Lo dicen los informes de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Venezuela, reforzados por declaraciones de la doctora Bachelet. Lo ratifica el reporte de la misión de observación electoral de la Unión Europea 2021. Además, todo el mundo, el mundial y el nacional, lo tiene sabido. Principalmente los ciudadanos que se ven en la necesidad de acudir a los juzgados en procura de defender sus derechos. En Venezuela la falta de una administración de justicia imparcial, confiable, idónea, es entre la colección de problemas que aquejan a nuestra querida y maltrecha república, uno de los más graves, sino el más.
Los propios voceros del grupo que ha permanecido ininterrumpidamente en el poder durante los últimos veintidós y van para veintitrés años, han tenido que reconocerlo, a juzgar por los motivos que dieron para designar una comisión especial y luego reformar la ley del Tribunal Supremo de Justicia en condiciones, por cierto que en vez de atenuar, acentúan las preocupaciones, por ser involuntarias ratificaciones de aquello que es tan criticado por estar en el corazón de la desconfianza de los venezolanos y de la resistencia a tomar en serio nuestro Estado de Derecho en cancillerías, empresas, bufetes, facultades de derecho y organizaciones no gubernamentales del planeta. Esa extendida mala reputación tiene un alto precio y lo pagamos todos los venezolanos.
Cabriolas inverosímiles, aún para quienes nos tienen acostumbrados a triples saltos mortales sin red, debieron realizarse para la motivación y las disposiciones de las sentencias números 81 y 83 de la Sala Constitucional del TSJ de fechas 15 y 21 del recién concluido mes de marzo, Precisamente cuando la Asamblea Nacional electa en noviembre pasado estaba por finalizar el proceso de renovación de los magistrados principales y suplentes, con las cuales, sin miramientos, a despecho de la letra y el espíritu de la Constitución, se llevaron por delante a ésta y al sentido común, íntimamente unidos a la conveniencia nacional.
Doy gracias a Dios que mi padre, juez de toda la vida que me enseñó un reverencial respeto por la función jurisdiccional, sin perder el criterio y la libertad crítica para reconocer defectos y promover cambios, no haya vivido para ver esto.
Al momento de escribir esta nota, no sé si la elección de magistrados del TSJ, ocasión para dar una necesaria lavada a la cara de la República y comenzar por ahí un proceso de recuperación institucional, ha sido una oportunidad perdida. Me aferro a la esperanza a conciencia de que el panorama se ve oscuro. Si acaba sirviendo para todo lo contrario, habrá quien piense que así es mejor. En el poder, por demostrar y demostrarse omnipotencia. En la acera del frente, porque muestra el grupo que manda esa cara que quiere disimular. No lo veo así. Nunca creeré que lo bueno que tiene la cosa es lo mala que se está poniendo. Porque los perjudicados somos todos los venezolanos y nuestro legítimo interés de vivir y progresar en paz y en libertad.
Ramón Guillermo Aveledo
