Casi dos meses han pasado desde las detenciones del alcalde electo en el municipio Independencia en Anzoátegui, y el exfiscal superior en Bolívar, bajo el operativo Mano de hierro. A estos se les acusó de estar involucrados en mafias relacionadas con el tráfico de combustible hacia las minas del sur de Bolívar.
Aunque se prometió bajo este plan combatir precisamente esas mafias y mejorar el despacho de gasolina, en Bolívar el efecto fue contrario. A la fecha siguen las colas a las afueras de las estaciones de servicio, las cuales ahora trabajan por menos horas.
Además, el despacho sigue sometido a los anuncios de la ZODI Bolívar, bajo el plan pico y placa que ya fue eliminado en otros estados, como Monagas. Así, dos terminales de placas vehiculares terminan surtiendo una vez cada dos o tres semanas.
En las últimas dos semanas, conductores reportaron que la situación es peor, toda vez que ahora las estaciones de servicio cierran antes del mediodía por no tener más combustible para despachar.
Incluso, antes de las 9:00 am ya hay colas que marcan al último vehículo que podrá ingresar a la bomba.
“Recorrí varias estaciones de servicio en Puerto Ordaz. A la primera que fui, después de estar seis horas en cola, cuando ya estaba como a cinco carros, cerraron la bomba. Y así pasó en las demás, en la cola veías a un carro con un cono arriba que marcaba al último. No entiendo si ahora hay más estaciones dolarizadas, por qué esto se puso peor”, manifestó Gregorio Salazar.
Ciertamente, como en el resto del país, en Ciudad Guayana cuatro estaciones de servicio que estaban destinadas a sectores priorizados (Salto Ángel, Roraima, Ventuari y Biblo’s) pasaron al sistema dolarizado. Los salvoconductos se eliminaron sin previo aviso. Parte de los vehículos que atendían en estas estaciones los reubicaron a las estaciones Mobil I (La Piña) y Borges. En estas también tuvieron que hacer recortes en el litraje y en las listas de cada sector, precisamente porque la cantidad de combustible que reciben estas estaciones no es suficiente para la demanda.
“Yo antes surtía en la Biblo’s, una vez por semana 30 litros. Desde que eliminaron los salvoconductos, todo el sector alimentación quedamos en el limbo y ahora nos toca esperar los comunicados de la ZODI para poder surtir. Si logras llenar el tanque, fino, pero si ni siquiera logras echar gasolina porque cierran la bomba, es triste, paras el carro y no trabajas. O compras gasolina y trabajas a pérdida”, comentó un conductor que pertenecía al sector priorizado.
La demanda de los conductores es la eliminación del plan pico y placa y que el despacho sea a diario.
“Detuvieron a una gente por el rollo del combustible y estamos peor. En cambio, en diciembre que no hubo el Mano de hierro, todos los días se echaba gasolina, aunque por número de placa. Pero llegabas a las 10:00 de la mañana, tranquilo, sin colas, y las bombas abiertas hasta la tarde”, recordó Manuel Hernández, taxista.
¿Qué pasó con Mano de hierro?
El 29 de enero se conoció sobre los arrestos del alcalde electo del municipio Independencia del estado Anzoátegui, Carlos Vidal, y el entonces fiscal superior de Bolívar, Manuel Gil Da Silva, junto con otros funcionarios militares. Aunque los delitos que les imputaron es por contrabando de combustible, el caso también se observó como un pase de factura dentro de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Presuntamente, los detenidos permitían el tráfico de combustible desde una estación de Soledad (Anzoátegui) hacia las minas del sur de Bolívar.
¿Qué ha pasado con ellos?
El 5 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia comunicó en nota de prensa que “el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, dictó medida judicial de privación preventiva de libertad para el ciudadano Carlos Rafael Vidal Bolívar, quien se desempeña como alcalde del municipio Independencia en el estado Anzoátegui, por la presunta comisión de los delitos de contrabando agravado de combustible y financiamiento al terrorismo, peculado doloso propio y asociación para delinquir, todos previstos en la legislación penal venezolana”.
Sobre Gil Da Silva también se le dictó privativa de libertad, así como a Jorge Javier Peña Contreras y José Gregorio Díaz Jiménez, “por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción propia agravada y asociación”.
“Los ciudadanos Luis Javier Corona Bolívar, Junior Enrique Nicolaz Pérez, Jesús Reinaldo Fuentes Pinto y Jonatan Isaac Martínez González fueron privados de libertad como cómplices necesarios, según estipula el artículo 84.3 del Código Penal, en la presunta comisión de los delitos de contrabando agravado de combustible, financiamiento al terrorismo, peculado doloso propio y asociación para delinquir”, agrega la nota de prensa.
El mismo tribunal también dictaminó la privación de libertad de Ana Deolinda Gómez Muñoz, encargada de una estación de servicio en el pueblo de Soledad, y Virginia María Azócar Guilarte, por los delitos de peculado y asociación.
El capitán Antonio José Barrios González, comandante de la tercera compañía de la Guardia Nacional, fue privado de libertad por los delitos de corrupción propia agravada y asociación.
“Todas estas personas fueron capturadas en flagrancia en el marco de la Operación Mano de hierro, que inició en conjunto con los organismos de seguridad la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque por instrucciones del Presidente de la República, y según se informó preliminarmente esta organización delincuencial organizada desmantelada se dedicaba desde hace dos años al desvío, contrabando y venta de combustibles en el estado Anzoátegui, siendo liderada la operación delictiva por el alcalde del municipio Independencia, Carlos Rafael Bolívar Vidal”, añade la información de la TSJ.
“Este daba directrices y mantenía a cargo de las operaciones a su hijastro Carlos Manuel González y a su sobrino Francisco Javier Corona, para la administración de manera irregular del combustible asignado a las estaciones de servicio Llano Alto y Angostura, desde donde desviaban y almacenaban en centros de acopio ilegales el combustible, utilizando para ello la compra ilegal del cupo de combustible asignado a la ciudadanía a través del Sistema Patria de 120 litros, por el cual pagaban la cantidad de 10 dólares americanos, para luego vender esa gasolina a grupos relacionados con la actividad minera en el estado Bolívar. Producto de esta situación ha dejado a la población de Soledad sin la posibilidad de abastecer gasolina”.
El fiscal Tarek William Saab dijo el 3 de febrero que a la fecha habían apresado a 17 personas en el marco del operativo Mano de hierro. El alcalde del municipio Pedro María Freites del estado Anzoátegui, y el exfiscal superior de Delta Amacuro, también se incluyeron en estas aprehensiones.
Además dijo que los fiscales apresados recibían 10 mil dólares mensuales para evitar que los involucrados fueran procesados.
Los casos se han estado manejando desde Caracas, y desde que se dieron las privativas de libertad no se ha mencionado nada más de los imputados. De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, posterior al dictamen del tribunal en la audiencia de presentación, se tienen 45 días para presentar los actos conclusivos y convocar a audiencia preliminar, a fin de determinar si se mantiene la privativa de libertad, hay libertad plena o medidas cautelares. Ese lapso, contado desde la nota de prensa del TSJ, venció el pasado 22 de marzo.
Según publicó la periodista Pableysa Ostos en su cuenta en Twitter, el 23 de marzo le dieron libertad plena a Gil Da Silva. La decisión del tribunal contraria las declaraciones que dio Tarek William Saab. A la fecha, ningún representante del régimen se ha pronunciado al respecto.
En la vía hacia el sur de Bolívar, en cambio, siguen las reventas de gasolina en plena carretera, incluso cerca de comandos policiales y militares.
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