Veinte largos años han transcurrido desde aquel 11 de abril de 2002, en que un millón de personas colmó las calles de Caracas para protestar pacíficamente contra el gobierno de Hugo Chávez. Ante el deseo irrefrenable de la multitud de llegar al Palacio de Miraflores para expresar su malestar, la manifestación fue emboscada por el oficialismo, provocando muertos y heridos, ante lo cual altos representantes de las Fuerzas Armadas desconocieron las órdenes de Chávez de reprimir con armas de guerra a la población civil, situación que condujo a su renuncia, anunciada al país por el alto mando militar, al repliegue del gobierno, y a un vacío de poder que se intentó llenar con la conformación de un breve gobierno de transición democrático, al que fui llamado a presidir sin ambicionarlo. El objetivo de la transición, como recordatorio a los jóvenes, era llamar a elecciones limpias, con garantías y supervisión internacional, para la relegitimación de los poderes públicos, cuya independencia ya se encontraba conculcada por el régimen. En otras palabras, llamando al pueblo, depositario del poder constituyente primario, a definir en las urnas la ruta para el restablecimiento del orden constitucional. Y para que evitar equívocos respecto a mis intenciones, quedó establecido por escrito, que en tales comicios yo no podría aspirar a posición alguna.
Dos condiciones puse al grupo de altos oficiales con quienes me reuní en el Fuerte Tiuna, al ser llamado a concurrir en la madrugada del 12A, cuando ya trascendía la decisión de la renuncia de Chávez: 1) Que se diera a conocer al país que la presidencia del gobierno de transición no obedecía a un deseo personal sino a un llamado que se me hacía para llenar el vacío de poder existente; y 2) La concordancia en una hoja de ruta para en un plazo perentorio, garantizar el restablecimiento del orden constitucional por vía electoral. No faltaron incomprensiones sobre las intenciones de la transición, mientras desde La Habana Fidel Castro se comunicaba con Generales, conminándolos a restablecer a Chávez en el poder. Internamente, oficiales fieles al gobierno y algunos comunicadores, confundieron una crisis política con una jurídica, sin reparar en que la solución estaría apegada a la Constitución de 1999, la cual juré restablecer, pues estaba siendo violada sistemáticamente por el régimen desde el día de su aprobación, como lo ha hecho hasta el presente.
En la crisis de abril de 2002 mediaron antecedentes determinantes que conviene recordar:
a) La deriva autocrática de Chávez, al tratar de neutralizar la independencia de los demás poderes públicos, entre ellos la declaración de la emergencia judicial con fines políticos, así como el afán de legislar mediante Decretos-Leyes con poderes extraordinarios concedidos por la Asamblea Nacional, con los cuales aprobó un primer paquete de 49 Decretos-Leyes, que abarcaban desde la agricultura hasta los hidrocarburos y las telecomunicaciones, ello pese a disponer de mayoría parlamentaria. Se generó así un hondo malestar, pese a los esfuerzos que personalmente realicé tratando de persuadir a Chávez de la conveniencia de abrir espacios de debate sobre temas de alto interés nacional, los cuales no valoró. Ello motivó el primer paro nacional el 10 de diciembre de 2001, que lideré en nombre de Fedecámaras con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), paro que, pese a sus solo 12 horas de duración resultó en un rotundo éxito, pues el país entero se detuvo, enviando una alerta al gobierno del rechazo a los abusos de poder.
b) El descontento presente en el sector sindical venezolano, por el desconocimiento de contratos colectivos de los trabajadores del sector público, situación que alentó a la CTV a promover una multitudinaria marcha el 23 de enero de 2002.
c) El ataque del gobierno a los partidos políticos para debilitarlos, y el propósito manifiesto de manipular ideológicamente la educación de los niños, que motivó la reacción de los padres de familia con el famoso lema de: “con mis hijos no te metas”.
d) La alianza de Chávez con Fidel Castro, lesiva a la soberanía nacional, y entregas de hasta 100.000 b/d de petróleo sin pago, como no fuera a través de unos 30.000 cubanos: médicos, maestros, entrenadores deportivos y agentes de seguridad e inteligencia, todos con una función política. Así se evolucionó a la entrega a Cuba de sectores estratégicos como la identificación y extranjería, inteligencia, doctrina militar, notarías y registros, comercio exterior y sector eléctrico. Chávez desarrolló con Castro una relación de clara dependencia, a raíz de la cual el sagaz líder cubano logró el viejo sueño de tomar el control de Venezuela;
e) La aprobación, entre los Decretos-Leyes de noviembre de 2001 de una Ley de Tierras, que al decir de Chávez permitiría repartir tierras entre los pobres, pero que no configuraba una reforma agraria, que implicaba indemnizaciones justas y oportunas a sus propietarios, sino un subterfugio jurídico para promover incautaciones e invasiones de tierras productivas.
