El doctor Juan Carlos Thula, director de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, considera muy grave lo que está ocurriendo dentro del Tribunal Supremo de Justicia por hechos de corrupción y fuera del mismo, ya que se ignora cuándo se producirá la designación de los magistrados por parte de la Asamblea Nacional.
En declaraciones a Elimpulso.com, manifestó que, a través de un canal de televisión, el diputado oficialista y exministro de Relaciones Interiores, Pedro Carreño, hizo serios señalamientos sobre dos funcionarias judiciales, a las cuales no identificó, pero que las calificó como magistradas 33 y 34, que tienen discrecionalidad de poner y disponer en el seno del TSJ.
Eso es parte de lo que hemos visto en ese Poder Judicial tan dañado de corrupción y de falta de independencia porque otros poderes se sobreponen en sus decisiones.
De igual forma llama la atención la designación de los magistrados que conformarán el nuevo TSJ, como resultado de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde de 32 magistrados con sus respectivos suplentes, se redujo a 20 como era el número cuando se constituyó precisamente ese máximo organismo de justicia, en el año 2000.
Lamentablemente, la situación del Poder Judicial no es muy clara, ni nada alentadora para los ciudadanos, máxime cuando se hacen acusaciones muy graves de corrupción en los magistrados.
Como ciudadano apuesto a que las cosas sean favorables y en pro del país, pero no ocurre así.
El presidente del comité de postulaciones, Giusseppe Alesandrello, había anunciado la constitución del TSJ para finales de marzo y ya ha avanzado el mes de abril sin que hayan sido designados los magistrados.
Lo que se sabe es que hay una situación de conflictividad que ha impedido esa conformación y, por supuesto, es un hecho deplorable.
Al plantearse la reducción en el número de magistrados se habló de darle operatividad y eficiencia al TSJ, pero es lamentable que trascienda que en el proceso de escogencia de los aspirantes hay repartición de cuotas.
Además, la reforma que se le ha hecho a la ley le permite a los magistrados actuales, que todavía no han terminado su período reglamentario, volverse a postular y ser reelectos.
Aquí se presenta una situación difícil de precisar, ya que en caso de ser reelectos no tendrían los doce años que se contempla para el ejercicio de magistrados, más los años que llevan hasta ahora.
Estas cosas no constituyen mensajes claros para la ciudadanía, estima el doctor Thula. Lo lógico y lo que debería imponerse es la transparencia en este proceso para que diese seguridad y sosiego a la ciudadanía en cuanto a creer en ese Poder Judicial, cuya credibilidad en los momentos es muy baja.
