La existencia de patrones por parte del Estado contra los oficiales, que se han configurado en un ciclo de persecución política que culmina con la prisión del militar, por razones políticas y la posterior violación de derechos y garantías procesales, ha determinado la ONG Justicia Venezolana.
En efecto, los militares institucionales en Venezuela suman años siendo objetivo político. Sin embargo, desde 2014, las acciones contra los castrenses se han acentuado sin distingo de rango o componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Las investigaciones de Justicia Venezolana dan cuenta de la existencia de patrones por parte del Estado contra los oficiales.
La directora de la ONG, Lilia Camejo G. refiere que actualmente “nuestros registros dan cuenta de 252 militares procesados por motivos políticos, de los cuales 190 están privados de libertad, y de estos, en muchos casos se da el ciclo de persecución política que muestra la infografía adjunta”.
Por ejemplo, para ilustrar la existencia del ciclo, precisa que la gran mayoría de los casos analizados, los castrenses sufrieron detenciones arbitrarias, y esto se evidencia porque la orden de aprehensión muestra una fecha que no corresponde con la real.
Otra irregularidad que se repite en un alto número de casos, es la desaparición forzada breve tras la detención, o la imputación del mismo grupo de delitos, siendo dos de ellos traición a la patria y rebelión militar.
Camejo destaca que además es necesario denunciar que la justicia penal en lugar de apegarse a la Constitución y las leyes para seguir los casos contra los presos políticos militares, usa las normas para propinarles castigos anticipados, como es la prisión preventiva, ya que muchos castrenses tienen más de tres años en esta condición, cuando según el Código Orgánico Procesal Penal no debería sobrepasar los dos años.
La abogada exhorta a la liberación de los presos políticos militares que permanecen en prisión injustamente, pues se les han atribuido delitos falsamente, pues no existen pruebas ni fundamento.
