En el mes de marzo se documentaron 28 actos de persecución y criminalización ejercidos por Nicolás Maduro contra los trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con el activismo político, organizaciones de la sociedad civil y contra la población, para un total de 99 casos en el primer trimestre del año, denuncia el Centro de Justicia y Paz(Cepaz).
Entre los sujetos perseguidos se encuentran 31 personeros políticos, 3 organizaciones de la sociedad civil, 57 trabajadores de la comunicación y 8 ciudadanos. Por género tenemos 18 víctimas mujeres, 61 hombres y 20 casos de víctimas hombres y mujeres. Mientras que por patrones encontramos 2 cierres de emisoras de radio, 2 suspensiones de programas de radio, 24 impedimentos de registrar un hecho, 35 actos de hostigamiento, amenaza y criminalización, 5 casos de irregularidades en procesos judiciales, 1 caso de medios de comunicación afectados por la emergencia humanitaria compleja. También un asesinato bajo negligencia del Estado, 8 bloqueos de páginas web, un acto de violencia y 13 detenciones arbitrarias. Los patrones documentados en nuestros monitoreos se encuentran enmarcados en acciones sistemáticas y reiteradas que ejercen quienes hoy detentan el poder como parte de una política para permanecer en el mismo.
Patrones de persecución y criminalización identificados en marzo
En el monitoreo y análisis de los 28 casos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de marzo, se identificaron las siguientes acciones: cierre de una emisora de radio, suspensión de un programa de radio, 9 impedimentos de registrar un hecho noticioso, 11 actos de hostigamiento y criminalización, 5 casos de irregularidades en procedimientos judiciales y un caso en donde los medios de comunicación se han visto afectados por la emergencia humanitaria compleja.
Categoría de sujetos víctimas de la persecución y la criminalización
De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela durante el mes de marzo, identificamos: 16 contra trabajadores de la comunicación, 5 contra personas vinculadas al activismo político, 2 contra organizaciones de la sociedad civil, y 5 contra ciudadanos. Por género tenemos 5 víctimas mujeres, 14 hombres y 9 casos de víctimas mujeres y hombres.
De los cinco casos de hostigamiento documentados en marzo, tres se llevaron a cabo por agentes de seguridad del Estado. Específicamente el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y agentes de PoliBaruta. Los dos casos restantes de hostigamiento se generaron a través de las redes sociales por el conductor del programa «Zurda Konducta», transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
En los actos de hostigamiento contra los trabajadores de la comunicación nos encontramos con acciones como fotografiar a los periodistas con el fin de intimidarlos. También documentamos una retención policial con solicitud de documentos y desacreditación del medio de comunicación y la labor periodística. Por último, discursos de criminalización y estigmatización de la labor periodística, señalandolos como criminales y terroristas mediáticos.
Los nueve casos en los que pudimos documentar el impedimento al acceso y difusión de información se llevaron a cabo en los siguientes contextos: Protección Civil le negó información a cuatro periodistas sobre los daños que provocaron las lluvias en el estado Táchira; a un periodista le impidieron ingresar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el estado Mérida y registrar la entrega de un documento con exigencias de los pensionados, y a cuatro medios de comunicación se le impidió registrar una protesta de pacientes renales y oncológicos en el estado Falcón.
Adicionalmente, varios medios de comunicación del estado Táchira manifestaron ser afectados por la emergencia humanitaria compleja, debido a los continuos cortes de electricidad, la falta de combustible y de recursos para reparar equipos.
Cinco actos de persecución política y criminalización contra personeros políticos
En el mes de marzo se produjo la suspensión de un programa de radio dirigido por el partido político opositor al régimen de Nicolás Maduro, Voluntad Popular. El acto de censura documentado contra el programa de radio «Unidos para Luchar» se trata de una medida de represalia contra el partido político, razón por la cual la enmarcamos dentro de un patrón de persecución contra personeros políticos.
5 actos contra los ciudadanos/población
De la totalidad de los casos documentados contra la población, cuatro se trataron de la suspensión de audiencias contra ciudadanos que, por los motivos y el contexto bajo el cual fueron detenidos, hoy son considerados presos políticos. En tres de los casos el juicio contra los acusados se tardó más de cinco años en iniciarse y las audiencias han sido suspendidas en reiteradas oportunidades. Mientras que en el cuarto caso el preso político lleva 10 años detenido sin una sentencia definitiva.
El quinto caso que documentamos se trata de la ex jueza María Lourdes Afiuni, quien por más de una década ha sido una perseguida política. En el mes de marzo el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones del Área Metropolitana de Caracas le denegó, sin explicar las razones, una solicitud de viaje con el fin de recibir atención médica por el cáncer que padece.
Los casos narrados son solo un ejemplo del patrón de violaciones a la libertad personal, a la integridad personal y la violación a las garantías judiciales de las cuales son víctimas los presos políticos en Venezuela.
