Con impunidad absoluta fueron cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado, desde agosto de 2016 hasta finales de 2021, 420 ejecuciones extrajudiciales en la jurisdicción de Lara.
La escalofriante cifra es dada por el sociólogo Nelson Freitez, de la Red de Derechos Humanos, al ser entrevistado por Elimpulso.com.
Las ejecuciones extrajudiciales se intensificaron en el país en el 2015, a raíz de la Operación de Liberación del Pueblo, que comenzó su criminal actividad en la Cota 905 de Caracas.
Al ser suspendida esa operación por sus crímenes, en abril de 2016 fue suplantada por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dentro de la Policía Nacional.
Pero, el régimen no limitó los operativos con la FAES sino que en los últimos dos años se ha visto cómo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ha participado también en esa práctica condenable de las ejecuciones extrajudiciales.
Éstas se efectúan, generalmente, dentro del mismo guión: los funcionarios van fuertemente armados a los barrios en la búsqueda de una persona, casi siempre de color o morena, que no pasa de 35 años, sin orden judicial se aparecen en la casa del que ha sido señalado como presunto delincuente y éste aparece luego por lo menos con dos tiros en el tórax, mientras las autoridades de inmediato informan que se trata de un enfrentamiento armado contra el cuerpo de seguridad.
No fue sino con la visita hecha en noviembre del año pasado por el Fiscal General de la Corte Penal Internacional, abogado Karim Khan, cuando Nicolás Maduro suscribió el documento mediante el cual ese organismo comenzó las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben.
El domingo de la semana pasada estuvo en Barquisimeto indagando en la urbanización Terepaima la muerte de Robert Durán y habló con familiares de la víctima y testigos.
Debido a la actuación de la Corte es que ahora hay una movilización investigativa para hacer ver que se está trabajando en los casos.
Pero, entre estos está el de un larense que fue ajusticiado por orden de un teniente, que luego fue ascendido el 5 de julio del 2017 y hoy está desempeñándose como jefe de un comando en el municipio Torres.
Fréitez destacó tres casos que se han convertido en emblemáticos: Gruseny Antonio Canelón Sicrpatempo, de 32 años, durante una protesta el 11 de abril en el distribuidor Bellas Artes, de Cabudare; Manuel Sosa, de 33 años, padre, trabajador y deportista, abaleado en una protesta que se realizaba en Cabudare, el 25 de mayo de 2017: y Roberto Durán, de 26 años, padre de dos hijos, en la urbanización Terepaima de Barquisimeto, el 28 de junio de 2017, siendo en ese momento la víctima 79 de las manifestaciones de protestas que se realizaban en todo el país.
