Un total de 98 ataques e incidentes de seguridad registró el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), entre enero y marzo del 2022, lo que evidencia cómo el Estado venezolano continúa agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos.
A pesar de observarse una disminución en el número de agresiones, resaltamos que los niveles de riesgo siguen siendo altos para el movimiento de derechos humanos, en tanto persisten las limitaciones a sus actividades, la criminalización de las mismas y las amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y campañas de estigmatización siguen siendo graves.
No se toman medidas que garanticen el espacio cívico y democrático
El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil. El Estado mantiene las medidas autoritarias, de forma legal y fáctica. En este contexto, siguen ocurriendo agresiones en contra de quienes promueven defienden y exigen derechos.
Los 98 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
.- 68 Estigmatización
.- 18 Instimidación y Hostigamiento
.- 10 Amenazas
.- 3 Otros
Lejos de atenderse los reiterados llamados de la comunidad internacional y mecanismos de derechos humanos, el Estado sigue sin emplear los correctivos necesarios para cesar la Política de Criminalización y por el contrario, se siguen materializando distintos tipos de ataques en contra de quienes documentan, denuncian y difunden los abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.
La criminalización vulnera el derecho a defender y exigir DD. HH.
Al cierre del primer trimestre del año, la Política de Criminalización de la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos permanece vigente. A través de la ejecución de distintas acciones se sigue buscando restringir el trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos bajo el perfeccionamiento de la aplicación de la tesis del enemigo interno.
Igual que en el primer trimestre de 2021, entre los meses de enero y marzo de 2022, la estigmatización continuó encabezando el patrón de ataque en contra de la defensa de los derechos humanos. El discurso de odio, desprestigio y descalificación en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país fue reiterado.
Preocupa al CDJ que, en la medida en la que se continúe estigmatizando la defensa de los derechos humanos, y continúe la impunidad frente a las amenazas, intimidaciones, hostigamiento y otras agresiones; se incrementan los niveles de riesgo para quienes defienden derechos humanos. Debido a una matriz de opinión generada por los más altos funcionarios del Estado se fortalece la tesis del enemigo interno en su contra, impulsando a que otros actores, pueden verse motivados a materializar agresiones de algún tipo en contra de quienes defienden derechos en el país, así como también sumarse a las campañas descalificatorias que afecta el trabajo y la integridad moral de las organizaciones y personas defensoras.
Ante el trabajo de documentación, denuncia e incidencia que mantienen las organizaciones de derechos humanos ante los Sistemas Internacionales de protección, desde el CDJ alertamos que la criminalización de estas actividades representa, junto a la implementación de la tesis del enemigo interno, una grave amenaza para la promoción, defensa y exigencia de los derechos humanos, toda vez que mantiene a quienes ejercen esta labor en una situación permanente de riesgo de ser objeto de ataques o agresiones; así como también limita y compromete su trabajo de denuncia, documentación y acompañamiento. Por ello exigimos el cese inmediato de la criminalización de las acciones de cooperación e interacción con los procedimientos y mecanismos internacionales de protección.
Mientras no exista un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los derechos humanos, y mientras sigan vigentes las medidas restrictivas del espacio cívico y democrático, las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos Venezuela seguirán enfrentando graves riesgos por el ejercicio de su labor.
El Estado debe avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de la comunidad internacional y adoptar todas las medidas necesarias para avanzar en la construcción de entornos propicios y seguros, que permitan ejercer el derecho a defender derechos humanos sin que haya temor a ser víctima de agresiones o represalias.
