El pasado 2 de mayo, la ONG Espacio Público informó que la censura fue la violación a la libertad de expresión más recurrente en primer cuatrimestre del año 2022.
A través de un informe difundido en su página web, Espacio Público señaló que durante los primeros cuatro meses del año se registraron al menos 69 casos, los cuales contemplan 132 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
La ONG afirmó que la cifra constituye una disminución del 7% en el número de casos y del 12% con relación al total de denuncias registradas durante los primeros cuatro meses del 2021.
«Con respecto a las violaciones registradas, la censura (52) fue la más recurrente, alcanzando una cuarta parte del total de incidencias, seguidas por intimidación (30), hostigamiento verbal (24), amenaza (11), restricción administrativa (9), hostigamiento judicial (4), agresión (1) y muerte (1)«, señaló Espacio Público.
Fallas eléctricas, amenazas y hostigamiento
En el período de tiempo analizado, la ONG registró casos de intimidación, hostigamiento y amenazas recurrentes a la libertad de expresión.
La intimidación fue principalmente en el impedimento de este derecho. Estas acciones fueron ejecutadas en su mayoría por trabajadores de instituciones públicas y miembros de cuerpos de seguridad.
En repetidas oportunidades funcionarios públicos o figuras cercanas al poder hicieron uso de las redes sociales y de la televisión pública para amenazar y hostigar a periodistas venezolanos. Igualmente, estas acciones fueron ejecutadas por presuntos bots y cuentas anónimas con el propósito de intimidar.
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Las principales víctimas registradas durante el primer cuatrimestre del año fueron periodistas/reporteros (43), ciudadanía en general (26), medios de comunicación (18) y particulares (5). Por su parte, los principales victimarios fueron las instituciones del Estado (34), cuerpos de seguridad (11), funcionarios (11) y desconocidos (5).
Durante el mes de marzo la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció a través de sus redes sociales la implementación de un nuevo plan de racionamiento, denominado Plan de Administración de Cargas (PAC), con lo cual se establecieron horarios de interrupción del servicio en varias regiones del país. A pesar de este anuncio, las fallas del servicio se prolongaron más allá del tiempo estipulado lo que afectó directamente el servicio de internet, e impidió el acceso oportuno de la población a la información.
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