Las organizaciones no gubernamentales han venido señalando un proyecto de Ley de Cooperación Internacional que está en debate en la Asamblea Nacional, la cual podría obstaculizar el trabajo realizado por estos organismos de derechos humanos en el país.
Aunque este proyecto de ley no se ha presentado formalmente en una sesión ordinaria del Parlamento, ya hay organismos alertados ante esta situación en la podrían justificar la persecución, control o la suspensión de las organizaciones, la cuales podrían dejarlas sin acceso a financiamiento externo.
De acuerdo al Observatorio Social Humanitario esta ley representa una amenaza a la libertad de asociación, la reducción del espacio cívico, a la vez que agravaría las condiciones de operación de las distintas organizaciones que trabajan en la atención de los más vulnerables.
Marianna Romero, miembro de Centro para los Defensores y Justicia (CDJ), señaló en una rueda de prensa a la que Elimpulso.com tuvo acceso que con esta reforma se retoma el ataque del chavismo, pues ya en el 2005 se venía haciendo, acciones que se intensificaron en el 2020 con al menos 5 amenazas televisadas, donde se insistió una investigación sobre las ONG, que según la administración de Maduro busca vulnerar la soberanía venezolana.
“En el 2019 registramos 135 agresiones contra personas que defienden los derechos humanos, mientras que en 2020 fueron 303 y en 2021 aumentó a 373 ataques”, expuso la activista de CDJ.
Aunado a esto, para Romero el desasosiego frente a esta agresión que sufren las asociaciones civiles que son señaladas, “preocupa por los términos tan ambiguos de esta ley y arbitrariedad que están regidos por los intereses del Ejecutivo Nacional, quienes generan mayores controles de las organizaciones”.
Por su parte, Alí Daniels de la asociación civil Acceso a la Justicia, apuntó que medida tendría muchos obstáculos y limitaciones, tales como instauración de un registro para las ONG, sistema donde el propio Estado te impide inscribirse, sumado a que «se piden requisitos para que el estado pueda decidir quién puede recibir financiamiento y cual no».
Para Deborah Van Berkel de Sinergia, el objetivo de esta medida es “controlar los recursos económicos que puedan realizar todas las organizaciones (como ONG defensoras de DDHH, medios de comunicaciones, universidades, ONG religiosas) quienes van a a estar afectadas por este proyecto”, denunció.
Van Berkel destaca que muchas de las organizaciones realizan informes del cumplimiento del Estado en base a los derechos humanos violados en el país, situación que no agrada a la administración de Maduro.
De aprobarse la ley, algunas ONG si podrían seguir funcionando con normalidad, tales como las que analizan temas legales o denuncian violaciones de DDHH, pero las organizaciones humanitarias si quedarían mal, aunque para Alí Daniels “todas las ONG vamos a ser afectadas, todas las que reciban ayuda de afuera”.
“En vez de ONG vamos a tener defensores de derechos humanos. Vas a poner tu nombre y el Estado va a poder hacer la persecución”, advirtió.
Para finalizar, los voceros de las organizaciones participantes en este encuentro señalaron que ya la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) está al tanto de este tema, por lo que esperan la unión de distintas instancias de la comunidad internacional.
