El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció las graves condiciones en las que viven los reclusos en los más de 52 centros penitenciarios del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La organización denunció el hacinamiento crítico de 158%, de esta población actual en el país y detalló que 2.500 son mujeres, de las cuales 1.900 viven en anexos femeninos, que no cuentan con las condiciones para la permanencia.
Mientras en los centros de detención policiales diseñados para la permanencia transitoria de personas según las leyes venezolanas de no más de 72 horas, ahora permanecen 35.000 personas detenidas. Sumando la población penitenciaria y la de los calabozos policiales es de 67.200 personas privadas de libertad en el país, explicó en la audiencia Carolina Girón, directora de OVP.
Girón describió que actualmente existe un retardo procesal de al menos 70% en los casos judiciales, lo que incrementaría la cifra de hacinamiento.
En cuanto a la situación en la que conviven los reclusos, dentro de las cárceles, la directora del OVP describió que «carecen de servicios públicos adecuados, no hay agua potable, el servicio de electricidad es oscilante, igual que en las regiones del país, tampoco cuentan con servicio de gas doméstico regular, y los desechos sólidos no son recolectados con regularidad», reseñó el OVP en una nota de prensa.
Girón además denunció ante la CIDH que en Venezuela existen diversas modalidades en el control de los centros penitenciarios del país y uno de ellos es donde los presos tienen el control total, mandado bajo la figura de los “Pranes” quienes tienen el control total, tanto a lo interno como lo externo; el 59% de la población vive bajo estas condiciones, existe una segunda modalidad donde los pranes y autoridades del penal controlan el recinto, ambos tienen su cuota de poder es al 12% de la población penitenciaria que se encuentra en esta situación, el 29% restante se encuentra bajo lo que el gobierno ha denominado Nuevo Régimen Penitenciario, es decir, están bajo el control del Gobierno.
En cuanto a los presos de la comunidad LGBTIQ+, dentro de los penales son usados para hacer labores de limpieza, o son obligados a prostituirse y sufrir abusos sexuales a voluntad del líder y su camarilla.
«A las mujeres se les priva del consumo de agua y alimentos, no cuentan con atención médica, ni acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, no existe personal capacitado en materia de perspectiva de género, no cuentan con insumos básicos ni acceso a toallas sanitarias. No disponen de espacios adecuados para recibir las visitas de sus hijos y se les ha privado del derecho a la visita conyugal», expuso el Observatorio.
Por otra parte la directora de OVP expuso frente a la CIDH que no existe personal médicos dentro de los penales, “como práctica recurrente hemos identificado que, cuando el interno se encuentra con graves condiciones de salud, es que se solicita el traslado, prácticamente para que la persona muera en el centro hospitalario”.
Desde el 2017 en adelante se evidencia cómo han aumentado las muertes en prisión por tuberculosis y desnutrición. Girón comenta que la TBC es una enfermedad típica de prisión por lo que ningún preso debe morir, pero en Venezuela tanto las pruebas como el tratamiento para la tuberculosis son del monopolio del Estado quien las controla, por lo tanto solo el 10% de los presos con esta enfermedad cuentan con un diagnóstico como tal y son los que reciben el tratamiento.
Destacó la organización en su nota informativa, que desde el 2017 hasta enero 2022, han fallecido en los Centros Penitenciarios 960 personas, de las cuales 412 fueron por desnutrición. Lo que significa el 43% de los fallecidos. Mientras en los calabozos en el mismo periodo murieron 770 detenidos y 261 por desnutrición, en total 1730 presos han muerto, de las cuales 773 fallecen por desnutrición.
