Vivir en ciertas zonas de Venezuela puede representar un gran peligro para sus habitantes. Así lo refleja un informe internacional en el que se analizan las «zonas de sacrificio» y las consecuencias de las mismos sobre los derechos humanos.
La extracción de petróleo o minerales, puede generar zonas con niveles tan altos de contaminación que pueden afectar la salud y economía de los pobladores locales a largo plazo, señala la organización Clima 21.
El pasado 11 de marzo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, en conjunto con el Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos entregaron al Consejo de Derechos Humanos un informe que explica los impactos de estas zonas, las cuales quedaron definidas como “lugares donde los residentes sufren consecuencias devastadoras para la salud física y mental y violaciones de los derechos humanos por vivir en focos de contaminación y zonas muy contaminadas”.
El informe señala que la crisis de la contaminación es una de las tres crisis ambientales globales, (junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad) que de las tres, debido a los productos tóxicos, es responsable de la muerte de al menos 9 millones de personas al año. Más muertes que las derivadas de la pandemia de COVID-19.
«Es claro que la contaminación puede afectar a todas las personas en todos los lugares, pero el informe subraya un aspecto crítico: que la carga de la contaminación recae de forma desproporcionada sobre los hombros de personas, grupos y comunidades que ya soportan la pobreza, la discriminación y la marginación sistémica», se lee en el texto.
«Es claro que la contaminación puede afectar a todas las personas en todos los lugares, pero el informe subraya un aspecto crítico: que la carga de la contaminación recae de forma desproporcionada sobre los hombros de personas, grupos y comunidades que ya soportan la pobreza, la discriminación y la marginación sistémica», se lee en el texto.
Zonas de sacrificio
Según reseña la organización Clima 21, desde el inicio de la industria petrolera en Venezuela en el lago de Maracaibo fueron vertidas cantidades inmensas de hidrocarburos contaminando sus aguas haciéndolas inservibles para su consumo y letales para las especies que allí vivían.
Adicionalmente, durante el período entre los años 1976 a 1992 la Planta de Cloro-Soda ubicada en la costa oriental del Lago de Maracaibo generó efluentes mercuriales que llegaron hasta la Bahía de El Tablazo.
Otra planta de Cloro-Soda estuvo operando en Morón, estado Carabobo entre los años de 1957 y 1976. Se calcula que la misma vertió un total de 21 toneladas de mercurio al ambiente causando que peces y otros organismos marinos presentaran altos niveles de mercurio.
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Hace treinta años se publicaron los primeros reportes de contaminación por mercurio relacionados con la explotación del oro en la región de Guayana. Actualmente hay evidencia de zonas contaminadas en la mayoría de los ríos en los estados Bolívar y Amazonas.
Las víctimas
Clima 21 señala que actualmente hay evidencias de que existe un número muy alto de personas contaminadas por mercurio en Bolívar y Amazonas, pero no hay ninguna información de que el gobierno las esté atendiendo.
En diversas localidades de los estados Anzoátegui y Monagas un número no precisado de trabajadores y residentes locales sufren de graves enfermedades respiratorias. Estudios realizados por distintas universidades han concluido que la emisión de gases contaminantes por la industria petrolera supera las normas de la OMS.
Tal como expresa el informe ates mencionado, las víctimas en casi todos los casos han sido explotadas y estigmatizadas, se les ha tratado como objetos desechables y se les ha pisoteado su dignidad y sus derechos.
Asimismo, el texto deja claro que estas zonas de sacrificio son violaciones inaceptables a los derechos humanos de estas comunidades, y en tal sentido son una “mancha en la conciencia colectiva de la humanidad”.
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