En la escogencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia quedó demostrado que el régimen hizo lo que quiso: 1) el Poder Ejecutivo mantiene absoluto control sobre el Poder Judicial; 2) la mayoría de los seleccionados pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela; 3) abuso de poder al permitirse que magistrados volvieran a postularse y ser designados; 4) violación flagrante de la Constitución al aceptarse los aspectos anteriores mencionados e interrumpir el período de ejercicio de los magistrados que no han terminado sus doce años de funciones y extensión del ejercicio a los más connotados activistas del partido oficialista; 5) aplicación de la aplanadora partidista en el cuerpo legislativo al votar en bloque cuando ha debido ser por cada uno de los postulados como se estila en todos los parlamentos del mundo; y 6)desconocimiento total de la carrera judicial.
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La denuncia fue hecha por el exparlamentario Pedro Pablo Alcántara, quien señaló como el hecho más grave ocurrió al final de la sesión de la Asamblea Nacional 2020, en la que fueron juramentados los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Al presidente de la cámara legislativa, Jorge Rodríguez, se le salió esta frase lapidaria: “Están juramentados para que sirvan al presidente de la República”.
Esa expresión del presidente del Poder Legislativo se corresponde con la conformación política partidista del máximo tribunal del país, ya que 17 de sus veinte integrantes están plenamente identificados con el régimen y 12 de ellos ya eran miembros del TSJ.
Este organismo fue escogido inconstitucionalmente, porque no se respetaron las normas, explicó. Cada persona que sea escogida para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia tiene un período de ejercicio de 12 años.
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Aunque la Constitución sólo establece medidas sancionatorias para los jueces no dice nada de la palabra magistrado, apuntó. Los magistrados no gozan de impunidad alguna porque haya una omisión en el artículo respectivo. Son funcionarios públicos de acuerdo al artículo 25 de la Constitución. Deben tener legitimidad en su origen y cumplir los mandatos de la ley, para que no se vaya a impugnar la permanencia en el cargo. El Poder Moral tiene atribuciones para abrir procedimientos de investigación que conlleven a la destitución de cualquier funcionario.
De allí, pues, que el período tiene que cumplirse a rajatabla, si no se ha presentado motivo para su destitución, dijo. Cuando un magistrado ha comenzado su ejercicio en 2015 y ha llegado al 2022, lleva siete años en sus funciones y le faltan cinco años para terminarlo. Y las causales para que salga del cargo son: renuncia, el abandono al puesto o la comisión de algún hecho considerado punible.
La Asamblea Nacional no tiene cualidad para interrumpir el período del funcionario. Pero, si lo hizo para algunos de los 32 magistrados y sus suplentes para establecer un nuevo tribunal, se lo alargó a otro.
No es posible que en la escogencia hecha por ese poder tengamos magistrados particularismos que, además de haber tenido ya siete años en el cargo, tendrán 19 años porque su selección les garantiza 12 años. Esta es una decisión al margen de la Constitución y violatoria de la misma.
Ya en el 2015, Diosdado Cabello cometió violación flagrante a la Constitución cuando permitió que diputados se postularan a magistrados del TSJ. Ahí están los casos del flamante magistrado Malaquías Rodríguez, Maikel Moreno y Gladys Gutiérrez, presidente y vicepresidenta del TSJ los últimos, para no mencionar los demás. Se incurre también en abuso de poder. Eso no es nada revolucionario, sino todo lo contrario.
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Llama la atención la aplicación de la aplanadora en el proceso de votación, ya que no se permitió que los diputados pudieran votar por cada uno de los postulados, sino que se hizo en bloque, cosa absurda en un parlamento.
Y asimismo se ha desconocido la capacidad, experiencia y méritos de quienes, sin ser miembros de partido, aspiraron ser magistrados por tener una dilatada trayectoria profesional. Se impuso descaradamente la militancia política. Un Tribunal de Justicia de la envergadura que debe tener el máximo de un país tiene que ser conformado por profesionales de alto nivel e incluso la Constitución establece las normas para quienes deben ser garantes de la justicia.
Definitivamente, esa selección no sólo violenta la Constitución, sino que ante los ojos de la sociedad venezolana ha quedado como un TSJ írrito escogido por una Asamblea Nacional írrita y, por tanto, no merece la confianza del país.
