“La Carta” que dirigimos al presidente Biden solicita un cambio de estrategia en el uso de las sanciones económicas en contra del gobierno del presidente Maduro. Dicho cambio se venía perfilando al cambiar el gobierno de los EE. UU. Para Trump, las sanciones eran, “supuestamente”, para “cambiar el gobierno”; mientras que para Biden, dichas sanciones serían un instrumento para negociar cambios en las políticas del chavismo.
Aunque para algunos opositores la versión de Trump es la correcta, a muchos analistas nos pareció que Trump utilizaba una postura dura para congraciarse con los votantes de Florida en su competencia con Hillary Clinton, pero que no tuvo una sincera intención de utilizar las sanciones ni fuerza alguna para cambiar al gobierno de NM. Sin embargo, cabe notar que muchos de los firmantes (analistas y empresarios y sindicalistas), ya nos habíamos preguntado, tiempo antes de que llegara Biden a la Presidencia, “¿para qué servían esas sanciones?”. Es más, algunos habíamos investigado el potencial de las sanciones económicas en cambiar gobiernos y encontramos que, de unos 180 casos de países sancionados por las potencias (Rusia, China, EE. UU., Alemania, etc.) en los últimos 100 años, sólo siete gobiernos habían cambiado por esa presión: ¡Un magro 4% de éxito! De allí que los gobiernos sancionados más conspicuos siguen todos allí.
“La Carta” no plantea que se suspendan todas las sanciones porque, al eliminarlas, el gobierno de NM no tendría incentivos para cambiar sus políticas. Se trata de una negociación incremental, progresiva y sin enamoramiento alguno: “tú me das, yo te doy”. Pero si, “Tú me vuelves a quitar, yo también te vuelvo a quitar”.
En todo esto, cabe destacar que estamos hablando exclusivamente de sanciones económicas, financieras, comerciales. “La Carta” no se inmiscuye en sanciones personales. Aunque, para mi, es obvio que las políticas chavistas dañaron más nuestra economía que las sanciones, “La Carta” no toca ese punto.
En cuanto a las críticas a “La Carta”, llama la atención que casi nadie dijo algo en contra de incrementar las inversiones occidentales para exportar más petróleo, a pesar de que, para ello, es necesario flexibilizar sanciones y a pesar de que el gran beneficiario de esta negociación sería el gobierno de NM. Puede ser que, al no decir nada, estuviesen pensando que nos interesa que los países occidentales recuperen el espacio geopolítico que perdieron, por sancionar a Venezuela, ante sus competidores geopolíticos acérrimos: China, Rusia, Turquía e Irán. La contradicción está en que ahora, que “La Carta” plantea extender ese mismo enfoque a otros sectores, surja un revuelo en contra.
Por último, cabe destacar que todos tenemos derecho a opinar como consideremos conveniente. De eso se trata la Democracia. Pero el opinar necesita enfocarse en el problema, sin aludir a las características de las personas que opinan. Y esto tiene dos planos. En el plano socio psicológico, las encuestas indican que la mayoría de los que vivimos en Venezuela vemos en la “negociación” la primera herramienta para resolver los problemas del país. En cambio, la mayoría de los venezolanos que viven fuera y opinan tienden a tener posiciones más confrontacionales. La experiencia de vivir dentro o fuera del país crea dos psicosociologías diferentes y es comprensible que quienes viven fuera se sientan más distantes del gobierno de NM, bien por sus políticas que nos arruinaron y forzaron a migrar; o, peor, se trata de perseguidos políticos que tuvieron que huir. Comprender esto es respetar al que piensa diferente. En cambio, quienes vivimos aquí, a pesar de las críticas que hemos mantenido sobre la mala gestión de gobierno, necesitamos partir del supuesto de que tenemos que entendernos y convivir con el que no es igual a nosotros. Esta postura también hay que entenderla y respetarla.
Pero, lo que todo texto de negociación proscribe como inaceptable es el referirse a rasgos personales como argumento para hacer valer intereses. Se debe ser duro con el problema, pero blando con las personas. Si el argumento para “demostrar” que la flexibilización de las sanciones a cambio de concesiones en las políticas del gobierno es inconveniente pasa por llamar “amorales”, “incompetentes” o “vendidos” a los que hacen la propuesta, allí no queda diálogo posible;… sino el silencio. De la misma manera, quienes propongamos dicha flexibilización no podemos argumentar que quienes se oponen lo hacen porque “como no se ponen de acuerdo ni logran recuperar el apoyo popular, buscan que los países extranjeros, mediante las sanciones, les hagan el trabajo de cambiar el gobierno.”
Estos juicios, fundados o no, duelen tanto que nos bloquean psicológica y socialmente contra el diagnóstico y las soluciones que toda sociedad Democrática debe buscar incorporando a todos sus miembros; no excluyéndolos. Por lo pronto, “La Carta” destrancó el juego en congruencia con el 75,4% de nuestros habitantes que apoya la flexibilización de las sanciones.
José Antonio Gil Yepes
@joseagilyepes
