La industria se recupera progresivamente y alcanza un uso del 27% de su capacidad instalada por primera vez desde 2018, pero políticas gubernamentales como el impuesto a las grandes transacciones financieras amenazan con limitar aún más las posibilidades de crecimiento de la empresa nacional.
El sector privado ha tomado la batuta de los salarios en el país ante la desidia del régimen chavista, que mantiene el salario mínimo en poco más de $2. Durante 2021 se hicieron esfuerzos importantes para incrementar las remuneraciones y ampliar la masa laboral, pues el ingreso familiar es vital pare recuperar el consumo en el país.
En este sentido, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) reveló mediante su Encuesta de Coyuntura Industrial correspondiente al IV trimestre de 2021, que los salarios del personal obrero aumentaron un 76% en el transcurso del año.
A inicios de 2021, un obrero u operador podía ganar un estimado de $78 mensuales. Esta cifra fue escalando con el paso de los meses hasta cerrar en los $138 en los que se promedia el sueldo actualmente.
Para otros rangos de profesionalización los salarios son mayores. Los profesionales y técnicos cobran un 64% más que a inicios de 2021 al recibir unos $283, mientras que los gerentes ganan un 30% más que a inicios de 2021 y se calculan sus salarios en $539.
De acuerdo con los resultados de esta encuesta, la industria supera en remuneración a otros sectores de la economía venezolana, pues según datos de estudios realizados por la consultora Anova y el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el salario mínimo promedio en la actividad comercial es de unos $89. Es decir, un 35,5% más bajo que la remuneración que reciben los trabajadores industriales en su escalafón más bajo.
Pese a los esfuerzos por incrementar el poder adquisitivo de sus colaboradores, la industria no ha sido capaz de ampliar su masa de trabajadores. Muchas empresas, más bien, registraron una reducción de personal.
Los datos de la encuesta de Conindustria destacan que un 56% de las empresas mantuvieron la misma nómina si se comparan con el último trimestre de 2020 (un año atrás). Un 3% señaló que perdieron a muchos trabajadores, mientras que un 21% destacaron que perdieron pocos. Tan solo un 20% pudo ampliar su nómina ligeramente y ninguna empresa manifestó un aumento importante de trabajadores.
Para el próximo trimestre las expectativas son similares. Un 59% de las empresas encuestadas no prevén contrataciones ni pérdidas, un 1% creen que perderán a muchos empleados, mientras que un 11% podrían prescindir de algunos pocos. Mientras tanto, un 29% prevé ampliar la contratación tímidamente. Nuevamente, ninguna empresa espera incrementar de manera importante su masa de colaboradores.
Sin inversión, la industria produce más
Los problemas para contratar están vinculados con la falta de inversión, otra de las principales barreras que enfrenta la industria venezolana.
Aunque se ha registrado un leve incremento en la actividad productiva, aún las empresas no encuentran un nivel de equilibrio lo suficientemente relevante como para invertir en aumentar su producción.
Apenas un 30% de la industria reportó una inversión mayor. La mayor tajada, un 49%, indicó que sus inversiones se mantuvieron iguales, mientras que las de un 21% disminuyeron.
Pero incluso entre aquellos que invirtieron, la gran mayoría, un 77%, se concentró en gastar dinero con fines operativos y para reponer inventarios. Es decir, prácticamente no existieron inversiones en adquisición de maquinaria o la ampliación de sus instalaciones.
La poca inversión se refleja en el mínimo uso de la capacidad instalada de la industria nacional, que se registra en 27%. Pese a que la cifra es demasiado baja para las necesidades y capacidades del país, se registró un incremento de 4% frente al trimestre anterior y recupera un nivel que no había tenido desde el segundo trimestre de 2018.
Y es que, con o sin inversión, un 58% de las empresas encuestadas lograron incrementar su producción este año. Incluso la pequeña empresa, las más afectadas durante las encuestas de trimestres anteriores, lograron mejorar sus números. Pasaron de un 24% que no produjo en absoluto a apenas un 6%, frente a un 67% que mantuvo o incrementó su producción.
