Complicar el panorama económico nacional en diversos sentidos, es lo que se ha logrado con la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que contempla la implementación de un porcentaje de 3% hasta 20% a las operaciones financieras y comerciales realizadas en Venezuela en moneda extranjera o criptomonedas.
Se trata de un impuesto altamente regresivo a pagar por todos los ciudadanos que utilicen divisas en sus transacciones, en un entorno donde cerca del 70% de los intercambios en el país se hacen en moneda extranjera -con porcentajes aún mayores en zonas fronterizas- para contrarrestar los efectos de la pérdida de valor de la moneda nacional, asegura la economista Karelys Abarca, egresada de la Universidad Central de Venezuela e investigadora de Cedice-Libertad.
Recuerda que la terrible situación de hiperinflación y escasez que el país vivió entre 2017 y 2019 logró, estabilizarse gracias a que se permitió el uso de divisas en las transacciones y ahora lo que se hace es afectar ese proceso, lo que impactará negativamente al ingreso disponible, pues es un impuesto adicional al consumo, con el agravante que no permite deducciones en la cadena de suministro (como el IVA).
Destaca a su vez, el rango de discrecionalidad del IGTF, (3% al 20%), lo cual insistirá en la informalización de la economía y los mecanismos para la evasión fiscal. En vez de ampliar la base tributaria y desarrollar mecanismos para la formalización de la economía -permitiendo así recuperar el deterioro acumulado de las cuentas públicas, producto de políticas económicas perversas- lo que se hace es seguir asfixiando a las empresas formales, que son las que generan empleos bien remunerados; y naturalmente los más afectados terminan siendo los ciudadanos trabajadores y responsables.
Explica la economista Abarca, que dada la naturaleza del impuesto, crea costos adicionales que presionan al crecimiento inflacionario, con lo que no sólo el sistema retrocedería en la reducción de la tasa de crecimiento de los precios, sino también en la desaceleración de cualquier atisbo de mejora de la economía, incrementando el desempleo y arrastrando a un peor nivel las condiciones de vida del venezolano promedio.
Advierte que la necesidad de obtener dólares del régimen a expensas de los bolsillos de las familias, que sobreviven en buena parte con los ingresos obtenidos por la vía de remesas, así como de las empresas, es un fuerte golpe al discurso de mejora económica y genera una mayor presión a la migración forzada, además de un desincentivo a la inversión privada.
Asegura que este impuesto no sólo estrangula la cadena de valor, crea costos adicionales y agrava la situación de escasez de bolívares, no reportando beneficios directos a los agentes económicos privados. Recuerda que en la Gaceta Oficial número 42.339 del 17 de marzo del presente año se dicta la providencia administrativa mediante la que se designan los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción del IGTF, tal que la percepción del impuesto se va a instrumentar en todos los movimientos formales facturados, realizando una retención similar a la que hacen los comercios con el IVA.
Resulta obligatorio que los sujetos pasivos (todos los comercios que retienen el impuesto) realicen una transmisión quincenal de los fondos al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), declarando en el portal fiscal bajo el calendario del IVA y ajustando sus procesos a la retención del impuesto.
Destaca que los procesos formales de retención que estipula la mencionada gaceta, es una garantía que los efectos negativos de este nuevo impuesto no se harán esperar, haciendo cada vez menos sostenible la actividad de los privados en Venezuela, quedando además claro que la regresividad del impuesto se debe a que nunca se define con claridad un margen correspondiente a lo que representa una “gran transacción financiera”.
Asegura que el rechazo de este nuevo impuesto, no sólo responde a que atenta contra el ingreso disponible del consumidor, sino que además, todo apunta a que simplemente alimentará el gasto en nómina del sector público, que además de abultado, es altamente ineficiente. Basta revisar la calidad de los servicios básicos y ofrecidos por el sector público: agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, transporte, educación. Así, cuando el sector público recibió cuantiosos ingresos los dilapidó, endeudó al país y no invirtió en los servicios básicos ni en sus ciudadanos. Ahora, para cubrir el déficit fiscal, le exige al ciudadano más esfuerzos con más impuestos y ni siquiera es capaz de racionalizar su estructura y redimensionarla a la nueva realidad nacional.
El análisis de la nueva normativa que ha generado el rechazo colectivo y en consenso de todos los sectores, lo concluye con una frase demoledora; “No se puede redistribuir una riqueza que ni siquiera se permite crear”, asegura la economista Abarca.
