Los rusos pudieran enfrentar sentencias de prisión de hasta 15 años por diseminar información que contradiga la posición oficial del gobierno sobre la guerra en Ucrania, esto luego de que el Parlamento aprobara unánimemente este viernes una propuesta de ley que criminaliza la diseminación intencional de lo que Rusia califica como reportes “falsos”.
Las autoridades rusas han lamentado reiteradamente reportes de tropiezos de las tropas rusas o de muertes civiles en Ucrania, diciendo que son falsos. La prensa estatal se refiere a la invasión rusa de Ucrania como una “operación militar especial” en lugar de una “guerra” o una “invasión”.
La propuesta fue aprobada por ambas cámaras del parlamento en rápida sucesión y se dirige ahora al despacho del presidente Vladimir Putin para su firma, con la mira en ponerla en vigor el sábado, dijo el presidente de la cámara baja, Viacheslav Volodin.
“Es posible que, para mañana, sus reglas someterán a aquellos que mintieron e hicieron declaraciones que desacreditan a nuestras fuerzas armadas a un severo castigo”, dijo Volodin.
“Yo quiero que todo el mundo entienda y que la sociedad entienda que hacemos esto para proteger a nuestros soldados y oficiales y para proteger la verdad”.
La medida prevé sentencias de hasta tres años o multas por diseminar lo que las autoridades consideran información falsa sobre las fuerzas armadas, pero el castigo máximo se eleva a 15 años para casos que se diga llevaron a “consecuencias graves”, dijo la cámara baja.
El tipo de material que enfrenta desaprobación oficial quedó claro el viernes cuando el regulador federal de comunicaciones, Roskomnadzor, dijo que iba a bloquear a cinco organizaciones de prensa basadas en el extranjero.
El regulador dijo en una declaración que esas organizaciones habían publicado “información falsa” sobre varios asuntos, incluyendo “los métodos de ejecutar operaciones de combate (ataques a la población civil, ataques contra infraestructura civil), los números de bajas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y de víctimas entre la población civil”.
La orden afecta a la BBC, la Voz de las Américas y Radio Europa LIbre, financiadas por el gobierno estadounidense; la televisora alemana Deutsche Welle y el portal letón Meduza.
