Al haberse cumplido veinte años de los trágicos y enrevesados sucesos del 11 de abril del 2002, cuando se produjo la salida del poder de Hugo Chávez, es de resaltar que nunca se establecieron las responsabilidades de naturaleza civil, penal y administrativa que se produjeron en ese acontecer de la vida nacional.
Así lo plantea el profesor Pedro Pablo Alcántara, quien para esa fecha era miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y junto con el doctor Rafael Simón, igualmente parlamentario, confesó, trataron de conseguir una salida constitucional a la crisis política que se había presentado.
Todo comenzó con una asamblea de trabajadores petroleros de PDVSA, en la cual se decidió realizar una marcha desde la sede de esa empresa hasta Miraflores, para pedirle a Hugo Chávez que cesara la persecución contra quienes laboraban en la industria petrolera.
A estos trabajadores se les unieron personas de todas partes que fueron llegando a las inmediaciones de Miraflores por las avenidas Urdaneta, Universidad, Lecuna, Baralt y de sectores de La Pastora, en lo que ha sido hasta ahora la mayor manifestación pública en esa área.
Pero, cuando los francotiradores ubicados en lo que se denominaba el perímetro defensivo de Miraflores (en lo alto de los edificios del Ministerio de Finanzas, Banco Central de Venezuela y Ministerio de Relaciones Interiores y en sus inmediaciones), comenzaron a disparar contra ciudadanos indefensos y pacíficos, surgió la petición de renuncia del presidente de la República.
Chávez intento poner en práctica el Plan Ávila, para movilizar tanques de guerra y otros equipos pesados al centro de Caracas; pero, no logró.
Esta práctica contra manifestantes desarmados es propia de los regímenes comunistas, porque para éstos quienes les adversan con otras alternativas, son sus enemigos y como tales, hay que liquidarlos.
Ese día ocurrieron hechos que merecían ser investigados exhaustivamente y responder por sus responsabilidades:
Primero, ¿Quién ordenó la actuación de los francotiradores, su ubicación y la orden de disparar a matar?
Segundo: Una vez que se produce la actuación de los francotiradores, que debieron ser controlados por las fuerzas del orden público, y se conoce de la muerte de 17 personas y de un gran número de heridos, el ministro de la Defensa, general Lucas Rincón Romero, anuncia, a través de una cadena de radio y televisión, que el alto mando militar le ha pedido la renuncia a Chávez y éste la ha aceptado.
Constitucionalmente, el alto mando militar no tiene atribuciones de pedirle la renuncia a ningún funcionario.
La falta absoluta del presidente se produce por muerte, renuncia, detención ordenada por un tribunal, demencia o incapacidad para ejercer el cargo, según el artículo 233.
¿Quién o quiénes del alto mando militar le pidieron la renuncia a Chávez?
Tercero: Al producirse la manifestación pública de personas, Chávez ve imágenes de él y del ataque de los paramilitares, procediendo a la destitución de su vicepresidente, Diosdado Cabello, porque, presuntamente, tenía conocimiento que había una corriente dentro de su partido, el MVR, de un “chavismo sin Chávez” encabezado por el mencionado funcionario. Se da el caso de establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas es porque William Lara, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, juramentó como presidente de la República a Cabello, no siendo esa atribución que le confiere la Constitución, ya que ese acto sólo le corresponde al presidente de la República.
Cuarto: Al producirse el vacío de poder en Miraflores por la renuncia de Chávez, anunciada por el ministro de la Defensa, no asume William Lara porque estaba de reposo a causa de una operación que le habían practicado y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, primo del ministro Lucas Rincón Romero, Iván Guillermo Rincón Urdaneta, renunció a su cargo y notificó que no podía asumir la presidencia de la República por no sentirse competente. Evidentemente hubo vacío de poder.
Además, en esos casos ocurrieron varios hechos graves, entre los cuales cabe mencionar: 17 muertes de personas indefensas a manos de los francotiradores y un gran número de heridos. Destrucción de instalaciones privadas y públicas, parcialmente. Y hubo conmoción y zozobra como consecuencia de la violencia.
Alcántara reveló que los diputados de la Asamblea Nacional, en particular los afines al gobierno de Chávez, habían desaparecido y por eso él y Rafael Simón Jiménez acordaron que había necesidad urgente de resolver la situación.
El día doce, antes de la siete de la mañana, se dedicaron a convocar a sus colegas para que se hiciera una sesión extraordinaria.
En la misma yo pedí que se hiciera una exhaustiva investigación de todo lo relacionado con los sucesos y el motivo por el cual William Lara había juramentado a Cabello como presidente de la República, a lo que me respondió el presidente de la Asamblea Nacional que esa había sido una “juramentación mediática”. Eso no existe en la Constitución y lo acusé de haber violado el artículo 233.
Aplastaron mi propuesta porque el chavismo tenía mayoría y la comisión que fue nombrada para investigar lo ocurrido, presidida por el diputado Edgar Zambrano, remitió todo al Ministerio Público. Y al cabo de veinte años, nada fue investigado, concluyó Alcántara.
