No es cierto que se va a resolver el problema de la justicia en el país maquillando a unos supuestos Magistrados del Tribunal Supremo de la “Injusticia”, de los juristas del horror quienes pretenden más que continuar con la legitimación del régimen de Nicolás Maduro y sus cómplices, dijo hoy la Diputada Delsa Solórzano, presidenta de la comisión de justicia y paz de la Asamblea Nacional, y rectora del partido “Encuentro Ciudadano”.
¿Entonces no habrá rectitud?
No. Para nada. De hecho, un informe de la ONU ha destacado cuales son los requisitos para que haya justicia en el país. Esta supuesta renovación, que no es tal, no cumple con los requerimientos desde el punto de vista constitucional ni desde el punto de vista real del ejercicio de la necesaria justicia. Proviene del oficialismo y tiene importantísima vinculación con la dictadura de Nicolás Maduro.
Sostiene que la AN oficialista carece de potestad para designar a los nuevos Magistrados. “El tema no es un acuerdo entre la dictadura y la oposición para renovar el poder judicial, es que cualquier designación de Magistrados tiene que hacerse conforme a lo que manda la Constitución, que tiene unos requisitos muy claros para ello”.
Aclaró que ninguno de los postulados cuenta con el respeto de la Asamblea Nacional legítima. “No es cierto que esto es una oportunidad, la que tenemos los venezolanos es la de liberar a Venezuela, de Salvar Venezuela y en eso somos conscientes de la responsabilidad que tenemos entre las manos”.
En cuestión de pocas semanas, los venezolanos podrían conocer la identidad de los nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual, como hace más de quince años, pasará a estar integrado por veinte principales y veinte suplentes, de acuerdo con lo previsto en la reforma que sufrió en enero pasado la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ).
Al menos eso es lo que se desprende de los plazos fijados en el cronograma aprobado por el Comité de Postulaciones Judiciales designado por la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020.
Sobre la pronta instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas expresó que la misma tiene el objetivo de iniciar las investigaciones necesarias para de ser posible enjuiciar a los victimarios o responsables de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país.
Para ello, agregó, es necesario escuchar a las víctimas. De tal manera que la principal función de la oficina será justamente esa.
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente, con vocación universal, de carácter complementario respecto a las jurisdicciones nacionales, creado por medio del Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 con sede en La Haya, Holanda, y con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido los crímenes más graves contra la humanidad (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra).
Según la Parlamentaria, en Venezuela no hay posibilidad de hacer justicia, la única posibilidad real es que la Corte Penal Internacional cumpla con el mandato que establece el Estatuto de Roma que dé apertura formal a la causa de Venezuela y sean juzgados los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
¿Como presidenta de la comisión de justicia y paz de la Asamblea Nacional, se puede considerar que la instalación de dicha oficina sea para corregir la conducta de los jueces en el país, o pretende que las víctimas sean atendidas allí con sus denuncias?
“El tema de la corrección de la actuación de los jueces no le corresponde a la Corte Penal que se dedica a la investigación de los crímenes y a la sanción de los mismos”.
Aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro tiene la intención de evadir las competencias de la CPI y “burlarse de las víctimas, de nuestros muertos, de nuestros caídos en el marco de esta lucha porque haya libertad en Venezuela”.
¿Cómo hace un ciudadano para plantear una denuncia de violación de derechos humanos o crimen de lesa humanidad?
No es lo mismo violación de derechos humanos a crímenes de lesa humanidad. Una violación de derechos humanos se da por carácter individual, no por una orden precisa de una autoridad superior.
Al hablar de lesa humanidad no es de carácter sistemático y se da por parte de un funcionario. Esos son los delitos establecidos como tales en el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Si una persona jurídica natural considera que pudo haber sido víctima de uno de estos hechos, puede acudir directamente a la oficina a instalarse en Venezuela, o hacerse valer de uno de los abogados que estamos trabajando este tema. Son muchas las ONG. “Son varios los abogados que estamos brindando este apoyo de manera completamente gratuita a través de la comisión especial de justicia y paz de la AN.
¿Existe algún mecanismo a través de Internet u otro para formular la denuncia en el supuesto de que la víctima muestre temor en hacerlo personalmente?
Eso lo establecerá la Corte Penal a través de sus dispositivos, pero en general, estas denuncias son de carácter personalísimo, y si no quieren hacerlo así, pueden manifestarlo a través de sus abogados.
Más allá del tema represivo, de torturas, ¿de qué otra manera considera usted se violan los derechos humanos en Venezuela?
Cada vez que se nos va la luz es una violación a los derechos humanos, cada vez que abrimos el chorro y no hay agua, es una violación a los derechos humanos, mientras nuestros pensionados y jubilados no tengan un salario digno con el cual sostenerse después de darle vida entera a un país, eso es violación a nuestros derechos humanos, cuando nuestras parturientas acuden a los hospitales y no hay cupo, eso es una violación a nuestros derechos humanos, cuando se pasan horas y horas en una estación de servicio para poder adquirir la gasolina, eso es violación a nuestros derechos humanos.
Delsa Jennifer Solórzano Bernal es una política y abogada venezolana dirigente de la oposición. Asimismo ha sido activista de derechos humanos, articulista de distintos periódicos y profesora universitaria. Fue presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional de 2016 a 2018 y vicepresidenta del partido socialdemócrata “Un Nuevo Tiempo” del que se separó el 4 de diciembre de 2018. También ejerció como Diputada al Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, período 2011-2016.
