Amnistía Internacional pidió este viernes al régimen de Cuba que le permita ingresar junto a otros observadores de derechos humanos para seguir los juicios contra los detenidos de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, muchos de los cuales recibieron sentencias en las últimas semanas.
En un comunicado, la organización de derechos humanos dijo que en los últimos meses cubanos de todas la edades que participaron en las manifestaciones de esa fecha han sido acusados, juzgados o condenados, según afirma, en “actuaciones judiciales en gran medida injustas y opacas” y en su mayoría a puertas cerradas.
Las autoridades cubanas «han continuado su campaña de criminalización con el único fin de restablecer la cultura del miedo, quebrada en 2021 cuando la gente salió a la calle para expresarse”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
The Associated Press pidió el viernes a través de un correo electrónico un comentario sobre esa petición a las autoridades cubanas, sin obtenerlo inmediatamente. Sin embargo, en los últimos días los medios oficiales y funcionarios han defendido los juicios y sentencias aplicadas a muchos de los detenidos.
“La observancia del debido proceso, así como los derechos y garantías constitucionales de los acusados, han llevado a la aplicación de la ley con justeza, dependiendo de los delitos cometidos”, indicó un artículo publicado el viernes por el periódico Granma en su página web.
El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra el desabasto y lo que consideran las penurias económicas que viven en la isla en medio de la pandemia, aunque también demandaron libertad.
Las protestas, consideradas las más importantes contra el gobierno socialista en décadas, generaron disturbios, con ataques a autos y establecimientos, y dejaron al menos un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos, según las autoridades.
Los medios cubanos reportaron a mediados de mes las sentencias aplicadas contra 128 de los detenidos por las protestas en dos zonas de La Habana, que alcanzaron en al menos dos casos los 30 años de prisión por los cargos de hurto y sedición, así como penas mucho más bajas en otros. En otras ciudades y provincias de la isla también se han divulgado otra cantidad de sentencias.
