Transcurridos, prácticamente, tres meses de haber entrado en vigencia el presupuesto para el ejercicio económico y financiero del presente año, todavía no se sabe en qué forma serán distribuidos los 62.379. 454. 806 bolívares digitales, equivalentes a 13.457 millones de dólares estadounidenses, aprobado por la Asamblea Nacional en el pasado mes de diciembre de 2021.
Así lo denuncia la organización Democracia y Libertad en una declaración a los medios de comunicación, en la cual señala que este es el sexto presupuesto ilegal consecutivo, por cuanto en el correspondiente al presente año aunque fue presentado ante la Asamblea Nacional, la nación no ha sido informada sobre la forma como han sido distribuidas las partidas.
Violando la Constitución, Maduro al desconocer el Poder Legislativo, presentó los anteriores presupuestos ante el Tribunal Supremo de Justicia, que no tiene competencia en esa materia. Por tanto, han sido ilegales.
Lo que sí ha quedado claro, pero también violentando la Constitución, es que más del 70% de las asignaciones correspondientes a las entidades federales han quedado en manos de los gobernadores y menos del 30% a los municipios.
Esa decisión por parte del Nicolás Maduro ha sido hecha arbitraria y deliberadamente, porque este es un régimen que irrespeta la Constitución y las leyes.
No se sabe cuáles son las fuentes de ingresos que tendrá el Ejecutivo Nacional para atender las necesidades de la población, la cual ha venido soportando el colapso de los servicios y la voracidad de la hiperinflación, que le ha arrebatado los pocos ingresos que percibe.
Como se han tratado de presupuestos ilegales, Venezuela ha quedado al margen en la posibilidad de obtener créditos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de cualquier entidad financiera internacional.
