Aunque se anunció para fines del mes pasado la escogencia de los 20 magistrados que conformarán el Tribunal Supremo de Justicia, todavía se ignora cuándo ocurrirá esa decisión, la cual ha generado gran expectativa en toda la colectividad venezolana.
Así lo expresó la organización Democracia y Libertad en una declaración hecha por su coordinador nacional, profesor y exparlamentario Pedro Pablo Alcántara.
La tardanza, según ha trascendido en los corrillos judiciales, es que los actuales magistrados, nombrados entre gallos y medianoche en el 2015, luego de la elección de la Asamblea Nacional, no quieren ser removidos.
Esta práctica de enquistarse en el poder es muy propia del chavismo, ya que Hugo Chávez impuso la presidencia hasta la muerte y Nicolas Maduro mantiene el mismo propósito, fabricando su propia oposición a través del colaboracionismo y de los alacranes.
La intervención, judicialización e inhabilitación de partidos y dirigentes políticos, a quienes se les persigue, encauza y se ven obligados a exiliarse, forma parte de la política del acoso del régimen, ejecutado por el Consejo Nacional Electoral y el TSJ.
De acuerdo con lo previsto, además de 20 magistrados y sus respectivos suplentes, el organismo legislativo debe designar al inspector general de tribunales y al director general de la escuela de la magistratura.
Pero, todo ese procedimiento no se ha cumplido hasta ahora porque dentro del régimen las cosas no están muy claras, al punto que Pedro Carreño, miembro de la Asamblea Nacional, denunció corrupción dentro del TSJ y dirigió su ataque contra el presidente de ese tribunal, Maikel Moreno, de quien dijo que tiene dos magistradas que toman decisiones sobre el cuerpo judicial.
Nada se sabe qué pasará con los 254 aspirantes a ser magistrados, entre los que se encuentran también quienes ahora lo son y sus suplentes, porque así lo ha permitido el juego que se ha hecho con la pretendida reforma.
Se ha olvidado la comisión encargada de recibir los recaudos de los aspirantes de cumplir con el artículo 143 de la Constitución, que obliga a informar a la ciudadanía lo que hace y cómo lo hace.
No es de extrañar que, como se dice vulgarmente, se esté “cocinando” muy bien esa decisión entre Miraflores y la directiva de la Asamblea Nacional. Al fin y al cabo, el régimen es quien controla todos los poderes y difícilmente se produzcan cambios.
