De acuerdo con la ONG Justicia Venezolana, hay 194 presos políticos militares en el país, de los cuales 31 se encuentran tras las rejas sin que se haya dado inicio a sus juicios, y sin importar que llevan hasta cuatro años en prisión preventiva, denuncia la directora de la ONG, Lilia Camejo.
En efecto, recuerda que desde 2014 la situación de los militares institucionales en Venezuela se ha venido deteriorando, producto principalmente de la persecución por motivos políticos. Se indica que el seguimiento que hacen en Justicia Venezolana de los casos contra los oficiales, les permite denunciar la existencia de graves violaciones a las garantías procesales al mantenerlos privados de libertad sin juicio.
Camejo explica que si bien el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que una vez llegado el expediente al tribunal de juicio, el mismo debe iniciar en un máximo de 10 días, la realidad es que en los tres casos en los que se encuentran acusados estos 31 militares, el acto de apertura de juicio promedia 650 días de retardo.
La revisión de las tres causas, Armagedón (11 militares acusados), Rodríguez Torres y Operación Libertad (19 castrenses acusados), da cuenta que en todas las fases procesales estos oficiales han sufrido severo retardo procesal. Por ejemplo, junto con el acto de apertura de juicio, la audiencia preliminar es la que más retraso registró, ya que promedió 833 días de atraso, cuando el COPP señala que, una vez presentada la acusación, debe ser fijada en un lapso no mayor a 20 días.
Camejo advierte que esta práctica dañina de mantener en prisión sin juicio a los oficiales es una forma de castigo anticipada, que lesiona los derechos humanos y garantías procesales de estos 31 presos políticos militares, por lo que hizo un llamado a iniciar sin más demoras los juicios.
Desde Justicia Venezolana destacamos que las dilaciones indebidas en los procesos seguidos en contra de los militares presos por razones políticas son imputables a los tribunales que llevan estas causas, por lo que se exhorta a los jueces a no someter más a los oficiales a largos procesos que son violatorios de las leyes y sus derechos.
