Al cumplirse un año de los sucesos de Apure donde la violencia de las organizaciones criminales dejó como resultado un número significativo de muertos, heridos, secuestrados y personas desaparecidas, así como más de 7.000 desplazados, afectaciones a la propiedad y un sin número de violaciones a los derechos humanos, la situación de indefensión de los habitantes de esta región fronteriza se ha agudizado en los últimos meses.
Así lo afirma FundaRedes en su boletín «Nueva correlación de fuerzas de grupos armados irregulares obligan al desplazamiento de poblaciones de Apure«, donde además alerta que a pesar de que el Estado venezolano desplegó sus Fuerzas Armadas en la zona, los combates entre grupos terroristas continúan en la entidad llanera y por consiguiente los ciudadanos se han visto en la necesidad de huir hacia otras localidades para resguardar sus vidas.
El documento revela que más de 2.000 personas se han desplazado entre La Victoria, Arauquita y sus zonas vecinas, lo que implica el abandono de sus casas, de sus unidades productivas y sus animales de cría que constituyen el patrimonio que estas familias han logrado tras años de esfuerzo y trabajo.
“Debido a la violencia, familias completas, en su mayoría indígenas, huyen de Puerto Páez y comunidades adyacentes al municipio Pedro Camejo; cruzan el río Meta que separa al estado Apure, Venezuela, del Departamento del Vichada, Colombia, y llegan hasta Puerto Carreño y algunas zonas vecinas donde duermen a la intemperie en hamacas, padeciendo frío y hambre”.
Entre los desplazados – dice el estudio- hay un numeroso grupo de indígenas, así como población general, especialmente mujeres y niños, quienes en voz baja denuncian que escaparon de las amenazas de reclutamiento de las guerrillas en conflicto.
“Hasta a los niños de 5 años se los quieren llevar”, dijo una madre angustiada a los activistas de la organización defensora de los DDHH.
Asimismo el equipo de FundaRedes en Apure recibió denuncias de acoso sexual y violaciones contra mujeres indígenas de las etnias asentadas en San José de Capanaparo, Piedra Azul, Guachara (municipio Achaguas), La Macanilla y Sinaruco (municipio Pedro Camejo).
Destaca la publicación el testimonio del coordinador de FundaRedes Amazonas quien señala que esta zona de la frontera es una de las más pobres, tanto en Colombia como en Venezuela, y las autoridades locales colombianas no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar la avalancha de desplazados a la par del abundante flujo de migrantes que cruza desde Venezuela.
“A los que huían del hambre se suman ahora los que huyen del terror; les han amenazado de muerte, han intentado reclutar a sus hijos para sumarlos a las filas de combate”, aseguró.
De acuerdo con las investigaciones y seguimiento de casos realizado por FundaRedes las poblaciones fronterizas que desarrollan sus actividades en el corredor Apure-Arauca y residen del lado venezolano están en total indefensión antes y durante el conflicto, y se prevé que continuarán así aunque cesen los enfrentamientos pese a los esfuerzos de la comunidad internacional y las organizaciones locales de defensa de los derechos humanos.
Cuando ocurren los conflictos armados -sostiene la ONG- los actores y el Estado donde se desarrolla el conflicto deben proteger a la población civil que no participa de las acciones bélicas.
En este sentido, corresponde al nivel central establecer una política integral en la frontera que permita preservar la integridad territorial, la soberanía y la seguridad, pues sólo el Estado es el responsable de la seguridad de la nación y posee el monopolio sobre la posesión y uso de armas de guerra como medio para garantizar la seguridad de las personas y sus derechos.
