Sin estar en una situación de guerra, el comportamiento de las naciones de la región y de Europa en relación de Venezuela y sus migrantes se ha ido endureciendo en los últimos meses.
Hasta fecha, la cifra de países que piden visa a los venezolanos se ha elevado a 98, de los cuales 22 corresponden a Latinoamérica. Paralelo a ello, las deportaciones desde otros territorios, como Estados Unidos, también se mantienen e, incluso, se han incrementado los casos de tratos violatorios de los Derechos Humanos, como lo ocurrido recientemente con Trinidad y Tobago.
La movilización fuera del territorio -ya sea en condición de migrantes forzados o refugiados-, supera hasta el presente los seis millones de personas. Con los años, las manifestaciones de rechazo, que antes parecían circunscribirse a sectores más radicales de las comunidades receptoras, han dado paso a más restricciones burocráticas, creando un fenómeno que ha sido calificado como “xenofobia institucional”.
Este tipo de xenofobia trasciende el ámbito de los ciudadanos comunes para expresarse en las acciones de quienes ostentan cargos de relevancia desde las estructuras de los Estados.
Carolina Jiménez Sandoval, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), líder en la promoción y la defensa de los Derechos Humanos DD.HH., explica para El Tiempo que actualmente el rechazo hacia los migrantes se manifiesta desde las formas más sutiles, como la manera en que se le habla a un venezolano, o cuando se le niega un trabajo o se le paga poco (…) hasta las expresiones más graves, como los incidentes que se han visto en Chile, Colombia y Perú, donde ha habido actos violentos, al punto de llegar a quemar sus pertenencias en plazas donde estaban durmiendo.
No hay política regional
Carolina Jiménez Sandoval, directora de Wola, señala que en los cruces fronterizos debe haber oficiales de protección capacitados para atender las necesidades de las personas dependiendo de sus grupos diferenciados, algo que en la actualidad no existe.
“Mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad, están cruzando fronteras fuertemente militarizadas. Esto ya habla muy mal de la falta de preparación que están implementando los países que están recibiendo (…) Si hay niños migrantes no acompañados ¿cuáles son las políticas que deben tener los diferentes Estados por los cuales están transitando? ¿Qué se hará en el caso de mujeres embarazadas? No hay una política regional”.
“Esa xenofobia social ha pasado a ser más institucional o política, que es tremendamente grave. Muchos líderes locales o regionales se han aprovechado de ese rechazo al inmigrante venezolano, para hacer campaña política y promesas electorales de restricción de entrada o de deportaciones masivas. La xenofobia institucional hacia el migrante venezolano se demuestra a través de la imposición de visas y militarización de fronteras, entre otras acciones. Tiene un componente tremendamente negativo en contra de los DD.HH. de las personas migrantes y refugiadas”, detalla Jiménez Sandoval.
Una visa no detiene la migración
Sostiene la experta que no puede ser justificable una imposición de visado contra las poblaciones migrantes cuando la razón de su huida sigue estando presente, que en el caso de Venezuela es una emergencia humanitaria compleja.
Una de las últimas naciones de la región en implementar la solicitud de visado a los venezolanos es Costa Rica. La nación centroamericana activó el requerimiento -ya sea para fines de tránsito o destino-, el lunes 21 de febrero, argumentando que la medida obedece a “cambios en la política migratoria a nivel mundial”.
Anteriormente fueron las autoridades de México las que implementaron la restricción el 21 de enero. En aquel momento, la organización Amnistía Internacional pidió a las autoridades mexicanas reconsiderar la disposición.
Los expertos coinciden en que el endurecimiento de las medidas de tránsito contra los venezolanos podría conllevar un aumento en el uso de rutas irregulares o ilegales y el pago a terceros, dejando de lado los trámites oficiales, para lograr el ingreso a algunas naciones.
Por otro lado, las dificultades sobre los visados han elevado las peticiones de asilo en todo el mundo, aunque el porcentaje de aprobación en el caso de los venezolanos es muy bajo.
