La carta abierta, suscrita a título personal por veinticinco ciudadanos venezolanos al Gobierno y Congreso de los Estados Unidos, con el fin de resolver la crisis venezolana, por considerar que “la política de presión máxima y sanciones económicas no lograron su objetivo, “ origina opiniones diversas en el país, pero no de apoyo al planteamiento.
El doctor Joel Rodríguez Ramos, abogado constitucionalista y docente, y el ingeniero Daniel Orellana, máximo dirigente de Voluntad Popular en Lara, entrevistados por separado, coincidieron en señalar que las sanciones no ocasionaron la crisis, porque ya ésta se desarrollaba cuando fueron tomadas esas medidas.
Comienzan a ser aprobadas, las de tipo económicas, el 16 de diciembre de 2014 por el Congreso de los Estados Unidos.
Al año siguiente, el presidente Barack Obama, mediante el decreto ejecutivo número 13.692, declara al gobierno de Nicolás Maduro “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior causada por la situación en Venezuela».
El gobierno de Obama había denunciado violación de Derechos Humanos en Venezuela, donde desde febrero a mayo de 2014 cuando fueron asesinados en manifestaciones 43 personas y más de 3000 detenidas.
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En esa ocasión fueron sancionados: Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana; Antonio José Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional; Manuel Gregorio Bernal Martínez, ex director del Sebin; Miguel Alcides Vivas Landino, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Justo José Noguera Pietri, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana; y la fiscal Katherine Nayarith Harington Padrón, quien formuló acusaciones contra la diputada María Corina Machado y el alcalde Antonio Ledezma, detenido, por intento de golpe de Estado.
Desde entonces se fueron tomando sanciones en respuesta a la represión de protestas, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el adelanto y celebración de las elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral, así como funcionarios activos y retirados del Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional Constituyente, Fuerza Armada Nacional y cuerpos de seguridad, al igual que empresas y embarcaciones. Y por los delitos de violación de Derechos Humanos, corrupción y degradación del Estado venezolano. Además de congelación de cuentas y bienes, fueron sancionadas las industrias del petróleo, oro, minería y banca.
Aún más, no sólo se han aplicado sanciones sino que todavía están vigentes las recompensas fijadas por la justicia estadounidense por Maduro, Maikel Moreno, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Néstor Reverol Torres, Luis Motta Domínguez y otras figuras del régimen.
Presiones
Al ingeniero Orellana le llama la atención que a quienes suscribieron la carta parecen desconocer las razones por las cuales existen las sanciones.
Éstas surgen, primero, como protección al sistema financiero de los Estados Unidos, tomando en consideración el lavado de dinero procedente de la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo.
En segundo término, existiendo la crisis humanitaria en Venezuela, no pueden confiar en la administración de los recursos públicos. Se basan en el deterioro de la industria petrolera, de la producción nacional y la sucesión de casos de corrupción, violación de los Derechos Humanos y de las fallas en la aplicación de justicia. Son varias las razones.
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Lo que podría explicar esa carta es que la presión económica interna es muy fuerte, apuntó. Los grandes capitales, producto de la corrupción y otros hechos delictivos, que hay en Venezuela ya no están conformes con los bodegones y necesitan otros tipos de negocios, porque al final tienen que lavar el dinero y si no lo multiplican, se desesperan los nuevos ricos.
El planteamiento está fuera de contexto, prosiguió. Es como si se atribuye la crisis económica y la humanitaria a las sanciones. Desconocen que el Estatuto de la Transición que se hizo en el 2019, en el primer año del reconocimiento de Juan Guaidó por la comunidad internacional, establecía la disminución de sanciones por sectores. Podía haber alivio en el momento en que por ejemplo hubiera correlación de fuerzas en el CNE. O que el TSJ recobrara su autonomía e independencia para aplicar justicia. De igual forma lo que tenía que ver con el Banco Central y el sistema financiero. Desde luego lo que se propiciaba era el retorno a la democracia.
Sin respuesta
Sólo me llama la atención que el economista José Guerra haya firmado esa carta, porque ha sido fuerte crítico del régimen, declaró el doctor Joel Rodríguez Ramos. Otras de las personas firmantes son respetables e inteligentes.
Pero, plantear la reformulación de políticas a los Estados Unidos no tiene sentido, porque las sanciones aplicadas al régimen tienen fuertes motivaciones y en el Congreso fueron aprobadas por los demócratas y republicanos.
La crisis que vive Venezuela es consecuencia de la política del régimen iniciada por Chávez y continuada por Maduro, manifestó. Se destruyó el aparato productivo, fueron secuestradas las instituciones y a la inflación se ha unido la pandemia para agravar la situación.
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Las conversaciones en México fueron suspendidas porque Maduro quería sentar como su representante plenipotenciario a Alex Saab, quien ya había sido extraditado de Cabo Verde a los Estados Unidos.
El régimen quiere que le alivien las sanciones, pero es que nada ha cambiado y además de las sanciones están pendientes las decisiones que pueda tomar la Corte Penal Internacional, que ha pedido actuación por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante las manifestaciones pacíficas realizadas en el país a partir del 2017.
No creo que esta carta tenga respuesta por parte de la Casa Blanca, ni del Congreso, ya que no representan sino la intención de unas personas. Diferente pudiera ser que el planteamiento hubiera sido formulado por toda la oposición venezolana y, por supuesto, tras ser consultada la población, que es la que está sufriendo la crisis.
Detalles
Para el politólogo y docente universitario Santiago Andrés Rodríguez, el primer detalle de la carta es que la solicitud es hecha a motu proprio; es decir, los abajo firmantes. Algunas de esas personas están vinculadas a la actividad económica y a la vida productiva del país.
El segundo aspecto a tomar en cuenta es que se plantean negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, lo que quiere decir que queda claro la existencia de condiciones.
El tercer punto que veo es el tema petrolero. Pienso que los firmantes se preguntan; ¿cómo es posible que se esté vendiendo el crudo a China con un descuento del 40 por ciento el barril? Eso no favorece al país.
Además, no hay posibilidades actuales de que vengan préstamos que permitan activar la economía nacional.
No me parece que la carta sea un cheque en blanco que se está entregando a Joe Biden y al Congreso. Ese grupo de personas está asumiendo una iniciativa y ocupando un espacio que la dirigencia política ha dejado. Muchas de esas personas son honorables y dignas, que no están abrogando la representación de nadie. Creo que están llamando la atención porque todavía hay una polarización, un enfrentamiento y dimes y diretes que no conduce a nada.
Las sanciones lo que han hecho es atornillar más a un gobierno autoritario y que ha beneficiado a una economía negra, que ha aprovechado esas sanciones.
Ahora bien, para buscar una salida a la crisis venezolana tiene que ser por la vía electoral. No hay otro camino. Inevitablemente hay que ir a la mesa de negociaciones, que lamentablemente fueron abruptamente suspendidas, lo que constituye un grave error. Hay que destrancar el juego.
Una vez más surge la necesidad de que se busquen las condiciones mínimas para que puedan haber elecciones competitivas y de parte de la oposición, propuestas atractivas y movilizar a los venezolanos.
