La Red de Derechos Humanos del estado Lara, con apoyo del Movimiento en Defensa de la Contitución y la Democracia (DECODE), se dirige a las autoridades policiales y militares para recordarles que están obligados, constitucionalmente, a proteger a los ciudadanos que participen en protestas públicas destinadas a reclamar sus derechos.
Declaración en tal sentido dio el sociólogo Nelson Fréitez, catedrático de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) en materia de Derechos Humanos e integrante de la mencionada Red, quien exterioriza su preocupación porque el régimen, a pesar de que está en la mira de la Corte Penal Internacional, continúa utilizando los cuerpos de seguridad para, violando la Constitución, reprimir a manifestantes pacíficos, indefensos y agobiados por los problemas de la crisis ocasionada precisamente por las malas y erradas políticas impuestas por Nicolás Maduro.
El recordatorio lo hace con antelación a las manifestaciones que se han previsto para el dia 9 de este mes de marzo, por parte de la exhortación hecha por el Comité de Jubilados y Pensionados, para hacer sentir la necesidad que tienen las personas de la tercera edad que no pueden sobrevivir con la miserable pensión que reciben del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual es de apenas 7 bolívares individualmente cada mes.
La jornada que se hará frente a las oficinas administrativas del IVSS es porque los pensionados y jubilados ya han soportado demasiadas calamidades, porque el régimen ha sido despiadado y son miles de personas que a diario mueren de mengua, ya que esos miserables siete días no alcanzan siquiera para la alimentación que requiere un ser humano en un día.
La sobrevivencia de los cuatro o cinco millones de venezolanos de la tercera edad forma parte de la crisis humanitaria que sufre Venezuela, después de haber sido el país más envidiado en el mundo por su riqueza petrolera que llevó a Venezuela a tener la tercera empresa en ese rubro del mundo y disponer de refinerías en Europa e incluso en los propios Estados Unidos.
El régimen no sólo destruyó esa y otras riquezas, sino que ha venido cometiendo hechos tan graves contra los ciudadanos que, en estos momentos, es objeto de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben y los responsables tienen que ser sometidos a la justicia.
En el caso venezolano es frecuente que la responsabilidad es atribuida a quienes reprimen y han cometido asesinatos extrajudiciales por mandato de sus jefes, motivo por el cual se están exponiendo a la cárcel los funcionarios del más bajo nivel mientras que sus superiores son protegidos por el régimen.
Es por ello que todos los ciudadanos en este país, tengan o no cargos públicos, están obligados a cumplir estrictamente la Constitución.
En el caso de que sean reprimidos los venezolanos de la tercera edad, que apenas pueden movilizarse con dificultades por su edad, sería muy grave que fuesen reprimidos al pedir que se les cumpla el derecho que tienen porque cuando trabajaron pagaron sus cuotas al IVSS.
El profesor Fréitez le pidió a los funcionarios policiales y militares que lean el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual consagra el derecho de protestar pública y pacíficamente en el país.Y en esta ocasión esa protesta está contemplada en los artículos 80 y 91 de la Constitución, motivo por el cual los manifestantes pueden estar en la calle exigiendo un derecho que el Estado les niega.
