El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) aseguró que el Estado venezolano ha sumergido a muchas familias en el país en una condición de pobreza extrema, propiciando situaciones de desnutrición, deserción escolar y abandono de los hijos por parte de los padres.
El estudio presentado por Olga Ávila, trabajadora social y profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), titulado la “Violencia Estructural en la Familia y en la crisis humanitaria de Venezuela”, señaló que la privación de servicios básicos como: agua, gas doméstico, electricidad, transporte, “tiene impacto negativo en la calidad de vida de las personas, demostrando en qué forma afectan a las familias y restan oportunidades de desarrollo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país”.
Entre sus conclusiones, el documento destaca que “la respuesta en materia de prevención y protección de las instituciones del Estado es casi nulo”.
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“El retardo procesal, la incapacidad de los comedores escolares, las reparaciones inadecuadas para casos de violencia, son parte de las evidencias de la mencionada nulidad”, precisaron.
A continuación las conclusiones presentadas por el Observatorio Venezolano de Violencia sobre la “Violencia Estructural en la Familia y en la crisis humanitaria de Venezuela”:
1. La violencia estructural por parte del Estado, ha sumergido a muchas familias en una condición de pobreza extrema, propiciando situaciones de desnutrición, deserción escolar, abandono de los hijos por parte de los padres, agresiones familiares, explotación sexual, trabajo infantil y casos de suicidios.
2. La privación de servicios básicos como: agua, gas doméstico, electricidad, transporte, tiene impacto negativo en la calidad de vida de las personas, demostrando en qué forma afectan a las familias y cómo restan oportunidades de desarrollo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes; así como de muertes o daños irreparables o evitables, por incapacidad de atención en los servicios de salud.
3. En algunos casos, es posible detectar cómo la familia se ha convertido en un factor de riesgo y no de protección para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, haciéndolos vulnerables ante las agresiones de algunos miembros de la familia.
4. La respuesta en materia de prevención y protección de las instituciones de el Estado es casi nulo, y cuando se da, no suele ser sostenible y efectivo. El retardo procesal, la incapacidad de los comedores escolares, las reparaciones inadecuadas para casos de violencia, son parte de las evidencias de la mencionada nulidad.
5. Las organizaciones de la sociedad civil especializadas en niños, niñas y adolescentes han ido incorporando herramientas en atenciones integrales a casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, ante la magnitud y frecuencia no logran dar respuesta a todos los casos que se presentan.
6. Las distintas formas de violencia descritas evidencian la violación de la normativa, de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, alimentando la impunidad en el manejo de los casos, así como la ausencia de políticas públicas que garanticen mejores condiciones de vida, y atención a las víctimas.
7. El 61% de la población manifestó estar en algún grado insatisfecha por la situación económica de su hogar, a diferencia de un 39% que tiene algún grado de satisfacción.
8. En los últimos doce meses, el 76% de los entrevistados reconoció “no haber tenido dinero disponible en el bolsillo”; 61% dijo “no haber tenido suficiente comida” y 58% “no haber tenido las medicinas o el tratamiento médico que necesitaba”.
9. En comparación con el nivel de vida que tenían sus padres, el 45% dice estar casi igual, y el 43% más pobre, es decir, que no ha mejorado su nivel de vida. Solo el 12% es más rico.
10. Las expectativas de las personas de un futuro mejor no parecen estar presentes, por cuanto existe mucha y bastante preocupación en el 77% de los entrevistados de “perder o no encontrar trabajo”, y en el 78% de “no poder dar a mis hijos una buena educación”.
11. Ante la sistemática violación de derechos fundamentales por parte del Estado, parece coherente encontrar que el 73% de los entrevistados respondió la libertad, al colocarlos a escoger entre la igualdad y la libertad; y la libertad y la seguridad, los porcentajes de respuesta están parejos en 50%.
12. En cuanto a la actitud de las personas ante la sociedad que vivimos, el 60% se inclinó hacia “nuestra sociedad debe mejorarse poco a poco a través de reformas”. La ciudadanía, la sociedad quiere cambios, pero cambios progresivos que, a través de transformaciones de las condiciones existentes, fe y permitan vivir en una Venezuela próspera, donde se respeten los derechos humanos y todos tengan oportunidad de vida y desarrollo.
