Otra vez el régimen coloca piedras en el camino a un proceso eleccionario en el que de antemano se sabe perdedor. Es lo que se deduce de lo dicho por el ciudadano Nicolás Maduro el 4 de febrero pasado cuando expresó dudas sobre la fecha prevista en el cronograma electoral del país. De acuerdo con ese enfoque los comicios podrían aplazarse para 1925 o 1926 de acuerdo con las circunstancias.
Los extremos de la cadena lo conforman las violaciones a la ley por el gobierno. Y la ya confesional postura de la oposición de la pasividad y mutismo para reaccionar tardíamente lo cual genera inevitables suspicacias.
En primer lugar el gobierno se arroga la facultad de decidir o cambiar lo establecido en la Constitución y cuya competencia es del Consejo Nacional Electoral. Pero lo que nuevamente queda en el tapete es el talante profundamente autoritario de Maduro incapaz de medirse democráticamente en elecciones. Con su posición de hecho ya las negado o impedido igual que ocurrió con el referéndum revocatorio. Se trata del reiterado escamoteo a un derecho por el régimen falto de base apoyo social y político.
Pero nuevamente el gobierno toma el camino de lo forzado y violación de la ley para imponer sus oscuros propósitos. La consumación de la máxima leninista de que “el poder no se comparte, se impone”. Posponer el proceso se enmarca en la estrategia de ganar tiempo tratando de mejorar la situación para que le favorezca. Pero también se corresponde con el jugar al desgaste de la oposición para colocarla en mayor desventaja.
Los gobiernos autocráticos que se saben impopulares se crean su propio parlamento a su medida y realizan elecciones como mejor les conviene con todas las ventajas a su favor o simplemente recurren al fraude. En los mismos se hace costumbre ganar elecciones en minoría, recurrir al forzamiento mediante el uso de la violencia del estado de la cual tienen el monopolio.
Ese es el punto de partida para el contraste y respuesta de las fuerzas opositoras (G-4) que deben marcar la pauta.
En segundo lugar la postura de la dirigencia de la oposición sumida en la quietud en lugar de reaccionar de forma contundente ante un hecho tan grave como éste, visto que se trata de operadores políticos. Si acaso contrasta la opinión del docente de la UCAB, Benigno Alarcón pero desde la posición del analista.
Son hechos que despiertan la natural suspicacia por resultar sospechosos por parte de quienes se han dedicado a los negocios con el régimen en lugar de enfrentarlo. Con las elecciones presidenciales ocurre algo similar a lo del revocatorio presidencial al no abordarlo desde la perspectiva del desafío a vencer en lugar de la resignación expresado en la inamovilidad de las fuerzas sociales y políticas. Si el gobierno lo saboteó, la dirigencia opositora no respondió contundentemente con una estrategia coherente y unitaria. Se impuso la camisa de fuerza.
La conducta de una dirigencia no puede estar exenta de la necesaria observación de la ciudadanía. Esto sobre todo cuando está ausente la crítica y la autocrítica de quienes representan a la mayoría democrática del país, dado que nunca presentan cuentas de sus actos. Caso de Leopoldo López cuya madre fue señalada por el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Antonio José Marval, como implicada en hechos de corrupción. La conducta de hoy de quienes aspiran sustituir al régimen es una prefiguración del futuro. En consecuencia, son necesarios los buenos ejemplos. De lo contrario, por anticipado, estamos ante más de lo mismo.
Igualmente los hechos de corrupción en la empresa petroquímica Manomeros lo cual compete a Juan Guaidó aclarar y no evadir el bulto como lo hace el régimen. Al menos que piense que el pueblo opositor lo conforman una manada de pusilánimes. Aquí bajo ninguna circunstancia caben ni se justifican los mismos vicios del gobierno.
El ejercicio de la democracia también pasa por la observación y crítica a la dirigencia política. El control de quienes tienen la alta responsabilidad de acometer los cambios en la sociedad, pero que se han dedicado a la práctica de la política como negociado con quienes ostentan el poder. La rendición de cuentas es consustancial a la participación de la ciudadanía en la actividad política aunque sea leve, pero se debe respetar. Su práctica es necesaria y sana. Así de sencillo.
Freddy Torrealba Z.
