En los primeros dos meses del año 2022 el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabilizó al menos 71 actos de «persecución y criminalización» en Venezuela, por parte de la administración de Nicolás Maduro.
Cepaz indicó que estos actos fueron ejercidos como una política del régimen venezolano, «a través de la aplicación sistemática de patrones que buscan silenciar, reprimir, intimidar y controlar a diversos sectores de la población, especialmente a aquellas personas percibidas como opositoras a su gestión».
ENERO
El Centro de Justicia y Paz señaló que el 2022 inició con 55 actos de «persecución y criminalización» ejercidos contra trabajadores de la comunicación, dirigentes políticos y la población en general.
En el monitoreo y análisis de estos 55 casos, detallan que identificaron las siguientes acciones: «Cierre de un programa de radio, cinco detenciones arbitrarias, 22 actos de hostigamiento, amenaza o acoso, 12 impedimentos para registrar un hecho noticioso en el que se incluye el decomiso u obligación de borrar el material registrado, un asesinato bajo negligencia del Estado y en impunidad, un acto de violencia y el traslado arbitrario de 13 presos políticos».
De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de enero, 28 fueron contra trabajadores de la comunicación, 24 contra actores políticos y tres contra la población, añaden.
En el contexto de la repetición de las elecciones regionales en el estado Barinas y la recolección de las firmas para activar el Referendo Revocatorio, la prensa venezolana se encontró nuevamente con limitaciones para registrar los acontecimientos, expresa Cepaz.
«Estas limitaciones fueron ejecutadas por funcionarios del Plan República, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, y en uno de los casos por milicianos», puntualizaron.
Dentro de los 24 actos de persecución y criminalización a personeros políticos mencionan el cierre del programa de radio del entonces candidato electoral de la Mesa de la Unidad en el estado Barinas, Sergio Garrido.
Así mismo, acotaron que documentaron tres detenciones arbitrarias: la del director de ambiente de la alcaldía de Cruz Paredez, José Mejías, del sindico procurador de esta localidad, Rito Gulfo, y del activista del partido político Voluntad Popular, Alexander Mairober, después de reclamar los reiterados votos asistidos por parte de «personas vinculadas con el gobierno».
«También en el mes de enero fue asesinado en su hogar José Urbina, militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV). El activista político había liderado denuncias en diversas comunidades y había advertido meses antes haber recibido amenazas de un comandante del destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana», sentenció la ONG.
FEBRERO
Durante el mes de febrero, Cepaz documentó al menos 16 actos de «persecución y criminalización» ejercidos contra personas trabajadoras de la comunicación, personas vinculadas con el activismo político y contra organizaciones de la sociedad civil.
En el monitoreo y análisis de estos 16 casos se identificaron 8 bloqueos a páginas web y emisoras de radio, tres acciones que imposibilitaron registrar un hecho noticioso, dos detenciones arbitrarias, dos actos de hostigamiento y el cierre de una emisora de radio.
De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos durante este mes se identificaron 13 ejercidos contra trabajadores de la comunicación, dos contra personas vinculadas al activismo político y uno contra una organización de la sociedad civil.
«El mes de febrero se caracterizó por un patrón de censura a través del bloqueo de ocho portales web y de una emisora de radio. Se trata de bloqueos selectivos contra medios de comunicación que divulgan o denuncian situaciones irregulares que incomodan a quienes hoy detentan el poder, y que busca a través de este tipo de acciones silenciarlos, coartando así el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso de la información de la población», afirmó el Centro de Justicia y Paz.
En el segundo mes del 2022 resaltaron la «detención arbitraria» de dos adultos mayores, dirigentes del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Mover.
La detención ocurrió luego de que ambos dirigentes políticos desplegaron una pancarta a favor de la consulta popular para revocar a Nicolás Maduro. Ambos dirigentes fueron liberados, pero no de manera plena, sino bajo medidas cautelares, concluyó la ONG.
