A juicio del profesor universitario e integrante de la ONG «Red de Derechos Humanos del estado Lara», Nelson Fréitez, el balance que se puede hacer sobre la gestión de Adolfo Pereira como gobernador del estado Lara, a 90 días de inicio del actual período, debe partir del marco de derechos fundamentales que goza la población y del contexto de emergencia humanitaria compleja que vive el país, «porque de allí se derivan las prioridades y las necesidades fundamentales que deben atenderse para que los derechos se puedan realizar» y en el caso de Lara, puede decirse que los sectores más vulnerables han sido los servicios de suministro de agua potable, salud y seguridad pública.
«Se puede decir que no hay un apego ni una correspondencia entre lo que está haciendo hoy la gobernación del estado Lara con los problemas fundamentales en una gestión caracterizada por la contingencia que se actúa sin planes, no hay lineamientos orientadores que se plieguen a las prioridades porque se actúa sobre la base de operativos de urgencias y emergencias y no hay un norte claro ni lineamientos orientadores que adecúen la gestión a unos objetivos en correspondencia con la necesidad de la población», señaló Fréitez.
Recalcó, que en el caso particular de nuestra entidad hay 3 áreas fundamentales en las que la Gobernación tiene incidencia y que actualmente se encuentran en situación muy precaria y estas son el suministro de agua, los servicios de salud y lo atinente a la seguridad ciudadana.
Con respecto al suministro de agua potable, señaló el profesor Fréitez que durante el año 2021 Lara fue el estado en el que hubo más protestas públicas de calle. Los servicios de red de cloacas o aguas servidas también están colapsados en la mayoría de los casos por falta de mantenimiento y reparación.
«El servicio de agua potable y saneamiento es uno de los peor evaluados de acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos en el estado Lara y en el país y eso se traduce en una violación sistemática de los derechos humanos», señaló.
En cuanto a los servicios de salud, señaló el profesor Nelson Fréitez que en un diagnóstico que realizó el proyecto HUM Venezuela y la Red de Derechos Humanos del estado Lara de evaluación de ese sector, se determinó que la mayoría de los servicios hospitalarios tienen una deficiencia crónica con la dotación de insumos y los medicamentos requeridos por los pacientes.
Dijo, que hay una carencia de personal médico muy significativa y tal es el caso del Hospital Antonio María Pineda donde hay un déficit de un 70% de enfermeras: Igualmente servicios fundamentales como salas de Rayos X y otros están inoperativos.
«Lara es una de las entidades con mayor índice de mortalidad materna, tal y como lo evaluó el Laboratorio de Desarrollo Humano, con una regresión de más de 50 años en materia de la calidad de la atención a las parturientas», apuntó.
En relación al tercer punto referente a la seguridad, indicó el profesor Fréitez que ese es otro de los servicios en los que tiene competencia la gobernación del estado Lara y que se traduce en violaciones a los derechos humanos es la seguridad pública.
Señaló, que según el Observatorio Venezolano de Violencia, OVV, Lara es una de las entidades donde el porcentaje de personas que mueren a manos de los cuerpos de seguridad del estado y particularmente el cuerpo de policía estadal, es de los más altos del país.
«Las actuaciones de la gobernación del estado Lara en estos noventa días no están precisamente enmarcadas en estas prioridades, en primer lugar porque no hay una información en relación al plan de gobierno y el presupuesto del año 2022 es desconocido, no hubo una discusión en el Consejo Legislativo del estado Lara en el que las prioridades del mismo», dijo Fréitez.