“Es necesario que los países contribuyan o fortalezcan sus sistemas internos de asilo, ya sea a través de la expansión de las oficinas donde se tramitan u otros tipos de regularización migratoria para la población venezolana migrante, en caso de no tener un sistema de asilo lo suficientemente robusto. Debe haber una política pública de cada país en materia de refugio”.
Para Jiménez muchas de las fronteras continúan siendo evidencia tangible de violaciones a los DD.HH., las cuales deben ser denunciadas.
“Particularmente la frontera entre Bolivia y Chile se ha convertido en un paso doloroso. Se han reportado muchas devoluciones forzadas por parte del gobierno chileno. Lo cierto es que los factores de expulsión están presentes”.
“Molestan más cuando son pobres”
Apunta que también lo ocurrido en Chile se vio impulsado por todas las acciones que tomó el gobierno a raíz de la crisis migratoria por los pasos de Chacalluta, que se tradujo en la expulsión de 800 personas (buena parte de nacionalidad venezolana), a través de vuelos especiales. Esos traslados aéreos estuvieron acompañados de una agresiva cobertura mediática para desincentivar la migración.
Castillo destaca que lo que está sucediendo en el norte de Chile es una situación crítica, en medio de la cual no solo se junta la xenofobia de las personas, sino también la “xenofobia institucional”.
“Los migrantes molestan más cuando son pobres y eso tiene toda una razón estructural. En general, los procesos de migración en Chile fueron abandonados por el gobierno de Piñera, en el sentido de que hay poca transparencia por parte de las instituciones; no se han hecho las inversiones necesarias para poder abarcar la gran oleada de migrantes que está recibiendo el país. Lo que se advierte es que hay un número considerable de personas que no tienen una regularización, no porque no quieran hacerla, sino porque el Estado ha sido ineficiente para poder regularizarlos”.
En el marco de las expulsiones que hizo el gobierno de Sebastián Piñera, en 2021, y posteriormente condenadas por Human Right Watch (HRW) y la Corte Suprema de Chile, se dejó evidencia del mal accionar del Estado chileno contra los afectados.
“En ese hecho no se permitió que se realizaran llamadas telefónicas a familiares, no se permitió apelar la decisión, donde hubo separación de familias, y además se tomó una decisión masiva, cuando la norma internacional establece que cada caso de expulsión se lleve de forma individual”.
Explica que las mismas instituciones impiden que las violaciones sean documentadas.
Territorio hostil
Destaca Castillo que a raíz de lo ocurrido se han abierto pasos terrestres que han respondido a los distintos contextos del continente.
“En su momento la migración terrestre era hacia Colombia, pero cuando ésta se empezó a ver saturada y con menos oportunidades para los migrantes, esos mismos pasos terrestres se empezaron a abrir hacia el sur llegando hasta Chile o Argentina. Cuando Chile comienza a convertirse en un territorio hostil para las personas migrantes, empiezan a tomar importancia los pasos hacia el norte. Todo eso implica un paso hacia Centroamérica”.
Subraya que mientras más complicado sea el paso terrestre para estas olas migratorias venezolanas, “más probable es que terminemos ocupando las rutas que utiliza el propio narcotráfico”.
Castillo insiste en que lo ideal sería actuar como demandan la norma internacional y los acuerdos que los Estados han firmado.
“Esto pasa por el reconocimiento de que existe una emergencia humanitaria y de esa manera poder actuar en conjunto para proteger, en primer lugar, los derechos humanos de las personas migrantes y acogernos en la medida que sea necesario”.
Pero por el contrario, actualmente existe, según los expertos, una dinámica de “sálvese quien pueda”, pues los países cierran sus pasos para desincentivar la migración. Y finalmente lo que termina sucediendo es que se hace más vulnerable al ciudadano, una realidad sobre la que se hace necesario actuar con urgencia.
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