Por vez primera, en 22 años, se encuentra en Venezuela una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, por tanto, existe gran expectativa de los resultados que se puedan obtener de las conversaciones que se realizarán con representantes del gobierno, empleadores y trabajadores.
El doctor Omar Agüero, secretario ejecutivo del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara (SEPEEL), al ser entrevistado por Elimpulso.com, dijo que dicha comisión, integrada por 7 miembros de la OIT, llega después del informe que fue presentado por la Comisión de Entrevista del mencionado organismo.
Ésta, el mes pasado, pidió a Nicolás Maduro “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenaza, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión” contra organización de empleadores y trabajadores no afectos al gobierno.
Conviene señalar que la OIT ha venido actuando y haciendo recomendaciones al régimen venezolano, después que la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) elevará sus denuncias ante esa instancia, una vez que el Ejecutivo Nacional desconociera sus responsabilidades ante los empleadores y trabajadores.
Al respecto, el doctor Agüero precisó que aquí se han desconocido y, en consecuencia, violado varios artículos del convenio que tiene Venezuela con la OIT, en particular el número 87, referido a la libertad sindical; y el 144, el funcionamiento de la comisión tripartita formada por los empleadores y trabajadores, con participación del Ejecutivo Nacional para que las decisiones tomadas sean cumplidas estrictamente.
De igual forma no ha respetado el cálculo del salario mínimo, ya que el Ejecutivo Nacional ha procedido, unilateralmente, a establecerlo y ya sabemos que lo dispuesto no satisface las necesidades básicas del trabajador, ni mucho menos la de su familia.
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, la política del gobierno ha sido la de desconocer las centrales sindicales de los trabajadores y de montar sindicatos paralelos, afectos al gobierno, que son los que se sientan con los funcionarios a discutir no la contratación colectiva, sino la figura normativa, que es lo que se está aplicando ahora.
El gobierno ha secuestrado los derechos de los trabajadores, prosiguió. No hay libertad sindical, no hay salarios justos, ni pensiones dignas. Los trabajadores perdieron el sistema de seguridad social. No hay salud ni seguridad laboral. No hay derecho a la huelga porque están prohibidas. Y no hay elecciones para renovar las autoridades sindicales.
El gobierno se reúne con sus centrales para decirles qué les va a pagar a los trabajadores, como lo va a hacer y cuándo. Este es el drama social en el cual están inmersos, aproximadamente, 9 millones de trabajadores activos, pensionados y jubilados.
Desde el 2003 los trabajadores, a través de sus sindicatos, han venido haciendo denuncias ante la OIT y se han presentado casos de detenciones, como el de Rubén González, de Ferrominera.
Y en el 2015 fue Fedecámaras la organización que comenzó a plantear los problemas a la OIT, lo que motivó a que esa institución, de la cual Venezuela es signataria, se avocara al conocimiento de hechos sumamente graves y formular recomendaciones, que el gobierno ha hecho caso omiso.
En el 2018 vino a Venezuela la Comisión de Encuesta se entrevistó con empresarios y los trabajadores, mientras que el gobierno hizo sus alegatos. Los informes fueron pasados al Consejo de Administración, que es la máxima instancia de la OIT, la cual ahora ha enviado esa comisión de alto nivel.
Al hablar de la conducta del gobierno, que ha irrespetado y violentado todos los derechos de los trabajadores, puso como ejemplo el de su sindicato, que funciona en Lara.
Nosotros, explicó, introdujimos un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo por las violaciones de nuestros derechos laborales, pero ese tribunal lo desestimó. Acudimos a la Defensoría del Pueblo, en tres oportunidades, demandando respuesta; pero, no la obtuvimos. Y luego procedimos a exigir de la Fiscalía Superior del estado Lara su intervención porque los organismos encargados de velar por nuestros derechos no cumplían sus obligaciones, también desestimaron nuestro caso y por eso no nos quedó otra alternativa que llevarlo a los tribunales. No nos queda más que insistir y hacer pronunciamientos públicos.
El último recurso que tenemos es acudir a las instancias internacionales, documentando cada caso, porque en Venezuela no hay actuación a favor de los trabajadores, no obstante que la Constitución le establece derechos a todos los trabajadores, sin excepción.
La visita de la comisión de alto nivel de la OIT genera expectativas, por supuesto, y esperamos que haya resultados, terminó sus declaraciones el doctor Agüero.
