «de supervisar la gestión de los tribunales y sus recursos».
Desde finales del año 2003 no se celebran en Venezuela los concursos de oposición que ordena la Constitución para la asignación de los cargos de jueces, pues el TSJ no los ha vuelto a convocar. En su lugar, ha optado por realizar designaciones temporales y provisorias, a través de la Comisión Judicial.
«Esto ha puesto a los jueces en una situación muy precaria, ya que, al no haber sido designados como resultado de un concurso público de oposición, según jurisprudencia del propio TSJ, no adquieren la titularidad de su cargo y pueden ser destituidos en cualquier momento y sin procedimiento alguno».
Tal situación abre las puertas a que los jueces sean objeto de presiones para tomar decisiones, sin importar lo que digan las leyes y las pruebas que tengan al frente, so pena de perder sus empleos.
Los tribunales no son los únicos integrantes del sistema judicial con problemas. De hecho, en el informe también se analiza la situación del MP y de la Defensa Pública (DP).
En el caso del MP, se denuncia que desde la entrada en vigor de la Constitución de 1999 también ha estado controlado por el chavismo, y que además casi la totalidad de los fiscales son provisorios. Como si lo anterior no fuera suficiente, se expone que en las últimas dos décadas la Fiscalía ha visto cómo sus potestades, en su función de conducir las investigaciones relacionadas con los delitos y de ejercer la acción penal contra los presuntos responsables de los mismos, han sido disminuidas mediante una serie de reformas legales o fallos del TSJ.
Sobre la DP también se destaca su falta de independencia y se recuerda que tanto la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado su alarma por la tendencia de los jueces y fiscales a presionar a las personas involucradas en la justicia penal, sobre todo si son víctimas de violaciones de derechos humanos, para que no nombren a sus propios abogados y que recurran a los que proporciona el Estado, y en caso de no hacerlo se les amenaza con represalias, tales como la prohibición de acceder al expediente, darles información oportuna sobre las audiencias y/o penas más duras.
El informe: «La administración de justicia penal en Venezuela» hace una radiografía que explica las causas y razones por las cuáles el sistema judicial venezolano en lugar de cumplir con su deber de castigar las infracciones a la ley y reparar las víctimas se ha convertido en un organismo más de represión del Gobierno.
La investigación deja en claro la importancia para la democracia, los derechos humanos y los ciudadanos de a pie de contar un Poder Judicial independiente, autónomo, profesional y capacitado.
