La ONG Acceso a la Justicia asegura que el cerco contra las organizaciones de la sociedad civil sigue. El oficialismo, tras hacerse con todas las instituciones del Estado, del grueso de las gobernaciones y alcaldías, de la Fuerza Armada y de muchos medios de comunicación, ha vuelto a fijar su objetivo contra uno de los últimos espacios fuera de su control: la sociedad civil organizada.
Explica AJ que así lo deja en claro el anuncio de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 de que ha retomado las discusiones sobre el cuestionado proyecto de Ley de Cooperación Internacional.
En los últimos días ha trascendido un borrador, que pese a ser casi similar al que reposa en las gavetas del Parlamento desde 2006 contiene una nueva disposición que daría la potestad a las autoridades de suspender, prohibir e incluso eliminar a agrupaciones civiles sin fines de lucro.
El artículo 26 del borrador establece lo siguiente:
«Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación».
La norma parece estar dirigida a inhibir a las organizaciones no gubernamentales (ONG), en especial aquellas que denuncian ante instancias internacionales la violación de los derechos humanos, el desmantelamiento del Estado de derecho y hechos de corrupción. Ello porque si sus señalamientos sustentan eventuales condenas internacionales, y estas a su vez son utilizadas por gobiernos extranjeros para justificar sanciones económicas o diplomáticas contra el Estado o funcionarios públicos e individualidades, las autoridades podrían responsabilizar a las organizaciones de dichas medidas.
En manos de Miraflores
El borrador, de veintiséis artículos y dos disposiciones transitorias, mantiene la obligación a las organizaciones civiles sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras, de tener que registrarse ante un organismo público, para así poder ejercer sus labores en el país (artículos 21 y 22). Asimismo, sigue previendo, en su artículo 14, la creación del polémico Fondo de Cooperación Internacional, el cual se nutrirá de «los legados, donaciones, transferencias y otros recursos que para el apoyo a la cooperación entre países reciba de otros gobiernos, de organismos internacionales, de fuentes cooperantes e instituciones públicas y privadas ya sean nacionales o extranjeras».
Si lo anterior no fuera suficiente, el texto da al presidente de la República la tarea de dictar un reglamento para regular los demás aspectos no previstos en la ley. Una misión que el jefe de Estado deberá cumplir en noventa días, de acuerdo a la disposición transitoria segunda.
Ello abre las puertas para que sea el régimen quien imponga restricciones u obstáculos adicionales a la labor de las ONG, en especial si opta por crear el organismo previsto en el artículo 11. Dicha norma establece:
«Sin perjuicio de las competencias asignadas a otros ministerios, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá crear un órgano desconcentrado de carácter técnico especial, dependiente del ministerio con competencia en materia de cooperación internacional, con autonomía administrativa y financiera, el cual estará encargado de ejecutar y apoyar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades de cooperación internacional que impulse el Estado, mediante la captación, prestación y administración de recursos que provengan o sean destinados a actividades de cooperación internacional. Asimismo, ejercerá funciones de organización, dirección, control, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de cooperación internacional en donde participe el Estado venezolano».
Esto afectará sobre todo a la cooperación internacional en materia humanitaria, ya que difícilmente quienes aportan recursos querrán entregarlos a un fondo del régimen. Al final serán los más vulnerables, aquellos que reciben el apoyo de las organizaciones que trabajan en materia humanitaria, los que realmente se verán perjudicados por este tipo de medidas.
Más motivos para preocuparse
El presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, el diputado Timoteo Zambrano, admitió que el tema vuelve a estar en la agenda, pero negó que el propósito del Parlamento sea acabar con las ONG y calificó este señalamiento como una «leyenda negra». Esto dijo al respecto el legislador en una reciente entrevista:
«El proyecto de ley lo recibimos al llegar a la comisión, ya estaba, y apenas estamos empezando a discutirlo, es un proyecto al que le falta mucho camino por recorrer y que seguramente experimentará muchos cambios al momento de que sea llevado a la cámara. No quiero adelantar nada, pero el objetivo de la ley es buscar la transparencia en la cooperación internacional, nada más».
El parlamentario Zambrano parece olvidar que instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han cuestionado el texto, por considerarlo un riesgo para los derechos a la asociación y a la participación en los asuntos públicos.
Las palabras de Timoteo Zambrano contrastan con las sucesivas amenazas que en los últimos años han lanzado voceros del chavismo contra las ONG. Muestra de ello son las palabras del entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello:
«Vamos a revisar las leyes que tengan que ver con el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países (…) Vamos a aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda, a aquellos que reciban financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria. ¡Ya basta pues!».
Entre 2020 y 2021, las autoridades emprendieron una ofensiva contra la sociedad civil, la cual incluyó la providencia que obliga a las agrupaciones y asociaciones civiles a registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo y la orden de la Superintendencia de Bancos (Sundedan), para que las instituciones financieras vigilaran las cuentas de las ONG. También durante esos meses se produjeron allanamientos a sedes de esas instancias y detenciones de varios activistas, siendo uno de los más emblemáticos el del director de Fundaredes, Javier Tarazona.
En resumen, el cerco contra las organizaciones continúa.
Otro aspecto que no se puede pasar por alto es la concepción politizada, y hasta cierto punto trasnochada, que el Gobierno tiene de la cooperación internacional. Así, en la exposición de motivos del borrador señala:
«Una de las herramientas más utilizadas de imposición e intervención de las potencias ha sido tradicionalmente la llamada “Cooperación para el Desarrollo”, entendida como dádivas condicionadas a comportamientos subordinados a sus propios intereses geopolíticos y comerciales en el escenario internacional, en adición al mecanismo perverso de la deuda externa y la imposición de recetas económicas profundamente distorsionadoras del ámbito social y humano por parte de entes, tales como: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Organización Mundial de Comercio (OMC), y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en cuyas decisiones predominan los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos y también de otros países desarrollados más allá del poder de sus votos y mecanismos institucionales bajo su control dentro y fuera de esos organismos».
No se entiende cómo es posible que la cooperación que pueda darse, por ejemplo, para denunciar casos de tortura, se encuadre dentro de lo antes expuesto.
Y a ti venezolano, ¿Cómo te afecta?
El nuevo borrador de la Ley de Cooperación Internacional revela que las autoridades siguen empeñadas en reducir lo que la alta comisionada Michelle Bachelet, ha llamado «el espacio cívico y democrático». Desde el Palacio de Miraflores se insiste en sus planes de cooptar y controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida nacional en el que haya algo de independencia y autonomía. Con este proyecto, el régimen de Maduro busca intensificar su política persecutoria contra las ONG, atacando aún más sus condiciones de funcionamiento; y, sobre todo, afectando a los más débiles, a los que reciben la ayuda de esas organizaciones que ahora se pretende ilegalizar, en particular las de carácter humanitario.
