En un foro virtual realizado por la organización Defiende Venezuela, expertos en derecho penal evaluaron la solicitud hecha por el Estado venezolano a la Corte Penal Internacional sobre suspender el proceso de investigación sobre casos de lesa humanidad que pesa sobre el régimen de Nicolás Maduro.
Las abogados, Daniela Suárez y Martina Alcarra, detallaron como la solicitud ha repercutido en el proceso que ya se venía adelantando por parte de la Corte Penal y las limitaciones que ha tenido el mismo, tras la solicitud de Venezuela
Suárez, consultora en derecho penal internacional del Comité de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y del Cepaz, recordó que la aplicación del artículo 18 del estatuto de Roma, al cual Venezuela apeló para solicitar el aplazamiento de la investigación, no había sido tocado por casi ningún estado.
Asimismo, precisó que el caso remitido a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, no tiene un tiempo determinado para deducir si se puede continuar con la investigación que realizaba la oficina del Fiscal Karim Khan en Venezuela.
“El estado venezolano no presentó pruebas nuevas, entonces la Fiscalía no tomó mucho tiempo para pronunciarse. Sabemos que la Fiscalía no ha podido tomar acciones de investigación de forma directa hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares no tome una decisión”, dijo la abogado.
De igual forma Suárez precisó que el Estado venezolano en vez de ofrecer información nueva, se ha ofrecido a querer investigar, los casos de violaciones de Derechos Humanos y Crímenes, hecho que no es suficiente para que la fiscalía desista de la investigación.
“En Venezuela hemos tenido el problema de que no existe un máximo responsable que haya sido investigado o enjuiciado por estos hechos. Si tomamos en cuenta, la fiscalía siempre ha estado orientada a investigar a los responsables”, recordó.
124 casos en investigación
Por su parte, la abogado Martina Alcarra, recordó que la investigación emprendida por la Corte Penal Internacional fue un proceso iniciado en 2018, que acumula un total de 124 asuntos que serían los que actualmente se investigan como crímenes potenciales de lesa humanidad.
En el grado que se encuentra la investigación sobre Venezuela no se habla de víctimas, sino de potenciales casos o víctimas.
“Tenemos el contexto del memorando de entendimiento entre el régimen y la CPI, el pasado enero a solicitud de Venezuela, la Fiscalía proporcionó al Gobierno, datos sobre posibles asuntos que están investigando, entre los que figuran DDHH, Informes públicos y otras potenciales violaciones”, expuso Alcarra.
“Para que las pruebas sean suficientes, deben tratarse de investigaciones auténticas y genuinas. Se considera que un proceso nacional no es genuino, cuando hay demora en el juicio (…) Es inconcebible que de los asuntos, que se investigan, solo 3 tengan sentencia condenatoria y 116 estén en fase de investigación”, dijo la experta en derecho.
Precisó que actualmente hay un retardo procesal que se traduce en la intención del estado venezolano de proteger a los responsables de crímenes
“Es evidente la falta de eficiencia del poder judicial, la investigación sigue y le corresponderá a la sala de asuntos definir si el fiscal puede seguir. Ya veremos a largo plazo si en verdad son genuinos y auténticos y se tomará en cuenta los elementos de cada uno de los potenciales casos”, añadió.
La abogado concluyó que por parte de la CIPI, habrá un llamado a víctimas y sociedad civil a seguir ejerciendo presión para que ningún caso se quede sin investigar.