f) El golpe dado a PDVSA, mediante la designación de una Junta Directiva política, convirtiendo a la estratégica empresa en caja chica del gobierno y desviándola de su “core” de producir hidrocarburos, para exprimirla y dedicarla a objetivos ajenos. PDVSA, fue una de las primeras empresas energéticas del mundo y fue entregada a afectos al régimen, provocando justificada inconformidad al interior de PDVSA, y una cadena de protestas en marzo de 2002, que precedieron al paro nacional del 9 de abril y a la marcha del 11A.
g) La corrupción en el manejo de recursos públicos y en programas sociales, que fueron fuente de enriquecimiento para un grupo de oficiales y funcionarios públicos. De ello dejó testimonio el Tcnel. Jesús Urdaneta Hernández compañero de armas y aventuras golpistas de Chávez, quien afirma que como director de la DISIP presentaba a Chávez pruebas de la corrupción en el gobierno, recibiendo como respuesta el pedido de no crearle problemas. Ello motivó la renuncia de Urdaneta y el paso a la oposición, pues además fue testigo del apoyo logístico y financiero que ya entonces se brindaba a la guerrilla colombiana, ante la cual Chávez tenía interlocutores de confianza, y le reconoció el estatus de beligerancia;
h) La orientación de la política internacional de Chávez, más acorde a afinidades ideológicas que a intereses vitales del país, lo cual tuvo luego como expresión el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina, la ruptura de relaciones con Israel, el despliegue de una profunda política antinorteamericana, y el acercamiento a Rusia por intereses armamentísticos y geopolíticos, a China, país del cual se obtenían créditos pagaderos en petróleo, y con Irán, al cual Chávez le abrió puertas en América Latina. Chávez promovió además cambios en la arquitectura institucional interamericana, tratando de debilitar a la OEA, y creando mecanismos de influencia política a cambio de petróleo y dinero, como Petrocaribe, el ALBA, el Banco del Sur, amén del apoyo al Foro de Sao Paulo y el financiamiento a campañas electorales de candidatos ideológicamente afines en la región;
i) El control progresivo del sistema electoral, con la designación de militantes del partido oficialista en el CNE, y la introducción de un voto electrónico manipulable, que luego facilitó sucesivos fraudes, ventajismos e irregularidades presentes hasta el día de hoy.
Estos factores, entre otros, concurrieron en la crisis de abril de 2002 y deben ser recordados 20 años después, pues tienden a desdibujarse con el transcurrir del tiempo. En una siguiente etapa, entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, encontrándome ya en Colombia, se produjo un nuevo paro nacional que dio pie a la profundización de purgas en PDVSA, a drásticas medidas como la implantación de un control de cambios, y a argucias para impedir más tarde, en 2004, la revocatoria del mandato presidencial, que terminó en una burla avalada por la Fundación Carter y por la OEA. Igualmente se acentuó la represión contra los firmantes de la convocatoria, y un mayor control de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas, las cuales fueron mutando en un partido político armado, ideologizado y sumiso, violando preceptos clave de la Constitución de 1999.
Chávez falleció en 2013, y fue a no dudar el responsable del fracasado modelo del Socialismo del Siglo XXI, que postró a la iniciativa privada con miles de expropiaciones, incautaciones de tierras, y el desconocimiento de contratos de asociación de PDVSA con compañías extranjeras, causante luego de cuantiosas demandas contra la nación en instancias arbitrales internacionales. Su sucesor, Nicolás Maduro, formado en cuadros ideológicos en Cuba, agravó la crisis múltiple en la cual se encuentra sumida la nación. PDVSA y la infraestructura petrolera están en ruinas, y el país es ahora un actor marginal en el mercado, pese a poseer una de las mayores reservas petroleras del mundo. El rescate del sector solo será viable a futuro con inversión extranjera, pues se requieren cerca de US$ 90 mil millones para recuperarlo y poder explotar los recursos energéticos disponibles, que de lo contrario quedarían enterrados, dada la inatajable transición energética en marcha en el mundo.
El PIB venezolano se derrumbó en un 80% en los últimos 7 años, las reservas internacionales apenas superan los US$ 5 mil millones, los índices de pobreza afectan a más del 90% de la población, la desnutrición infantil compromete irreversiblemente a nuevas generaciones, el éxodo migratorio supera los 6 millones de personas, el Banco Central de Venezuela perdió su autonomía y se convirtió en emisor de dinero para financiar gasto público estimulando la hiperinflación, y la dolarización de facto de la economía, si bien ha reducido el fenómeno, ha causado más desigualdad entre quienes disponen de divisas y los que reciben sus ingresos en bolívares. Los “bodegones” de productos importados sin aranceles han creado burbujas artificiales de abastecimiento, mientras todos los análisis ubican a Venezuela entre los países más pobres y desiguales del mundo.
En lo político, la represión ejercida por el régimen contra sus detractores ha sido implacable: persecuciones y detenciones arbitrarias, desconocimiento del derecho al debido proceso y a la legítima defensa, desapariciones extrajudiciales, torturas, inhabilitaciones, tratos lesivos a la dignidad humana, todo ello documentado en informes de la Representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y por instituciones internacionales encargadas de la materia, incluyendo una investigación preliminar por parte de la Corte Penal Internacional (CPI). La corrupción imperante ha supuesto un saqueo y enriquecimientos sin parangón en la historia.
