De acuerdo al Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), desde el golpe de Estado de Hugo Chávez hace exactamente 20 años -el 11 de abril de 2002- al menos 320 personas han muerto en protestas antigubernamentales, cifra que aumentó considerablemente desde la llegada de Nicolás Maduro al frente del chavismo.
“El proyecto bolivariano -que discursivamente reivindicó el derecho a la manifestación pacífica-, no solo afinó los mecanismos jurídicos para restringir su ejercicio; también -en su etapa más reciente-, aumentó dramáticamente la letalidad ejercida contra quienes expresan su descontento en las calles”, destaca la ONG en una nota difundida a través de su página web.
De acuerdo a Provea, al menos 9.138 personas han resultado heridas en manifestaciones suscitadas entre los años 2002 y 2020, sumado a las restricciones que se han impuesto desde la creación de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN), donde se prohibió la realización de asambleas, huelgas o manifestaciones en “zonas de seguridad”, incluyendo sedes del gobierno.
“Esta lógica de exclusión fue reforzada con una agresiva y permanente campaña de criminalización dirigida a sembrar en el imaginario popular, la idea de que cualquier manifestación que tuviera como destino las principales sedes de gobierno en el país, tenía como propósito generar caos y promover un golpe de Estado, de allí que cualquier respuesta represiva y autoritaria era válida para contener tal situación”, suscribe Provea.
Según esta organización no gubernamental “el empleo excesivo de la fuerza contra los manifestantes, sumado a la ausencia de una política integral de reparación a las víctimas (…), mantiene en la impunidad a la casi totalidad de casos y somete a sufrimientos físicos y psíquicos a centenares de personas que aún padecen las consecuencias de los daños infligidos sin contar con atención alguna por parte del Estado venezolano”.
Provea destaca que el 11 de abril de 2002 comenzó un “prolongado proceso de criminalización y obstaculización para el ejercicio de los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacíficas”.
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Los datos obtenidos por la ONG destacan que las manifestaciones antigubernamentales de 2017 dejaron al menos “143 asesinados, más de 3.000 heridos, 5.000 detenidos, empleo de la justicia militar para procesar a civiles, allanamientos y ataques masivos contra zonas residenciales”, lo que evidencia que la administración de Maduro “pisó a fondo el acelerador para consolidar rápidamente el andamiaje anti-protestas”.