El incremento de la capacidad utilizada es, sin lugar a dudas, una buena noticia para la industria venezolana y parece responder a medidas que van por un buen camino. No obstante, está muy lejos de alcanzar un nivel óptimo de operatividad.
Si se toman como referentes otros países de la región, se evidencia un colosal rezago en la industria, pues Brasil opera con un 81% de su capacidad instalada, al igual que Colombia. Mientras tanto, Argentina, azotada también por problemas económicos e inflación, logra utilizar un 66%.
Autosabotaje gubernamental
El tímido resurgir de la economía no se puede entender sin la postura del gobierno chavista. Las condiciones que hicieron que la industria y la empresa privada colapsaran fueron propiciadas por la administración de Nicolás Maduro y sus constantes regulaciones.
Un cambio en estas políticas se apreció desde 2019. El Gobierno apartó su mirada del sector privado y los empresarios aprovecharon para revivir a sus empresas progresivamente, mayormente con dinero propio y sin incentivos gubernamentales ni créditos bancarios.
Este cambio de postura, con un Estado menos presente como ente regulador, ha permitido el crecimiento de 2021. Pero ahora los actores del Gobierno toman nuevamente un papel protagónico que parece ser contraproducente para la empresa.
Aunque el régimen promueve en sus discursos la necesidad que tiene el país de apoyar a la empresa nacional y de potenciar a la industria, acaba por generar condiciones poco óptimas para hacerlo.
La exoneración de los aranceles de importación durante cuatro años son el perfecto ejemplo, puesto que privilegia a los productos importados que no generan empleo ni ofrecen valor agregado alguno para la actividad económica venezolana, mientras que se imponen barreras cada vez más grandes para el productor nacional.
Esta situación se evidencia mediante reformas aprobadas en el seno de la Asamblea Nacional (AN), como la Reforma de la Ley de Registros y del Notariado o la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).
En el caso de la primera ley, se centra en incrementar las tarifas a pagar por los servicios que ofrece el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). Estas afectan, no solo al venezolano promedio que intenta tramitar un pasaporte o cualquier otra documentación, sino también al empresario que desea crear una empresa o cumplir con cualquier trámite administrativo.
La IGTF, por su parte, supone una variedad de problemas. La imposición de un 3% de impuesto a las transacciones en dólares no se aplicará solamente al producto final, sino que repercutirá en toda la cadena productiva.
Según explica el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, la materia prima ya vendrá con ese 3% adicional, pero al pasar al siguiente proceso, se suma otro 3% y así sucesivamente, hasta que el producto terminado se vende con un precio muy superior.
«Este tributo va orientado no solo a generar ingresos al Estado sino que también quien más lo paga es la industria nacional. Se pechará un 3% a la materia prima. Cuando pase al siguiente proceso, aumenta de precio. Esto termina en una inmensa bola de nieve. Como consecuencia, ese producto experimenta un crecimiento de precio», argumentó.
Por otra parte, el producto importado que ya está terminado, solo recibirá un 3% adicional al momento de efectuar la venta.
«El impuesto beneficia a la importación y afecta a la industria nacional. Nos siguen aumentando impuestos, a la producción nacional. Pedimos, por primera vez, el trato que tienen los productores extranjeros», añadió Pisella.
A estos problemas, se añade la inacción del Gobierno frente a la mercancía que entra al país a través del contrabando. Cada vez son más los productos elaborados afuera de la misma marca que producen los locales.
Por ejemplo, una Coca–Cola producida en Colombia, con costos más económicos, es importada mediante contrabando a Venezuela para competir con la Coca-Cola nacional. Como consecuencia, los consumidores optan por el artículo más accesible y se perjudica la producción local.
«Están llegando productos de nuestros vecinos países sin autorización de quienes producen aquí. En cambio, en Venezuela no podemos exportar sin autorización de los fabricantes del país vecino. Esto va en perjuicio de la recuperación de la industria y de la economía nacional», destacó.
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