Volviendo a las complejas circunstancias que rodearon la crisis política del 2002, y a sus eventuales fallas u omisiones, hay que afirmar que la misma no obedeció a un plan premeditado, sino a la intención de rectificar el peligroso rumbo del gobierno procubano de Chávez, y evitar la tragedia nacional que se avecinaba como la crónica de una muerte anunciada, hasta llegar en la actualidad a un totalitarismo radical, que desconoce por completo la alternabilidad política y la voluntad popular.
El anhelado cambio en Venezuela exige unidad de propósitos en las fuerzas democráticas en torno al objetivo de la salida del régimen, por ser ilegítimo en sus orígenes en virtud de fraudes y ventajismos, por el control de los poderes públicos, y por el abuso y arbitrariedad como normas de conducta. Se requiere claridad en que el adversario no es democrático, sino una tiranía asociada a estructuras criminales, razón por la cual los medios no pueden ser los convencionales de diálogos y presiones internacionales, sino el ejercicio de una resistencia no violenta, un liderazgo opositor renovado, y claridad en que solo a través de la suma de voluntades puede contrarrestarse la desmovilización provocada por la siembra del terror en la población por parte del régimen. Igual ocurre con la comunidad internacional: no debe ceder en el levantamiento de sanciones, si no es a cambio de una agenda clara, con garantes, hacia la celebración de elecciones justas y transparentes.
En suma, si alguna lección hay que aprender de la crisis política del 2002 en Venezuela, y de las numerosas oportunidades perdidas por la oposición a lo largo de los 23 años de dictadura, es el imperativo de la unidad, y no subestimar a un adversario claramente antidemocrático, para poder vencerlo. Sin olvidar que Fidel Castro y sus sucesores se han adueñado de Venezuela, presa que le proporciona suministro petrolero, jugosos negocios y poder geopolítico. Por ello tratarán de impedir cualquier cambio. Si algún error hubo en el estamento castrense en 2002 fue oponerse a que Chávez saliera a Cuba, pues debía ser juzgado. Aunque desde La Habana se hubiese intentado incendiar al país para recuperar el poder, se habría consolidado el abandono del mismo por parte de Chávez, sin perjuicio de que, como fuerza política, el chavismo hubiese podido luego participar por vía electoral.
El Decreto de formación del Gobierno de Transición Democrática, que definía la ruta electoral, pese a ser denostado o incomprendido, tenía sentido. ¿Se podía entregar el poder a Diosdado Cabello, que huyó, es millonario y más radical que Chávez y Maduro? Veamos el estado del país, destruido en lo económico, institucional, social y moral. La historia muestra, en no pocos casos, que salvar la democracia puede requerir de brevísimos períodos de facto. Aun así, hubo disposición de rectificar el Decreto, respetando el papel del Poder Legislativo. Faltó además cohesión en el Ejército, y firmeza en algunas figuras militares que se opusieron a cambios indispensables en las líneas de mando, y ello despejó el camino al General Raúl Isaías Baduel, QEPD, figura determinante en el restablecimiento de Chávez, quien fue luego víctima de años de cárcel, incomunicación y vejámenes, por desacuerdos con la Constitución Socialista de 2007. Se cumplió así la conseja de: “así paga el diablo a quien bien le sirve”. Hoy, el General Vladimir Padrino, cabeza de una cúpula militar abyecta, es el máximo responsable de la permanencia en el poder de un sistema descompuesto y corrupto hasta los tuétanos, sustentado en estructuras mafiosas vinculadas al crimen organizado.
Este aniversario coincide también con mis 20 años de vida en Colombia, segunda patria que me ha acogido generosa, de lo cual estaré eternamente agradecido. El asilo fue necesario, pues estaba en juego mi integridad personal y se pretendía sentenciarme sin juicio por el presunto delito de rebelión, un despropósito, pero para el régimen era clave sentar un precedente para situaciones futuras. En Colombia he pasado más de un tercio de mi vida útil, he sembrado amistades, he recorrido sus regiones conociendo mejor su idiosincrasia, historia y realidades, recibí el honor de la ciudadanía en 2018, y he tratado de retribuirle con un corazón grancolombiano, dedicándome desde la academia a la formación de profesionales útiles al país, y ayudando a moldear mejores seres humanos. Quiera Dios que la querida Colombia comprenda y asimile el estruendoso fracaso del totalitarismo socialista en Venezuela, y la necesidad de preservar por encima de todo la democracia y la libertad, que solo se aprecian cuando se pierden. Indudables problemas como la corrupción, la pobreza o la inequidad, no han sido resueltos en ningún país del mundo sino agravados, bajo banderas populistas o modelos autocráticos patrocinados por la izquierda radical.
Pedro F. Carmona Estanga
