Los mexicanos votan este domingo sobre si su presidente debe completar su mandato de seis años o abandonar el puesto tras cumplir apenas la mitad de este.
Fue el propio mandatario, Andrés Manuel López Obrador, el que presionó para celebrar la primera consulta de esa clase en México.
Se considera una apuesta segura. El referendo sólo será vinculante si al menos el 40% del electorado vota, algo que los expertos consideran improbable, y López Obrador ha mantenido una popularidad en torno al 60%.
Con ese panorama, los críticos han tachado la consulta de desperdicio de dinero -casi 80 millones de dólares- y una forma de que López Obrador movilice a sus bases a mitad de mandato. Para un hombre conocido por su campaña constante, la revalidación de apoyo esperada tiene sentido. Pero para un presidente que hace hincapié en la austeridad, plantea preguntas.
Algunos opositores han pedido que los votantes boicoteen la votación. El partido Morena del mandatario se ha esforzado por instar a sus bases a acudir a las urnas, mientras que el presidente ha sido criticado por dedicar miembros y recursos del gobierno a promocionar la consulta.
La cuestión principal es cuántos votantes acudirán.
Patricio Morales, analista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, dijo que la falta de concienciación sobre el referendo y el posible desinterés de los votantes podrían pesar en la participación.
Apenas el 7% de los votantes participaron en otro referendo el año pasado que preguntaba si varios expresidentes debían ser procesados.
La votación avivó una disputa entre López Obrador y la respetada autoridad electoral mexicana. Después de que los legisladores de su partido redujeron el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, el centro dijo que no tenía el dinero para celebrar la consulta, que en un principio se estimaba costaría más de 191 millones de dólares. El INE suspendió en diciembre el proceso para el referendo alegando que no tenía recursos suficientes pero luego tuvo que reactivarlo tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que le ordenó seguir adelante con la votación.
Varios ajustes redujeron después el coste estimado a 78,2 millones de dólares.
