El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró este jueves 7 de abril que en Venezuela «se persiguen y sancionan las violaciones de derechos humanos», por lo que «no hace falta que investigue la Corte Penal Internacional».
«En Venezuela se persiguen y sancionan las violaciones a derechos humanos. No hace falta que investigue la Corte Penal, y lo vamos a demostrar en la práctica», expresó Saab durante la presentación ante la Asamblea Nacional electa en 2020, de su informe anual de gestión correspondiente al año 2021.
«Venezuela ha colaborado desde el principio con la Fiscalía de la Corte, aportando información e invitándola a visitar el país. Así lo hicimos cuando visitamos a la fiscal Bensouda en La Haya», añadió.
En este sentido, el funcionario reiteró que está en desacuerdo con el avance de la fase preliminar a la fase de investigación de la CPI en el caso Venezuela.
«Debemos reiterar que en el caso denominado Venezuela 1, este Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación», dijo.
«Esperamos que en esta nueva etapa reine la transparencia, la complementariedad, la reciprocidad y el respeto mutuo», agregó.
Afirmó que su administración entregó «8 informes a la Fiscalía de la Corte, que compilan más de 3.000 páginas de información sobre causas adelantadas por nuestros fiscales a los fines de individualizar y procesar a responsables de violaciones a derechos humanos».
Por otra parte, anunció que el Ministerio Público sostuvo una reunión con representantes de la Corte Penal Internacional que estarán a cargo de la oficina que se abrirá en Caracas.
«Ya nuestro equipo de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos y de la Dirección de Asuntos Internacionales tuvo una primera reunión con el equipo que instalará esta oficina», indicó.
«Esperamos que dicha oficina sirva para que la Fiscalía de la Corte coopere activamente acompañando al Estado en todo lo que requiera para investigar, sancionar y mejorar los procedimientos nacionales», concluyó.
Por último, con respecto a las cifras del año 2021, puntualizó que «durante este periodo se logró la imputación de 232 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y un civil por colaborar en la comisión del delito»
«Asimismo, fueron privados de libertad un total de 98 funcionarios de distintos organismos y 2 civiles. Por otro lado, han sido acusados un total de 242 funcionarios y 24 civiles», concluyó.
